El sistema de pensiones español aprueba con nota en lo que paga pero suspende en sostenibilidad futura, gran debate de las elecciones

España ocupa el puesto 30 entre 55 sistemas analizados en el Índice Global de Pensiones Marsh CFA Institute 2026, presentado este martes, con una calificación de 63,3 puntos sobre 100 y una nota general de C+. El dato más llamativo del informe es la brecha interna del sistema: mientras España se sitúa séptima en adecuación de las prestaciones, con una nota A, se desploma hasta el puesto 50 en sostenibilidad, con una calificación E. La publicación coincide con la irrupción de las pensiones como uno de los ejes centrales de la precampaña del adelanto electoral convocado para el 29 de noviembre.

El informe de Marsh y el CFA Institute, que en su decimoctava edición analiza 55 sistemas de ingresos para la jubilación, mide tres dimensiones con distinto peso: adecuación (40%), sostenibilidad (35%) e integridad (25%). España obtiene 83 puntos en adecuación, 33 en sostenibilidad y 74,3 en integridad, lo que le vale el puesto 38 en esta última categoría.

La puntuación global retrocedió medio punto respecto a los 63,8 de 2025. El estudio atribuye ese descenso al aumento del gasto en pensiones como proporción del producto interior bruto (PIB) y a la desaceleración del crecimiento económico real medio de los últimos siete años. El sistema ofrece una sólida protección mínima a las personas mayores con menos recursos y mantiene tasas de sustitución netas elevadas (el porcentaje que cubre la pensión pública en comparación con el último salario), según destaca el documento, que también valora positivamente la regulación y la información que reciben los afiliados.

Entre las debilidades, el informe señala la baja cobertura de los planes de pensiones individuales y de empleo de carácter voluntario. Para corregirlo, propone ampliar esa cobertura mediante mecanismos de afiliación automática, prolongar la participación laboral a edades avanzadas y exigir que una parte de las prestaciones se perciba como renta periódica en lugar de capital.

Las pensiones, protagonistas inesperadas de la precampaña

El informe se conoce apenas semanas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. Desde entonces, el debate sobre la viabilidad del sistema público ha ganado protagonismo frente a otros temas de campaña, como la vivienda.

La portavoz parlamentaria del Partido Popular (PP), Ester Muñoz, advirtió en un pódcast grabado antes del anuncio electoral que el sistema “va a colapsar” y que había que “ser valientes” para cambiar el modelo. Tras la convocatoria de elecciones, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, moderó ese discurso y aseguró que “el sistema público de pensiones es un sistema que no voy a cuestionar en ningún caso”, comprometiéndose a mantener la actualización conforme al índice de precios al consumo (IPC).

Un movimiento similar se produjo en Vox, cuyo portavoz económico, José María Figaredo, calificó el modelo actual de “zombi” y planteó una reforma estructural hacia un sistema mixto que combine reparto y capitalización individual. Su líder, Santiago Abascal, salió después a desmentir cualquier intención de privatización: “Jamás Vox ha hablado de privatizar las pensiones”, afirmó en declaraciones recogidas por ABC.

Frente a estas posiciones, el PSOE y Sumar defienden la continuidad del sistema público de reparto y las reformas aprobadas desde 2021, que restablecieron la revalorización con el IPC e introdujeron el mecanismo de equidad intergeneracional y la cuota de solidaridad para salarios altos como vías de financiación adicional.

La cita en la calle y el consenso técnico pendiente

El cruce político coincide con la convocatoria de una manifestación estatal el próximo 24 de octubre en Madrid, impulsada por organizaciones de pensionistas que reclaman una subida del 6% para 2027 y rechazan cualquier paso hacia la privatización del sistema.

Más allá de la disputa electoral, existe cierto consenso técnico sobre la necesidad de ajustes en el sistema de pensiones español. Según datos de Fedea, el desequilibrio del sistema rondó los 70.000 millones de euros en 2025, y las proyecciones oficiales anticipan que el gasto en pensiones podría llegar al 17% del PIB hacia 2050, frente al 12% actual. El próximo Gobierno que surja de las urnas del 29 de noviembre afrontará ese desafío sin que, hasta ahora, ninguna de las principales formaciones haya detallado con precisión en qué consistirían sus reformas.