
Cerca de 1.000 personas permanecen acampadas en la Puerta del Sol, en Madrid, a la espera de conocer los detalles de los dos decretos de vivienda que el Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros, después de que el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos haya exigido que deben incluir la renovación automática de los contratos, una reducción de los precios de los alquileres y la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional. La organización ha explicado que ahora debe “leer la letra pequeña”, pero ha insistido en que la lucha por la vivienda continúa y que “lo encendido en Sol no va a parar”. El objetivo es obtener “soluciones reales” una crisis que cada vez afecta a más personas en España.
Hoy, sin duda, la aprobación de esas medidas sobre vivienda dominaba las conversaciones entre quienes permanecen en la plaza. En los corrillos se mezclan jóvenes, parejas y personas mayores, con trayectorias distintas pero una preocupación común: las dificultades para acceder a una vivienda o conservarla. El caso de Guillermo, de 41 años, ilustra esa dificultad. Vive en Madrid con su pareja y su hijo pequeño gracias a un alquiler por debajo del precio de mercado que les facilita un familiar de ella.
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“Mi situación con la vivienda es privilegiada porque el tío de mi pareja compró una casa para que nosotros pudiéramos tener un alquiler asequible. Si no hubiera sido por eso, los tres tendríamos que estar haciendo vida en una habitación”, cuenta a Infobae. Guillermo trabaja en hostelería y cobra cerca de 1.200 euros mensuales, mientras que su pareja, programadora, tiene un salario más alto, pero “ni siquiera dos ingresos bastan para alquilar un piso completo” y cubrir los gastos de una familia con un hijo en Madrid, asegura. Ahora pagan 700 euros al mes por la vivienda que les ha facilitado ese familiar.
También ha decidido acudir a la acampada Pepe, un estudiante de 23 años de la Universidad Complutense que vive con su madre y teme no poder independizarse antes de los 35 años. Asegura que las dificultades para acceder a una vivienda impiden a jóvenes y trabajadores construir una vida digna, pese a que en su caso compagina los estudios con un empleo de fin de semana.
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“Hemos llegado a un punto en que la situación es insostenible y da igual que seas joven o mayor, todos tenemos dificultades para construir una vida digna y, al final, la vivienda es la base para tener calidad de vida. Por eso estamos todos aquí en la acampada”, reivindica. Como otras muchas personas que permanecen en Sol, reconoce que fue el desahucio de Maricarmen, impulsado por el fondo buitre Urbagestión Desarrollo e Inversiones, lo que impulsó a salir a la calle a reclamar “medidas reales”. De hecho, gracias al apoyo popular, Maricarmen ha logrado quedarse en la vivienda de la que fue desahuciada la semana pasada tras cuatro intentos de lanzamiento.
Según informaba su abogada, Beatriz Duro, en una rueda de prensa la pasada jornada, las dos partes acordaron que la octogenaria pague el 30% de sus ingresos mensuales y con una duración de ocho años. Durante su intervención, Duro lamentó que el acuerdo haya llegado “tarde” y tras “una situación en la que ninguna persona se debería ver nunca”, pero obviamente, añadía, es un “resultado mejor y más feliz para todos”.
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