
Dos empleados de una misma empresa, con 15 y 20 años de antigüedad, han conseguido una indemnización conjunta de 80.000 euros -45.000 euros uno de ellos y 35.000 el otro- tras denunciar jornadas laborales de entre 12 y 14 horas diarias, que incluían sábados, domingos y festivos, en una empresa que no respetaba los descansos legales. El acuerdo se ha cerrado en un acto de conciliación previo al juicio, según ha contado la abogada laboralista Virginia López, que representó a ambos empleados en el procedimiento, en una publicación en su cuenta de LinkedIn. “Estaban sometidos a unas condiciones laborales deplorables, eran absolutamente inaceptables”, comenta la letrada en un vídeo.
Los registros aportados como prueba, “unas pruebas aplastantes”, mostraban jornadas de entre 12 y 14 horas diarias, que se acumulaban también los fines de semana y días festivos. Los empleados llegaban a sumar cerca de 3.000 horas trabajadas al año, muy por encima del máximo legal de 1.826 horas anuales que establece el Estatuto de los Trabajadores para la jornada ordinaria.
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López destaca episodios en los que los empleados finalizaban su turno y debían reincorporarse apenas unas horas después. “En ocasiones salían a trabajar a las cuatro de la madrugada y tenían que reincorporarse a las siete de la mañana”, explica la letrada.
Para justificar aquellos horarios, la compañía alegó la existencia de un supuesto “pacto entre caballeros” —“que ya el nombrecito se las trae, no puede ser más casposo”— mediante el cual los trabajadores habrían aceptado, de manera informal, duplicar su jornada anual. López comenta que un acuerdo de este tipo carece de validez legal, ya que ningún pacto privado puede situarse por encima de la normativa laboral vigente. “Un acuerdo privado no convierte en legal aquello que la ley prohíbe”, aclara la abogada.
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Según López, la empresa ni siquiera había entregado una copia de ese supuesto “pacto de caballeros” a los empleados y solo ella la conservaba. Para acreditar su existencia ante el tribunal, el equipo jurídico contó con una fotografía de una hoja que uno de los trabajadores había logrado sacar.
Qué establece el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores
Ante esta situación, los empleados presentaron una demanda de extinción indemnizada del contrato al amparo del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores. Esta norma permite a un trabajador solicitar judicialmente la finalización de su relación laboral cuando el empresario incurre en incumplimientos graves, como modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo que afecten su dignidad, impagos o retrasos continuados en el salario, o cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones.
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Cuando el juez estima la demanda, el trabajador tiene derecho a las mismas indemnizaciones que corresponden a un despido improcedente, actualmente fijadas en 33 días de salario por año trabajado, con un límite de 24 mensualidades. El Tribunal Supremo ha consolidado una doctrina que valora de forma objetiva la gravedad y persistencia del incumplimiento empresarial, más allá de la intención o culpabilidad del empleador.
La compañía no aceptó cerrar el conflicto en el primer acto de conciliación, celebrado en mayo de 2026. El procedimiento continuó hasta este nuevo acto de conciliación en sede judicial, previo a la celebración del juicio, que permitió alcanzar el acuerdo sin necesidad de llegar a la vista oral.
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López señala que, según su experiencia, cerca del 95% de los casos que gestiona su equipo se resuelven en esta instancia, sin necesidad de juicio. “Un procedimiento judicial no es un casino, no se trata de apostar a todo o nada”, sostiene la letrada. La abogada advierte también sobre el riesgo que asume el trabajador al iniciar este tipo de demandas: si el juzgado no estima la reclamación, el empleado puede quedarse sin indemnización y verse obligado a continuar en la empresa de la que buscaba salir. Por ese motivo, la ley exige que el trabajador mantenga vigente la relación laboral hasta que el juzgado resuelva sobre la extinción del contrato.
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