Óscar Puente anuncia que cada familia de los fallecidos en Urda recibirá 144.242 euros: “Son ayudas no reembolsables y compatibles con otras indemnizaciones”

El Gobierno ha aprobado este martes un real decreto ley dotado con 30 millones de euros para atender a los afectados por el accidente ferroviario de Urda. La norma establece un régimen extraordinario de transferencias y anticipos por responsabilidad civil, con el objetivo de que los damnificados no tengan que esperar a que terminen los procedimientos administrativos y judiciales.

Los allegados de cada víctima mortal percibirán 72.121,46 euros a fondo perdido y otros 72.121,46 euros como adelanto de la responsabilidad civil, hasta sumar 144.242,92 euros. Si la compensación definitiva fuera inferior a ese anticipo, no deberán reintegrar la diferencia, según ha explicado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Los lesionados podrán recibir hasta 168.282 euros entre ayudas y anticipos

Las personas que sufrieron lesiones corporales tendrán derecho a una ayuda directa de entre 2.404 y 84.141 euros, según la gravedad de las secuelas. El real decreto ley prevé además un anticipo por responsabilidad civil por idénticas cuantías, por lo que, en los casos de mayor gravedad, el importe total podrá alcanzar los 168.282 euros.

El ministro ha precisado que, al igual que las ayudas para las familias de los fallecidos, las cantidades directas no deberán devolverse, serán compatibles con otras subvenciones y compensaciones por el mismo motivo y estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Sobre los anticipos, ha señalado que los afectados tampoco tendrán que reintegrar el exceso si la indemnización definitiva fuera inferior al importe ya abonado.

Puente ha defendido que “las víctimas o las personas afectadas no pueden esperar a que finalicen los procedimientos administrativos y judiciales para recibir el apoyo económico que necesitan”. El esquema replica el aprobado después del accidente de Adamuz, según ha indicado el ministro de Transportes.

Las bajas por el accidente tendrán la consideración de accidente de trabajo

Puente también ha destacado que los trabajadores afectados por el siniestro tendrán una protección específica de la Seguridad Social. Las bajas por incapacidad temporal vinculadas al accidente tendrán, de forma excepcional, la consideración de accidente de trabajo a efectos económicos.

Esta calificación “va a permitir percibir la prestación desde el primer día de la baja y en una cuantía superior”, ha explicado el ministro.

La misma regla se aplicará cuando resulte más favorable para calcular las pensiones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia, además de la prestación por incapacidad permanente parcial. La medida operará de oficio y con efectos retroactivos, incluso si la baja ya hubiera terminado o la pensión ya hubiera sido reconocida.

Las personas incluidas en el régimen de clases pasivas del Estado que tengan derecho a la jubilación por incapacidad permanente, o pensiones de viudedad, orfandad o a favor de padres, podrán acogerse al régimen de prestaciones extraordinarias si resulta más beneficioso.

Las delegaciones del Gobierno tramitarán las solicitudes y atenderán a afectados en sus domicilios

Tal y como ha explicado Óscar Puente, el Ejecutivo creará oficinas de atención integral a las víctimas del accidente ferroviario de Urda en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Estos puntos ayudarán a los afectados y a sus familias a solicitar las ayudas y los anticipos.

Las personas que no puedan desplazarse recibirán atención en sus domicilios en cualquier punto del país, a través del programa La Administración Cerca de Ti del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Puente ha detallado que el Ejecutivo decidió que este ministerio gestionara las medidas tras las dificultades que, según ha dicho, encontró en el caso de Adamuz para acceder a datos de los afectados, ya que la jueza instructora consideró al Gobierno “parte interesada”.

La línea Madrid-Sevilla podría recuperar el servicio en diez días, con menos frecuencias al principio

En rueda de prensa, Puente ha señalado que ya han terminado los trabajos para retirar los trenes siniestrados de las vías. El Gobierno ha solicitado a la jueza que instruye el caso autorización para iniciar la reconstrucción y reposición de la infraestructura.

El tramo dañado abarca algo más de 40 metros, aunque los trabajos se extenderán a un área de unos 400 metros. El ministro ha estimado que, una vez llegue la autorización judicial, la línea podrá volver a prestar servicio en un máximo de diez días naturales.

La reapertura se hará con una reducción de las frecuencias entre Madrid y Sevilla mientras se completa una revisión extraordinaria de los sistemas de seguridad de la línea y el despliegue del sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario ERTMS 2.

(Noticia en ampliación)