De la rebelión al terrorismo: los otros delitos que podrían afrontar los miembros de Núcleo Nacional por su supuesto plan de “alzamiento armado”

Las conversaciones intervenidas a los integrantes de Núcleo Nacional en las que hablaban de preparar un “alzamiento armado”, los presuntos viajes de algunos de sus miembros a Ucrania para recibir supuesta formación militar y las armas y el material táctico encontrados durante los registros policiales han situado la investigación sobre la organización neonazi ante un escenario de posibles responsabilidades penales que va más allá de los delitos que se le atribuyen inicialmente.

La causa, que instruye un juzgado de Gijón, busca esclarecer si la actividad de la organización constituye una asociación ilícita y si sus integrantes incurrieron en delitos de odio y tenencia ilícita de armas, pero los indicios recogidos en el sumario también permiten examinar el posible encaje de otras figuras, como la rebelión o el terrorismo.

Por el momento, los investigados no están acusados de estos dos últimos delitos. La jueza acordó su puesta en libertad provisional con medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer semanalmente, mientras continúa la instrucción. La calificación jurídica no es definitiva y dependerá de lo que se consiga acreditar durante la investigación.

Asociación ilícita: el delito que ya se investiga

La primera de las figuras penales que aparecen en la investigación es la asociación ilícita. El artículo 515 del Código Penal contempla como asociaciones punibles aquellas que tengan por objeto cometer delitos, empleen medios violentos para conseguir sus fines, tengan carácter paramilitar o fomenten o inciten al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia por motivos ideológicos, entre otros.

Este último punto conecta con la descripción que la jueza hace de Núcleo Nacional. La magistrada describe a la organización como una estructura paramilitar y jerarquizada, con una distribución interna de funciones y una actividad orientada, según sus resoluciones, a la promoción del odio y la violencia ideológica. La investigación trata de determinar si su estructura y funcionamiento reúnen los requisitos para considerarla una asociación ilícita. El artículo 517 contempla penas de dos a cuatro años de prisión para los fundadores, directores y presidentes. Para quienes participen activamente en estas asociaciones, prevé entre uno y tres años de cárcel.

A esta figura se suma el posible delito de incitación al odio, que se investiga de manera diferenciada. La Policía atribuye a la organización actuaciones de hostilidad y violencia contra determinados colectivos, además de la captación y el adoctrinamiento de jóvenes. El artículo 510 castiga estas conductas, cuando reúnen los requisitos del tipo penal, con entre uno y cuatro años de prisión.

Rebelión: un levantamiento violento contra el orden constitucional

Aunque la rebelión no figura entre los delitos que se atribuyen actualmente a los integrantes de Núcleo Nacional, las conversaciones intervenidas sobre un supuesto “alzamiento armado” permiten plantear si los hechos investigados podrían llegar a tener encaje en esta figura penal. El artículo 472 del Código Penal castiga a quienes se alcen violenta y públicamente para conseguir alguno de los objetivos que recoge la norma, entre ellos derogar o modificar la Constitución, impedir la celebración de elecciones o sustituir al Gobierno de la Nación.

No basta, por tanto, con expresar el deseo de derribar el sistema político o hablar de un levantamiento: la rebelión exige un alzamiento violento y público dirigido a alguno de esos fines. El artículo 473 establece penas de quince a veinticinco años de prisión para los promotores y principales jefes, de diez a quince años para quienes ejerzan un mando subalterno y de cinco a diez años para los participantes. Si se han esgrimido armas o concurren otras circunstancias agravantes, las condenas pueden alcanzar los treinta años para los principales responsables.

El Código Penal contempla también la provocación, la conspiración y la proposición para cometer rebelión. El artículo 477 castiga estas conductas con una pena inferior en uno o dos grados a la prevista para el delito. Para apreciar conspiración, el artículo 17 exige que dos o más personas se concierten para cometerlo y resuelvan ejecutarlo: no basta con compartir conversaciones sobre un hipotético alzamiento.

Terrorismo: la finalidad que exige el Código Penal

El terrorismo tampoco figura entre los delitos que se atribuyen actualmente a los integrantes de Núcleo Nacional. Sin embargo, los indicios sobre la estructura de la organización, las conversaciones intervenidas y el supuesto adiestramiento militar en el extranjero permiten examinar si los hechos podrían tener encaje en esta figura penal. El Código Penal establece en sus artículos 571 y siguientes los requisitos para considerar que una agrupación constituye una organización o grupo terrorista. No basta con que tenga una ideología extremista, una estructura paramilitar o contactos con organizaciones extranjeras: su finalidad debe ser cometer alguno de los delitos de terrorismo previstos en la legislación.

El artículo 573 considera terroristas determinados delitos graves cuando se cometen con alguna de las finalidades que recoge la norma, entre ellas subvertir el orden constitucional, desestabilizar gravemente las instituciones o alterar de forma grave la paz pública. Si se acreditase que los integrantes de Núcleo Nacional pretendían cometer esos delitos para conseguir alguno de esos objetivos, podría plantearse la aplicación de la legislación antiterrorista. El artículo 572 contempla penas de ocho a quince años de prisión para quienes promuevan, constituyan, organicen o dirijan una organización terrorista, y de seis a doce años para quienes participen activamente en ella o formen parte de la misma.

La ley contempla, además, el supuesto adiestramiento militar. El artículo 575 castiga con entre dos y cinco años de prisión a quienes reciban adoctrinamiento o formación militar o de combate con la finalidad de capacitarse para cometer delitos de terrorismo. Las prácticas de tiro o los conocimientos militares adquiridos en el extranjero no bastan por sí solos: debe acreditarse esa finalidad terrorista.

En este sentido, uno de los aspectos que habría que esclarecer es si los conocimientos que, según la Policía, algunos miembros de Núcleo Nacional buscaban adquirir en Ucrania estaban relacionados con la preparación de posibles acciones terroristas.

Las armas intervenidas

La Policía intervino más de veinte armas de fuego, además de armas blancas, munición, defensas extensibles, puños americanos y pistolas táser. Sin embargo, según la información recopilada en la causa, buena parte de las armas de fuego contaban con licencia y guía, mientras que el posible delito se relacionaría con otros instrumentos considerados prohibidos, entre ellos los puños americanos y las pistolas táser.

El Reglamento de Armas incluye los puños americanos entre las armas prohibidas y prohíbe la tenencia de defensas eléctricas, salvo para funcionarios especialmente habilitados. El artículo 563 del Código Penal castiga la tenencia de armas prohibidas con entre uno y tres años de prisión. No obstante, el Tribunal Constitucional establece que la clasificación administrativa de un objeto no basta por sí sola para apreciar un delito: también deben valorarse su potencialidad lesiva y las circunstancias de la posesión.

La propia organización rechazó las acusaciones y sostuvo que las armas intervenidas contaban con las licencias correspondientes. También negó que estuviese preparando un golpe de Estado y calificó la operación policial de persecución política.