Una asociación pide cambiar el Código Civil para que bisnietos y tataranietos de españoles puedan obtener la nacionalidad sin depender de leyes extraordinarias

La conocida como ‘ley de nietos’ terminó su plazo de solicitudes en octubre de 2025, pero la reivindicación de los descendientes de emigrantes españoles está lejos de terminar. La Coalición de Descendientes de Españoles Unidos (CODEU) ha vuelto a reclamar una reforma del Código Civil para que el acceso a la nacionalidad española deje de depender de disposiciones extraordinarias y se convierta en una posibilidad permanente. Su propuesta defiende que el derecho pueda transmitirse sin límite generacional, de manera que también alcance a bisnietos, tataranietos y descendientes de generaciones posteriores, siempre que puedan acreditar documentalmente su vínculo familiar con un antepasado español.

La asociación ha plasmado esta reivindicación en un documento fechado el 4 de noviembre y firmado por su vicepresidente, Yeobany Vázquez Pardo, en el que expresa su respaldo a la propuesta de reforma impulsada por el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE). Este órgano lleva años reclamando una solución estable para los españoles residentes fuera del país y sus descendientes. La iniciativa plantea modificar cuatro artículos del Código Civil —el 20, el 23, el 24 y el 26— para corregir las limitaciones de la legislación actual y establecer un marco permanente que no dependa de la apertura y el cierre de sucesivos plazos administrativos.

El punto más controvertido es precisamente el alcance de esa transmisión. CODEU considera que el parentesco no pierde validez por el paso de las generaciones y que establecer una frontera entre nietos, bisnietos o tataranietos supondría introducir una diferencia difícil de justificar entre personas que pueden acreditar el mismo origen familiar. “El ius sanguinis se fundamenta en la filiación, y la filiación no se diluye por el paso de las generaciones, sino que simplemente se encadena”, sostiene el documento.

La asociación defiende, no obstante, que una nacionalidad sin límite generacional no significa una concesión automática. Los solicitantes tendrían que demostrar toda la cadena de filiación mediante certificaciones oficiales, expresar su voluntad de adquirir la nacionalidad y someterse a un procedimiento administrativo con garantías. También plantea que se estudien posibles requisitos adicionales, como una declaración de lealtad a la Constitución o conocimientos elementales de lengua y cultura, siempre que no se conviertan en nuevas barreras discriminatorias.

Una reforma que lleva años sobre la mesa

La propuesta no nace ahora. El CGCEE aprobó el texto en su pleno de Asturias de noviembre de 2023 y lo presentó ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el 8 de octubre de 2024. Posteriormente, el 25 de marzo de 2025, su presidenta, Violeta Alonso, trasladó la iniciativa a la Comisión de Justicia del Senado, donde expuso sus principales cambios ante representantes de los grupos parlamentarios.

El Consejo pretende que la descendencia de la emigración española pueda acceder a la nacionalidad mediante una regulación ordinaria, sin necesidad de esperar a que el Gobierno apruebe una nueva ley de memoria histórica o democrática. La propuesta también contempla que puedan beneficiarse los descendientes de españoles de origen incluso cuando sus antepasados hubieran perdido la nacionalidad, una cuestión especialmente relevante para las familias que llevan varias generaciones fuera de España.

Otro de sus objetivos es corregir una desigualdad histórica en la transmisión de la nacionalidad. Durante décadas, la legislación española no reconoció a las mujeres los mismos derechos que a los hombres para transmitirla a sus hijos. Hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978, las españolas podían perder su nacionalidad al casarse con extranjeros y no podían transmitirla en igualdad de condiciones. El CGCEE considera que los descendientes afectados por aquella discriminación deben tener una vía para recuperar el vínculo jurídico con España.

La reforma incorpora también cambios que van más allá de los descendientes de emigrantes. Entre ellos, permitir que los cónyuges extranjeros de españoles de origen residentes en el exterior puedan optar a la nacionalidad después de dos años de matrimonio; eliminar la obligación general de renunciar a la nacionalidad anterior para adquirir la española; limitar la pérdida de la nacionalidad a los casos de renuncia expresa y voluntaria, y simplificar su recuperación mediante una declaración ante el Registro Civil.

El fin de la ‘ley de nietos’ dejó solicitudes fuera

La reivindicación del Consejo ha cobrado fuerza tras el cierre de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022 y conocida popularmente como ‘ley de nietos’. El plazo para acogerse a esta vía terminó el 22 de octubre de 2025, después de una prórroga de un año. La norma permitió que determinados descendientes de españoles que habían sufrido el exilio por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación e identidad sexual pudieran optar a la nacionalidad española de origen.

Sin embargo, el cierre dejó fuera a personas que no consiguieron completar los trámites a tiempo. El propio CGCEE advirtió entonces de que muchas familias no habían podido reunir los certificados necesarios, obtener apostillas o legalizaciones o conseguir cita y presentar sus expedientes en los consulados. La saturación de los registros civiles, tanto en España como en el extranjero, también dificultó la tramitación de las solicitudes. A ello se sumó la situación de los descendientes de mujeres españolas que, según el Consejo, seguían sin recibir una respuesta plenamente igualitaria.

La dimensión de aquella convocatoria refleja el alcance de la demanda. Según los datos publicados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, a 31 de mayo de 2026 las oficinas consulares habían recibido 1.225.188 solicitudes al amparo de la Ley de Memoria Democrática. De ellas, 571.761 habían sido aprobadas y se habían practicado 333.696 inscripciones en los registros consulares. Argentina, Cuba, Brasil y México concentraban una parte importante de las peticiones.