El juez Pedraz prorroga el ‘caso Leire Díez’ hasta junio de 2027 ante la posibilidad de tener que abrir nuevas líneas de investigación tras los registros en Ferraz

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido dar otros seis meses a la investigación del ‘caso Leire Díez’. La instrucción, que debía afrontar una nueva fase con el avance de las diligencias, seguirá abierta al menos hasta el 10 de junio de 2027, con una parte sustancial de las pesquisas todavía por completar. Entre las actuaciones pendientes figuran las declaraciones de los principales investigados y el análisis de la documentación y las evidencias incautadas en los registros policiales. El magistrado, además, no descarta que el resultado de esas comprobaciones obligue a abrir nuevas líneas de investigación.

Pedraz adopta la decisión siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que considera necesario completar las diligencias acordadas para el esclarecimiento de los hechos. “Son múltiples las diligencias de investigación aún pendientes de practicar, que obligan a prorrogar indefectiblemente la instrucción de la causa”, señala el instructor, que justifica la ampliación por la complejidad y la exhaustividad de las pesquisas, así como por la gravedad de los hechos investigados. La resolución subraya la necesidad de desarrollar una investigación profunda antes de dar por concluida esta fase del procedimiento.

Las declaraciones que todavía faltan

Una de las principales tareas que tiene por delante el juez es tomar declaración, en calidad de investigados, a los que considera los principales implicados en la presunta trama. Entre ellos figuran el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, la exmilitante socialista Leire Díez, el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y el empresario Javier Pérez Dolset, además de otros investigados.

A esas comparecencias se suma una labor que puede resultar determinante para reconstruir el alcance de las actuaciones bajo sospecha: el examen del material intervenido durante las entradas y registros. Pedraz destaca que las diligencias documentales y las evidencias halladas están todavía pendientes de análisis, pese a que los registros se practicaron en una fase temprana de la investigación.

Entre esas actuaciones se encuentra la entrada de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, así como en los domicilios de algunos de los investigados. La operación se desarrolló el pasado mes de mayo, pocos días antes de que se levantara parcialmente el secreto de las actuaciones.

De los contratos públicos a las presuntas maniobras contra investigaciones judiciales

La causa trata de esclarecer una presunta trama que habría tratado de obstaculizar investigaciones judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y al entorno familiar del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Según la hipótesis que investiga el juez, Cerdán habría dirigido la estructura y Díez habría desempeñado un papel de coordinación en las maniobras bajo sospecha.

El procedimiento tiene su origen en unas pesquisas sobre presuntas irregularidades en contratos de empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en las que aparecen, entre otros, Díez, el expresidente de este organismo Vicente Fernández y el empresario Antxón Alonso. La investigación indaga en posibles beneficios para terceros a cambio de comisiones ilegales.

Durante esas diligencias afloraron indicios sobre una posible vertiente distinta: la existencia de actuaciones encaminadas a recabar información comprometedora sobre responsables policiales, fiscales y judiciales, así como a perjudicar investigaciones que afectaban a dirigentes socialistas y a personas de su entorno. Esa línea de investigación situó en el centro de las pesquisas las presuntas maniobras de Díez y sus posibles conexiones con otros investigados.

La Audiencia Nacional terminó asumiendo también la investigación que se seguía en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid sobre las supuestas maniobras contra mandos de la UCO, fiscales y jueces. El magistrado Arturo Zamarriego acordó en agosto remitir esas diligencias a Pedraz, que pasó a instruir el conjunto de la causa.

La unificación permitió concentrar en un mismo procedimiento las pesquisas sobre unos hechos que los investigadores consideran potencialmente conectados, aunque el alcance de las responsabilidades de cada uno de los investigados deberá determinarse a medida que avance la instrucción.