
La vivienda es el principal problema de los españoles y se ha convertido en un tema decisivo de la campaña electoral de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Para millones de ciudadanos, el problema va mucho más allá del debate político: encontrar un alquiler que puedan pagar, reunir el dinero necesario para comprar una casa o acceder a una vivienda pública son obstáculos que condicionan sus proyectos personales y familiares.
Ante este escenario, las formaciones políticas han situado la vivienda entre sus principales propuestas electorales, aunque plantean soluciones diferentes. El comparador iAhorro ha analizado las medidas anunciadas por los partidos españoles y las ha comparado con políticas aplicadas en distintos países europeos. El objetivo es identificar qué experiencias pueden aportar referencias útiles.
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El punto de partida es un mercado en el que las medidas aprobadas en los últimos años no han eliminado las dificultades de acceso a una casa. La Ley de Vivienda de 2023 introdujo instrumentos como la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y un sistema estatal de índices de precios de referencia para consultar los rangos orientativos de los alquileres según las características y la ubicación de cada inmueble. Sin embargo, su aplicación depende de que las comunidades autónomas soliciten la declaración de esas zonas, lo que ha provocado que su alcance sea desigual en el territorio.
Los últimos indicadores reflejan que la presión continúa. Los precios de los alquileres aumentaron entre un 5% y un 6% interanual en octubre. En este contexto, el Gobierno aprobó el pasado 6 de octubre dos reales decretos-ley con nuevas medidas relacionadas con los contratos de alquiler.
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Uno de ellos contempla prórrogas extraordinarias de hasta dos años para determinados contratos que venzan hasta el 31 de diciembre de 2028. También establece límites a determinadas actualizaciones de renta hasta el 31 de diciembre de 2027. La segunda iniciativa planteaba la renovación automática de los contratos. La Diputación Permanente del Congreso convalidó el 12 de noviembre el primer decreto y derogó el segundo.
El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.
De las ayudas a la compra a los límites del alquiler
En este contexto, las propuestas electorales de los partidos políticos plantean distintas formas de abordar el problema de acceso a la vivienda. En líneas generales, las iniciativas se agrupan en tres grandes objetivos: aumentar la oferta de viviendas y facilitar la compra, intervenir sobre los precios del alquiler y reforzar el parque público. También aparecen propuestas dirigidas a mejorar la estabilidad de los inquilinos, limitar determinadas operaciones inmobiliarias y modificar los requisitos para acceder a una vivienda protegida.
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Sin embargo, la comparación con otros países permite observar que las medidas no siempre producen los efectos esperados y que su resultado depende de factores como el diseño de las ayudas, las condiciones del mercado y el marco jurídico.
Las experiencias de Portugal, Irlanda, Austria, Alemania, Países Bajos, Francia, Hungría y Dinamarca ofrecen ejemplos de políticas que guardan similitudes con algunas de las iniciativas planteadas en España.
Portugal: ayudas fiscales y avales para que los jóvenes compren casa
Uno de los modelos que puede servir de referencia para las propuestas del PP y Vox es el portugués. El Gobierno de Portugal ha puesto en marcha un sistema de apoyo a los menores de 35 años que quieren adquirir su primera vivienda, basado en exenciones fiscales y una garantía pública que puede cubrir hasta el 15% de la operación.
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La fórmula pretende resolver uno de los principales obstáculos de los compradores jóvenes: disponer de ingresos suficientes para afrontar una hipoteca, pero no contar con el ahorro necesario para pagar la entrada. Mientras los avales públicos facilitan el acceso a la financiación, las exenciones fiscales reducen los gastos asociados a la adquisición.
El programa portugués de simplificación urbanística Simplex también presenta similitudes con la propuesta del PP de agilizar la concesión de licencias mediante el silencio positivo.
Un reportaje de Infobae analiza las opciones de alquiler y compra residencial para jóvenes en Madrid a partir de un salario medio.
Irlanda y Austria: estabilidad para los inquilinos y vivienda pública
En el mercado del alquiler, Irlanda ofrece un ejemplo relacionado con las iniciativas del PSOE, el Frente Amplio y EH Bildu. Allí, las subidas anuales de las rentas no pueden superar el menor valor entre el 2% y el índice de precios de consumo. La vivienda de nueva construcción cuenta con un régimen diferente y determinados contratos tienen una duración de seis años.
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Austria, por su parte, combina restricciones a las actualizaciones de las rentas con un amplio sistema de vivienda pública. El Gobierno austríaco limitó las subidas al 1% en 2026 y al 2% en 2027, también en el mercado libre. Esta regulación comparte algunos elementos con la propuesta socialista de limitar determinadas actualizaciones.
Alemania y Países Bajos: regular los precios y limitar las compras
La experiencia alemana ofrece dos referencias distintas. Por un lado, su regulación del alquiler presenta similitudes con la propuesta de Podemos de reducir las rentas, aunque el sistema alemán tiene un alcance más limitado. En las zonas declaradas tensionadas, el precio inicial de un contrato no puede superar en más de un 10% el alquiler de referencia local.
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Alemania también aprobó en 2025 el programa Bau-Turbo, que permite introducir excepciones a las normas de planeamiento cuando existe un acuerdo municipal. Esta iniciativa puede servir de referencia para la propuesta del PP de agilizar la concesión de licencias y acelerar la construcción residencial.
Países Bajos presenta otro modelo basado en la regulación de las rentas y los contratos, además de restricciones a determinadas operaciones inmobiliarias. El país también limitó los contratos temporales y permite restringir durante cuatro años el alquiler de inmuebles recién comprados en determinados barrios.
Estas medidas guardan relación con las propuestas del Frente Amplio y EH Bildu para reforzar la estabilidad contractual y con las iniciativas del Frente Amplio y el PSOE dirigidas a limitar las compras de fondos de inversión.
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Francia: garantías públicas frente a los impagos y límites al alquiler turístico
En el caso francés, las referencias se encuentran en las garantías al alquiler y en las restricciones al uso turístico de las viviendas. El sistema público y gratuito Visale ofrece una garantía frente a posibles impagos, una fórmula que presenta similitudes con el Fondo Estatal de Garantía del Alquiler planteado por el PP.
A través de este mecanismo, los propietarios pueden contar con una cobertura pública ante determinados incumplimientos de los inquilinos. La iniciativa busca reducir el riesgo percibido por los arrendadores y facilitar que más viviendas se incorporen al mercado del alquiler.
Hungría y Dinamarca: hipotecas subvencionadas y restricciones a la compra
Las ayudas financieras también forman parte de las políticas aplicadas en Europa. Hungría ofrece un ejemplo de préstamos hipotecarios subvencionados que puede compararse con los préstamos TU CASA propuestos por el PSOE.
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Dinamarca, por su parte, aplica restricciones parciales tanto a los alquileres como a determinadas compras inmobiliarias. Estas medidas presentan algunas similitudes con las propuestas del Frente Amplio y el PSOE para limitar las compras de fondos de inversión y con la iniciativa de Coalición Canaria de exigir diez años de residencia antes de poder comprar una vivienda.
Más allá de las políticas nacionales, la Comisión Europea también ha comenzado a plantear medidas para responder a las dificultades de acceso a la vivienda. En septiembre de 2026 presentó una propuesta de Ley de Vivienda Asequible que pretende establecer un método común para identificar las zonas sometidas a una mayor presión habitacional.
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