Las 10 propuestas económicas que se quedan en el tintero por el adelanto electoral: de la reducción de jornada a la quita de deuda y el estatuto del becario

El fin de la legislatura deja en el aire medidas que afectan al día a día de trabajadores y familias, pero también otras con mayor alcance económico, como la condonación de la deuda autonómica o los Presupuestos Generales del Estado

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, conversa con los vicepresidentes, Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz. (EFE/ Javier Lizon)
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, conversa con los vicepresidentes, Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz. (EFE/ Javier Lizon)
Guardar

El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez ha puesto fin a la legislatura, lo que deja en el aire muchas de las reformas económicas y laborales que el Gobierno tenía pendientes de aprobar. Entre ellas, figuran medidas que afectan al día a día de trabajadores y familias, como la reducción de la jornada laboral, el nuevo registro horario o la prestación universal por crianza, pero también se quedan en el tintero reformas con mayor alcance económico, como la condonación de la deuda autonómica, el nuevo modelo de financiación regional o los Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuentas lleva prorrogadas desde 2023.

Reducción de la jornada laboral

Una de las reformas más ambiciosas del Gobierno era reducir la jornada máxima legal de las actuales 40 horas semanales a 37,5 horas, sin que ello implique una rebaja salarial. Pero el proyecto de ley, impulsado por el Ministerio de Trabajo, no consiguió superar su tramitación parlamentaria.

PUBLICIDAD

El Congreso rechazó su toma en consideración en septiembre de 2025, después de que PP, Vox y Junts votaran en contra. La iniciativa contemplaba que la reducción se aplicase de manera progresiva y, aunque el Gobierno mantuvo su intención de recuperarla, el adelanto electoral cierra la posibilidad de aprobarla durante esta legislatura.

Nuevo registro horario digital

El registro de jornada es obligatorio para las empresas desde 2019, pero el Gobierno pretendía endurecer sus requisitos. La reforma planteaba implantar un sistema digital que permitiera registrar con mayor precisión el inicio y el final de la jornada, las pausas y las horas extraordinarias. El objetivo era facilitar el trabajo de la Inspección de Trabajo y evitar que se produjeran abusos relacionados con las horas extra no remuneradas.

PUBLICIDAD

Un hombre de espaldas escribe en una libreta frente a una pantalla de ordenador que muestra una tabla de colores sobre un escritorio de madera.
Un empleado coteja el cuadrante de turnos en el monitor de su ordenador mientras anota las horas trabajadas en una libreta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y, aunque desde Trabajo aseguraron que el reglamento estaba preparado para su aprobación, el Gobierno ya ha confirmado que no prevé llevarlo al Consejo de Ministros antes de las elecciones del 29 de noviembre.

Estatuto del Becario

Otra de las reformas laborales que seguirán esperando es el Estatuto del Becario, una norma con la que se querían reforzar los derechos de los estudiantes que realizan prácticas en empresas y evitar que se utilicen para cubrir puestos de trabajo ordinarios. El proyecto contemplaba limitar el número de becarios en una empresa, garantizar que las prácticas estén vinculadas a una formación real y establecer una compensación de los gastos que ocasionen, como transporte o manutención.

En este caso, el Consejo de Ministros aprobó el texto en segunda vuelta en noviembre de 2025, pero su tramitación parlamentaria estuvo bloqueada durante meses por las discrepancias entre los grupos políticos. Ahora, la disolución de las cortes provoca que el proyecto decaiga.

Prestación universal por crianza de 200 euros mensuales

La ayuda universal por crianza era otra de las medidas que el Ejecutivo tenía pendientes. La propuesta defendida por Sumar planteaba conceder 200 euros al mes por cada hijo menor de edad, con independencia de los ingresos de la familia, para contribuir a los gastos asociados a la crianza. La iniciativa pretende aliviar el coste económico que supone mantener a los hijos, desde la alimentación y la ropa hasta la educación y otros gastos cotidianos. También busca reducir la pobreza infantil y apoyar a los hogares con menores.

Varias personas pasean con un carrito de bebé en el parque de El Retiro, a 29 de julio de 2023, en Madrid (España). Jesús Hellín - Europa Press
Varias personas pasean con un carrito de bebé en el parque de El Retiro, a 29 de julio de 2023, en Madrid (España). Jesús Hellín - Europa Press

Desde el PSOE han incorporado esta prestación a su programa electoral para el 29N, aunque sin concretar la cuantía. Aun así, el Ejecutivo ha confirmado que tampoco tiene previsto aprobarla antes de los comicios. Entre las razones, explican que es necesario contar con un estudio presupuestario que permita determinar su coste y financiación.

Condonación de la deuda autonómica y reforma de la financiación regional

En el ámbito de las cuentas públicas, dos de las grandes asignaturas pendientes son la condonación de parte de la deuda de las comunidades autónomas y la reforma del sistema de financiación autonómica.

Por un lado, el Gobierno planteó que el Estado asumiera 83.252 millones de euros de deuda acumulada por las comunidades autónomas de régimen común. La medida, que se enmarca en los compromisos adquiridos con ERC para la investidura de Pedro Sánchez, pretende aliviar la carga financiera de las regiones y reducir los intereses que deben pagar. Según las estimaciones del Ejecutivo, la operación permitiría un ahorro de unos 6.700 millones de euros en intereses.

El proyecto de ley había sido remitido al Congreso en diciembre de 2025 y su tramitación se reactivó a finales de septiembre de 2026, pero el adelanto electoral impedirá que llegue a aprobarse en esta legislatura.

En un "escenario de incertidumbre", el Gobierno actualiza su cuadro macroeconómico. Carlos Cuerpo detalla que la evolución de los precios obliga a un ajuste automático al alza de la inflación, elevando el deflactor del PIB del 2,1% al 3,1%.

Por otro, el nuevo modelo de financiación autonómica pretendía actualizar un sistema que lleva pendiente de renovación desde 2014. La propuesta del Ministerio de Hacienda contemplaba aportar unos 21.000 millones de euros adicionales a las comunidades, aunque recibió el rechazo de la mayoría de los gobiernos autonómicos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La iniciativa ni siquiera había llegado al Consejo de Ministros.

Reforma de la indemnización por despido

La reforma del despido es otra de las cuestiones que el Ministerio de Trabajo tenía sobre la mesa, y con la que buscaba modificar el sistema de indemnizaciones por despido improcedente para adaptarlo a las exigencias de la Carta Social Europea. En España, el despido improcedente se indemniza, con carácter general, con 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, para los contratos posteriores a la reforma laboral de 2012. Para los periodos anteriores se mantiene el cálculo transitorio de 45 días por año trabajado, con los límites legales correspondientes.

La intención de trabajo era revisar este sistema para que la compensación tuviese en cuenta las circunstancias concretas de cada trabajador y el perjuicio causado por la pérdida del empleo. Pero la reforma no llegó a convertirse en un proyecto legislativo.

Jubilación sin penalización y complementos del SMI

La posibilidad de jubilarse anticipadamente sin penalizaciones después de haber cotizado durante más de 40 años es otra de las reivindicaciones que seguirá pendiente. Una reivindicación que ha sido defendida por distintas plataformas de pensionistas y asociaciones de afectados, pero que no se ha materializado en una reforma aprobada por el Gobierno.

Trabajadores que pueden acceder a la jubilación anticipada (ShutterStock).
Trabajadores que pueden acceder a la jubilación anticipada (ShutterStock).

Además, otra de las cuestiones laborales pendientes era la modificación de las reglas de compensación y absorción para evitar que las mejoras del salario mínimo interprofesional se tradujeran en una subida menor de lo esperado para algunos trabajadores. La propuesta buscaba proteger el efecto real de las subidas del SMI y garantizar que los trabajadores no perdiesen parte de su remuneración. No obstante, el cambio no ha culminado su recorrido normativo antes de la convocatoria electoral.

Presupuestos prorrogados desde 2023

Por último, el adelanto electoral también deja en el aire la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado. Las cuentas públicas son la principal herramienta económica del Gobierno, que determinan cómo se distribuyen los recursos públicos, qué inversiones se realizan y cuánto dinero se destina a partidas como sanidad, educación, pensiones, dependencia o vivienda.

España afrontará 2027 con los Presupuestos de 2023 prorrogados por cuarto año consecutivo. El Ejecutivo había anunciado su intención de presentar nuevas cuentas, pero la falta de apoyos parlamentarios y la convocatoria electoral han impedido que la legislatura termine con un presupuesto propio.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD