Nueve años de lucha contra los abusos en la vivienda hasta llenar Sol: así ha construido el Sindicato de Inquilinas su poder de convocatoria

La Puerta del Sol en Madrid ha vuelto a llenarse de tiendas de campaña, pancartas e indignación 15 años después del 15M, el movimiento que surgió como reacción a la crisis económica y a la falta de soluciones políticas, con reclamos contra el bipartidismo, la corrupción y las desigualdades sociales. Pero esta vez, a diferencia de aquella ola de protestas, el eje de la crisis es la vivienda, que ya se ha convertido en el principal problema de la población en España. Quienes acampan desde el pasado sábado en Sol, tras una marcha multitudinaria convocada en la capital por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos contra el desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años que vivió durante casi toda su vida en la misma casa, exigen contratos indefinidos, la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional, una bajada de los precios de alquiler y medidas para frenar los abusos de los fondos de inversión.

La capacidad de movilización de este sindicato se apoya en casi una década de trabajo de base. La organización nació en 2017, a partir de los conflictos que afectaban a miles de personas y que tenían un denominador común: el acceso cada vez más difícil a una vivienda, sobre todo en el mercado del alquiler, bien porque el vencimiento de los contratos suele derivar en aumentos de renta inasumibles o, directamente, en la expulsión del inquilino. Desde entonces, el sindicato ha buscado convertir problemas individuales —subidas de renta, amenazas de desalojo, cláusulas abusivas o la negativa de los propietarios a negociar— en reclamos colectivos. La premisa es que quienes atraviesan estas situaciones no tengan que enfrentarlas en soledad.

“El sindicato surge para poder trabajar esos conflictos, para no vivirlos desde la soledad y la ansiedad, sino poder decir que tenemos el apoyo de otras personas, pensar colectivamente cuáles son las mejores estrategias para forzar a los caseros a negociar o para obtener victorias”, señala a Infobae Fernando de los Santos, uno de los portavoces de la organización, que explica que a lo largo de estos años han ido creando una estructura organizativa que les permite “incidir mediática y políticamente”.

La organización aspira ahora a que el decreto ley de vivienda que el Gobierno tiene previsto aprobar este martes en el Consejo de Ministros incluya los contratos de alquiler indefinidos, como ya existen en otros países europeos como Alemania o Austria, además de una mayor protección contra los desahucios para personas vulnerables. De hecho, la permanencia de esta nueva acampada en Puerta del Sol dependerá de las medidas que incluya ese decreto, que después deberá ser validado en el Congreso.

Cambios legislativos tras otros desahucios que causaron impacto social

Además del reciente caso de Maricarmen, otro de los desahucios que más indignación ha despertado en los últimos años, destaca el sindicato, es el que se produjo en 2019 en la calle Argumosa 11, en el barrio madrileño de Lavapiés, donde cuatro familias vulnerables fueron desalojadas por la propiedad del edificio. Pepi, una vecina del bloque que entonces tenía 65 años, afrontó hasta once intentos de desahucio hasta que finalmente terminó en la calle.

El sindicato recuerda aquel desahucio porque también marcó un punto de inflexión, ya que impulsó la reforma de la ley de vivienda. “Tras el impacto social y mediático que generó este caso, se extendió la duración de los contratos de alquiler de tres años a cinco años”, y en algunos casos hasta siete.

Otros de los logros conseguidos en los últimos años, destaca la organización, es la firma de 100 nuevos contratos con vecinos organizados frente al fondo de inversión Blackstone, que es el segundo casero de España, solo por detrás de Caixabank. También han conseguido “una victoria frente al fondo buitre Nestar-Azora” después de que la Justicia obligara a la empresa a pagar más de 20.000 euros por cobrar cláusulas abusivas a inquilinos.

La importancia de la afiliación

Esta demostración de fuerza colectiva del sindicato también ha sido posible gracias a las cuotas de las personas afiliadas. “La afiliación de quienes participan en el sindicato y dedican su tiempo es fundamental. Además, esos aportes también son clave para fortalecer una caja de resistencia ante posibles situaciones de represión y para que algunas personas puedan dedicar su trabajo de forma plena al sindicato, en lugar de compatibilizarlo con un empleo de lunes a viernes. Así, la organización puede sostener su actividad cotidiana y acompañar mejor a las inquilinas”, añade De los Santos.

El sindicato ofrece una cuota ordinaria de 100 euros al año o 10 euros al mes, una de apoyo de 200 euros al año o 20 euros al mes y tarifas sociales reducidas para quienes no puedan afrontar esos importes.

La organización insiste en que, si el decreto de vivienda no se aprueba finalmente este martes en el Consejo de Ministros, la acampada en Sol continuará y seguirán protestando “hasta lograr que se garanticen alquileres estables, asequibles y sin trampas”.