El juez Pedraz exige de nuevo al PSOE que entregue en menos de 15 días y “sin más demora” la documentación sobre la contratación de abogados en el caso Leire Díez

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado este viernes los argumentos del PSOE para dilatar la entrega de información sobre sus contrataciones de abogados y ha fijado un nuevo plazo máximo de quince días para que el partido aporte, “sin más demora”, la documentación reclamada en el marco de la investigación sobre el denominado caso Leire Díez. La providencia, fechada el 23 de octubre en las diligencias previas 150/2025 del Tribunal Central de Instancia, responde al escrito que Ferraz presentó el jueves tras dejar vencer el plazo de 48 horas otorgado por el instructor.

Pedraz ha desestimado de forma expresa el argumento central del PSOE, que había condicionado la entrega de los documentos a un pronunciamiento del Consejo General de la Abogacía Española, al que remitió una consulta el 20 de octubre. El juez sostuvo que “la presentación por el PSOE de una consulta ante el Consejo General de la Abogacía Española carece de todo efecto suspensivo respecto del requerimiento acordado por este órgano judicial” y añadió que “ninguna disposición legal atribuye a dicha iniciativa unilateral la virtualidad de paralizar una diligencia de investigación judicial”.

El magistrado ha precisado que la cuestión del secreto profesional ya había sido resuelta en su resolución del 6 de octubre, que delimitó el alcance de la obligación de aportar documentación conforme al artículo 22 del Estatuto General de la Abogacía Española. Por ese motivo, ha considerado que no procede “reabrir artificialmente un debate previamente resuelto en sede jurisdiccional”.

Una invocación genérica sin documentos identificados

La providencia reprocha al partido no haber señalado documentos concretos sobre los que exista una afectación real del secreto profesional. “La contestación del PSOE no identifica documentos concretos ni extremos determinados respecto de los cuales concurra una efectiva afectación del secreto profesional”, indica el texto, que califica el planteamiento de Ferraz como “una invocación genérica e indiscriminada respecto de la totalidad de la documentación requerida”.

El juez ha recordado que la jurisprudencia constitucional y ordinaria exige una justificación específica e individualizada de la lesión que pudiera producir la entrega de cada documento. Según la resolución, el límite se encuentra “en la penetración innecesaria en el contenido material de la relación abogado-cliente”: comunicaciones confidenciales, hechos revelados para obtener asesoramiento, estrategia de defensa, consejo jurídico proporcionado y datos de otros clientes ajenos a la causa.

Pedraz rechaza las excusas organizativas del partido

El instructor también ha desestimado los argumentos relacionados con la dispersión territorial de la documentación y las cargas derivadas de la actividad política del partido, que Ferraz había esgrimido para justificar el retraso. “Tales razones no pueden prevalecer frente al deber constitucional de colaborar con la Administración de Justicia ni justificar el incumplimiento de una resolución judicial”, sostiene la providencia, que atribuye esas circunstancias a la organización interna del propio PSOE.

El juez ha subrayado además que corresponde “exclusivamente al órgano jurisdiccional dirigir la investigación y determinar el alcance de las diligencias acordadas” y que quien recibe un requerimiento judicial no puede condicionar su cumplimiento a la conformidad previa de una corporación profesional ni a su propia valoración sobre la pertinencia de la medida.

La resolución establece de forma explícita el nuevo plazo: quince días, “dada la dispersión alegada”, sin más demora y sin supeditar el cumplimiento a actuaciones extraprocesales de su exclusiva iniciativa. Pedraz exige al PSOE que aporte la documentación solicitada o que, en caso de considerar que concurre algún supuesto concreto de secreto profesional, identifique “de forma precisa e individualizada los documentos afectados y las razones jurídicas que justificarían su exclusión”.

El requerimiento judicial abarca la relación completa de letrados, despachos de abogacía y consultoras contratados entre 2021 y 2025 por los órganos centrales y territoriales del partido, así como los contratos, notas de encargo, expedientes y justificantes vinculados a esos servicios. La diligencia se enmarca en la investigación sobre las presuntas maniobras atribuidas a la exmilitante Leire Díez y el posible uso de contrataciones profesionales para canalizar pagos, entre ellas encargos a despachos vinculados a Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, este último letrado de Santos Cerdán.