Quién elige a los jueces, hasta dónde llega el poder del Gobierno y cómo castigar a los corruptos: las propuestas electorales de los partidos para reformar la Justicia

La campaña electoral del 29-N coincide con un momento de intensa actividad judicial en causas que afectan tanto al Gobierno como a los principales partidos. Las investigaciones del ‘caso Koldo’, Leire Díez o Plus Ultra, junto con el juicio de la operación Kitchen, cuya sentencia está pendiente, forman parte de una sucesión de procedimientos que han alimentado las acusaciones cruzadas entre PSOE y PP y que han convertido las decisiones de los tribunales en materia habitual de discusión política. A esa tensión se añade la cuestión de cómo debe elegirse a los vocales del Consejo General del Poder Judicial y qué garantías deben proteger la independencia de los órganos judiciales.

No es extraño, por tanto, que la reforma de la Justicia ocupe un espacio relevante en los programas con los que las formaciones concurren a las urnas. PSOE, PP y Vox recogen en sus documentos propuestas sobre el funcionamiento de los tribunales, el nombramiento del fiscal general del Estado y los mecanismos para prevenir y perseguir la corrupción. Frente Amplio, por su parte, todavía no ha presentado su programa electoral.

El sistema de elección del CGPJ divide a los partidos

La elección de los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial procedentes de la carrera judicial es una de las principales diferencias entre los programas. El PP y Vox coinciden en que deben ser los propios jueces y magistrados quienes los elijan, aunque sus propuestas no tienen el mismo nivel de desarrollo. El PSOE, en cambio, no plantea modificar el sistema actual.

El programa de Alberto Núñez Feijóo propone que los doce vocales judiciales sean elegidos por jueces y magistrados de todas las categorías. Los ocho juristas que completan el Consejo seguirían siendo designados por las Cortes, aunque el PP quiere mantener una evaluación pública de sus méritos. La formación también plantea extender a todos los vocales la incompatibilidad de haber ocupado cargos políticos durante los cinco años anteriores a su elección y modificar las reglas de renovación para evitar que un bloqueo parlamentario paralice el órgano.

Vox defiende igualmente una elección directa, personal y secreta de los doce vocales judiciales por parte de los miembros de la carrera. Su programa presenta la medida como una forma de acabar con las cuotas partidistas y extender la despolitización al conjunto de las instituciones judiciales. No concreta, sin embargo, una reforma equivalente para la designación de los ocho juristas.

Los socialistas no incluyen un cambio en el modelo de elección del CGPJ. Su programa reivindica la renovación del órgano en 2024, después de más de cinco años de bloqueo, y centra sus propuestas en ampliar las plantillas judiciales y fiscales, modificar el acceso a ambas carreras y reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal.

Un mandato de cinco años para el fiscal general

La Fiscalía es uno de los puntos en los que PP y PSOE presentan propuestas coincidentes, aunque con diferencias sobre las garantías que deben acompañar al nombramiento y al funcionamiento de la institución. Ambos defienden que el fiscal general del Estado tenga un mandato de cinco años, desvinculado de la duración de la legislatura.

El PSOE añade la prohibición de que el Gobierno pueda impartir instrucciones sobre casos concretos y propone aprobar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que sustituya a la vigente, de 1882. La reforma atribuiría a la Fiscalía la investigación de los delitos, siempre bajo supervisión judicial. El objetivo es cambiar el modelo actual, en el que la instrucción corresponde a los jueces.

El PP también plantea un mandato único de cinco años y que el fiscal general no cese automáticamente cuando cambie el Ejecutivo que lo nombró. Su propuesta va más allá en las condiciones de designación: el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la idoneidad del candidato sería preceptivo y vinculante, y su procesamiento supondría el cese inmediato. Además, quiere reforzar el Consejo Fiscal para que pueda revisar órdenes controvertidas y proteger la autonomía profesional de los fiscales. La institución tendría mayor capacidad para gestionar su presupuesto y su organización interna.

Vox, por su parte, reclama que el fiscal general reúna garantías de idoneidad, imparcialidad, competencia e independencia, pero no desarrolla un modelo de mandato ni un procedimiento de nombramiento con el mismo detalle que los otros dos partidos.

El Tribunal Constitucional también aparece en las propuestas del PP y Vox. Los populares quieren impedir que accedan a él candidatos que hayan ocupado cargos políticos durante los cinco años anteriores y ampliar las causas de abstención y recusación. También proponen que los recursos de inconstitucionalidad contra leyes que afecten a derechos fundamentales se resuelvan en un máximo de 90 días y limitar el recurso de amparo para evitar que el Constitucional funcione como una instancia más por encima del Tribunal Supremo. Vox reclama apartar a los políticos de la institución y evitar que actúe como un tribunal extraordinario por encima del Alto Tribunal.

Más jueces y cambios en los procedimientos

El refuerzo de los medios materiales y humanos de la Administración de Justicia es una de las cuestiones que abordan los programas del PSOE, el PP y Vox, aunque con distinto grado de concreción. Los socialistas y los populares detallan medidas sobre plantillas, especialización y funcionamiento de los órganos judiciales, mientras que Vox plantea una reforma integral del sistema y un aumento de la inversión.

Los socialistas proponen ampliar las plantillas de jueces y fiscales y regularizar la situación de los sustitutos con respeto a los principios de mérito y capacidad. También quieren modificar el acceso a ambas carreras mediante pruebas anonimizadas y casos prácticos, además de mantener las Becas Seré para facilitar la preparación de las oposiciones.

Entre sus medidas figura que los procedimientos por despido y desahucio se resuelvan en un máximo de tres meses y que el desalojo de viviendas ocupadas pueda ejecutarse en 48 horas. El programa incluye una nueva ley de justicia gratuita, el refuerzo de las oficinas de atención a las víctimas y la extensión del modelo Barnahus para evitar que los menores que hayan sufrido violencia tengan que relatar los hechos en varias ocasiones.

El PP plantea crear las plazas de jueces, fiscales, letrados y funcionarios que sean necesarias, publicar los tiempos de respuesta de los órganos judiciales y reforzar aquellos que acumulen más carga de trabajo. También propone corregir los problemas derivados de la implantación de los Tribunales de Instancia y ampliar la especialización en ámbitos como la ciberdelincuencia, los delitos fiscales y medioambientales, el narcotráfico y el blanqueo de capitales.

Vox no fija un número concreto de nuevas plazas ni plazos para cubrirlas. Su programa plantea una reforma general del sistema judicial, con más inversión en las sedes y en los profesionales, para conseguir una Administración más rápida y eficiente.

Las medidas contra la corrupción

La lucha contra la corrupción ocupa un espacio propio en los programas, con propuestas que van desde la creación de nuevos organismos de control hasta el endurecimiento de las penas y las restricciones a la contratación pública.

El PSOE propone aprobar una Ley Orgánica de Integridad Pública y una Estrategia Nacional Anticorrupción, además de crear una Agencia Independiente de Integridad Pública que coordine los organismos de supervisión y refuerce la protección de quienes denuncien irregularidades. También plantea una ley de grupos de interés que obligue a registrar los contactos de los lobbies con los cargos públicos y hacer públicas sus reuniones. El programa incluye, además, más controles sobre la contratación, las subvenciones y la financiación política mediante el análisis de datos y la trazabilidad del gasto.

El PP, por su parte, quiere recuperar las penas por malversación y reforzar la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos para localizar y administrar los bienes procedentes de actividades delictivas. Su programa contempla incorporar al ordenamiento español el marco penal europeo contra la corrupción y crear un sistema digital de seguimiento de los contratos, las subvenciones y las grandes transferencias de fondos públicos, que permita identificar a los beneficiarios reales de las empresas adjudicatarias. También plantea reforzar los controles sobre los conflictos de intereses, mejorar la protección de los informantes y facilitar el intercambio de información entre los organismos encargados de detectar irregularidades.

La formación propone asimismo ampliar las competencias del Tribunal de Cuentas para que pueda acceder en tiempo real a los datos sobre contratación, subvenciones y financiación política. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se transformaría en una autoridad independiente, que asumiría también las funciones de la Oficina de Conflictos de Intereses y tendría capacidad para hacer cumplir sus resoluciones e imponer sanciones.

Vox apuesta por endurecer la respuesta penal frente a la corrupción. Propone agravar el delito de malversación, recuperar el delito de sedición y prohibir los indultos para quienes hayan sido condenados por corrupción política, delitos contra la forma del Estado o contra la integridad territorial. También reclama más recursos para los juzgados y las unidades policiales especializadas en la investigación de estos delitos.