Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ante la huelga: “Ya no bastan los parches. Hay que poner la vida por encima del lucro y cambiar radicalmente el modelo”

Valeria Racu (Chisináu, Moldavia, 1995) es una de las voces más reconocibles del Sindicato de Inquilinas, la organización que lleva casi una década luchando por el derecho a una vivienda digna y que ha tenido un papel central en la oleada de indignación que desató el desahucio de Maricarmen Abascal en toda España. El colectivo resume su diagnóstico con una consigna: “Los rentistas son culpables y los gobiernos responsables”, tanto el el central como los autonómicos y locales, y reclama medidas como una bajada en el precio de los alquileres, contratos indefinidos que ayuden a dar estabilidad y destinar viviendas de bancos y fondos de inversión al parque público.

En entrevista con Infobae, Racu advierte que, si las instituciones no adoptan medidas a corto plazo ante una crisis de vivienda que cada vez asfixia a más personas, “la conflictividad irá en aumento”, y llama a secundar la huelga general de este miércoles 11 de noviembre, una protesta que busca “poner la vida por encima del lucro”.

Pregunta: ¿Cuál es la principal dificultad que enfrentan actualmente las personas que intentan alquilar o comprar una casa en España?

Respuesta: La principal dificultad es que la vivienda se entiende como un negocio y no como una necesidad básica. No podemos tener una casa para vivir porque hemos normalizado que las casas son para especular, y eso hace que no puedas pagar el alquiler, que no te puedes emancipar o no te puedes separar si estás en una relación de abuso o violencia de género. Al final, lo que estamos viendo es que no hay un proyecto de vida y, por tanto, no hay un futuro de país y de sociedad.

El impacto de destinar la mayor parte de nuestros ingresos a algo tan básico como la vivienda es que se empobrece a la mayoría social para beneficiar el lucro de esos pocos que cada vez controlan más sectores. Con la huelga del 11 de noviembre lo dejamos muy claro: esto ya no va de pequeños parches, va de poner la vida por encima del lucro. Necesitamos cambiar radicalmente el modelo, que no se permita ni la acumulación ni la rentabilidad de esta manera.

P: ¿Cree que el Gobierno central es el principal responsable de solucionar esta crisis o considera que hay más responsables a nivel administrativo?

R: Nosotras siempre decimos: rentistas culpables, gobiernos responsables. Rentistas culpables porque entran en este juego, pero los gobiernos son responsables de establecer las reglas, o bien crearlas en un primer momento o de cambiarlas. Aquí lo curioso es que la responsabilidad está dividida a todos los niveles. Hay grandes responsabilidades en el Gobierno central y hay grandes responsabilidades en los gobiernos autonómicos y locales. Madrid, con las políticas del PP, con [Isabel Díaz] Ayuso y [José Luis Martínez] Almeida, es el ejemplo máximo de este modelo donde se pone la rentabilidad del negocio inmobiliario por encima de cualquier otra cosa. Es el territorio con más pisos turísticos, donde ni siquiera se aplica una ley de vivienda mínima. Es el territorio donde se permite que el rentismo campe a sus anchas y vengan los fondos de inversión, pero el Gobierno central tiene mucha responsabilidad en esto.

Hemos visto una legislatura de ocho años que no ha hecho lo suficiente, que no se ha atrevido a cambiar radicalmente el modelo, a pesar de que decían que esta era la legislatura de la vivienda. Se aprobó una ley de vivienda insuficiente, que desde el primer momento dijimos que no iba a resolver el problema por ese agujero que existía de los contratos de habitaciones y los de temporada, y hemos visto cómo se ha dirigido ahí toda la especulación. También hemos visto cómo en las viviendas públicas de la Sareb y de la Tesorería General de la Seguridad Social se sigue desahuciando y sigue permitiendo la especulación. Entonces, aquí todos son responsables de arrodillarse ante el rentismo, como vimos el pasado 2 de octubre en la votación del Congreso.

P: Miles de viviendas en España están en manos de fondos de inversión y grandes tenedores, pero la mayor parte de los pisos en alquiler pertenecen a pequeños propietarios. ¿Qué papel están jugando estos últimos?

R: Cuando hablamos de pequeños propietarios hay que distinguir entre aquellos que tienen su vivienda en propiedad, y los rentistas, que los hay de diferentes tamaños y eso también implica diferentes prácticas. Nosotras donde ponemos el foco es en la práctica rentista: esto ya no tiene que ir de cuántas propiedades tienes, sino de qué manera estás sacándole esa máxima rentabilidad a eso que se entiende como un activo. No podemos permitir que se saque beneficio ni que se especule con un bien de primera necesidad.

Esto se entiende muy bien con un símil laboral. Todas entendemos que el Salario Mínimo Interprofesional aplica a todas las empresas, no solo a las grandes, porque hay que marcar una base desde la que partir. Pues esto sería lo mismo: si tenemos que marcar unos máximos o unas reglas mínimas, tiene que aplicar a todo el mundo.

P: ¿Qué medidas propone el Sindicato de Inquilinas para que la situación mejore?

R: Para nosotras es muy importante que las casas sean para vivir y no para especular y, por lo tanto, hay que movilizar toda esa oferta que está secuestrada en esos modelos que dan más rentabilidad. También necesitamos un gran parque público de vivienda en alquiler, pero que no sea el negocio de unos pocos. Proponemos incorporar viviendas mediante la expropiación de inmuebles en manos de fondos de inversión y bancos, y financiarlo con impuestos a la riqueza y a la acumulación de vivienda. Si fuera necesario construir más, debería hacerse a través de empresas públicas, cooperativas o entidades sociales para que nadie se forre con la necesidad de otros.

También planteamos bajar los alquileres y vincularlos a los ingresos reales de la población. Otra media clave son los contratos indefinidos, porque la estabilidad residencial empieza por evitar la temporalidad. El alquiler debe permitir desarrollar un proyecto de vida sin el riesgo permanente de ser expulsado de la vivienda. De nuevo volvemos al símil laboral: en el trabajo necesitamos estabilidad y contratos indefinidos, pero en vivienda también.

P: En países como Alemania y Reino Unido existen contratos de alquiler indefinidos o de larga duración. ¿Por qué esta fórmula genera tantas reticencias en España?

R: No son una propuesta excepcional, pero aquí generan reticencias porque cuestionan una idea muy arraigada: que cada propietario puede disponer de su vivienda sin límites. No se trata de negar la propiedad privada, sino de regular su uso cuando afecta al derecho colectivo a la vivienda y al bienestar general. Los contratos indefinidos buscan garantizar seguridad residencial, que las familias no tengan que mudarse de forma recurrente, que los niños puedan mantener su colegio y que las personas conserven sus redes de apoyo y sus negocios de barrio.

P: ¿Qué variables deberían considerarse a la hora de determinar precios máximos en el alquiler?

R: La referencia principal deben ser los ingresos reales, no la rentabilidad esperada. También hay que evitar una regulación excesivamente segmentada por zonas, porque puede agravar la segregación social, y deben contemplarse las diferencias entre una gran ciudad y un municipio pequeño. El modelo cooperativo demuestra que es posible mantener precios estables si se eliminan la especulación, la acumulación y la búsqueda de rentabilidad. La vivienda, como la educación o la sanidad, no debería tratarse como un negocio: el Estado debe asumir su financiación si es necesario para garantizar el acceso de toda la población.

P: ¿Esperaban que el desahucio de Maricarmen Abascal desencadenara una oleada de indignación de tal magnitud?

R: Nadie estaba preparado para el estallido social que hemos vivido, pero tenía que llegar un momento en el que esto explotara. El caso de Maricarmen ha sido muy emblemático porque evidenció las consecuencias más duras de priorizar el negocio inmobiliario: una mujer que había vivido más de 70 años en su casa y que lo único que quería era permanecer allí hasta que falleciera, como hicieron sus padres, pero terminó siendo desahuciada y eso acabó finalmente con su vida. Su caso fue la “gota que colmó el vaso”, porque todas estamos más cerca de ser Maricarmen que de ser Urbagestión [la empresa que la desahució], y eso era lo que necesitábamos. Lo que hemos descubierto con la acampada de Sol y la organización de la huelga general es la fuerza del poder popular, porque, cuando nos organizamos, podemos doblar el brazo al rentismo, a la patronal, a los jueces y a los políticos.

P: ¿Contra quién se hace esta huelga general? ¿Cree que es electoral?

R: Esto es una huelga contra el rentismo, contra la patronal y contra sus gobiernos. Llevamos demasiado tiempo, no esta última legislatura, sino que se podría decir todos los años de la democracia en este país, con gobiernos que han priorizado el negocio inmobiliario y que han perdonado muchos abusos de la patronal, así que esto es una huelga que pone la vida por encima del lucro, porque también va de pensiones, de salarios y de servicios públicos dignos para el conjunto de la población.

Es una huelga muy peculiar porque se va a producir unos días antes de unas elecciones generales, pero ya estaba definida antes de que Pedro Sánchez las convocara. Lo que faltaba era concretar la fecha. No es una huelga que no le hace la campaña a nadie y, gobierne quien gobierne, lo que se siembra en ella se va a seguir trabajando, porque los derechos siempre se han conquistado desde abajo. Y así es también como se conquistará el derecho a la vivienda.

P: Ante la posibilidad de un gobierno del Partido Popular y Vox, ¿qué cambios prevén en la política de vivienda respecto a la actual legislatura?

R: Tenemos claro que un gobierno reaccionario de Partido Popular y Vox va a seguir poniendo el lucro por encima de la vida. Sus propuestas se limitan a liberalizar el mercado y aumentar la construcción, cuando ese es el modelo que ha contribuido a la crisis actual, además de que van a atacar directamente a los derechos de las personas migrantes, de las personas LGTBIQ+ y de las sindicalistas, así que el impacto sería grande. No hay que caer en la retórica de que da igual quien gobierne, porque las diferencias son claras. Un gobierno reaccionario va a ir en contra de la mayoría de la población, e incluso en contra de sus propios votantes, como ocurrió con las medidas de limitación de precios incluidas en el decreto Maricarmen porque muchos de ellos estaban a favor, y seguirán arrodillados frente al rentismo. En cualquier caso, vamos a estar preparados para lo que sea.

P: Si no se ofrecen soluciones a corto plazo en materia de vivienda, ¿puede aumentar la conflictividad social?

R: Sin duda. Si no hay medidas contundentes pronto que cambien radicalmente el modelo de vivienda, el conflicto va a seguir escalando. La vivienda tiene que ser un derecho básico.