El PSOE deja pasar las 48 horas que le dio el juez Pedraz para entregar los contratos de sus abogados y se escuda en el “secreto profesional” y la “confidencialidad”

El PSOE ha dejado pasar el plazo de 48 horas que le dio el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para entregarle la información sobre los abogados, despachos y consultoras contratados por el partido entre 2021 y 2025. Ferraz ha optado por remitir un escrito al magistrado para pedirle que tenga en cuenta el secreto profesional y la confidencialidad entre abogados y clientes antes de facilitar la documentación reclamada en el marco del ‘caso Leire Díez’. “Hemos querido decírselo al juez porque nosotros no queremos vulnerar ningún derecho fundamental de los abogados”, ha explicado este jueves la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, en una entrevista en la Cadena SER.

La dirigente ha defendido que el PSOE no puede entregar sin más la relación de profesionales y los expedientes solicitados por el instructor. Para ilustrar su argumento, ha comparado la petición judicial con una hipotética solicitud de historiales médicos. “Es como si al director de un centro de salud se le pide todos los expedientes de sus pacientes. No lo puede entregar porque estaría vulnerando el secreto profesional entre el médico y el paciente”, ha señalado.

Torró ha recordado que el pasado mayo el Consejo General de la Abogacía difundió una circular en la que, según ha expuesto, se subrayaba que “esa confidencialidad entre abogado y cliente es sagrada y es un derecho fundamental”. El partido está a la espera de que la institución le indique “cómo hacer” para responder al requerimiento judicial sin infringir ese deber. La secretaria de Organización ha precisado, además, que el PSOE “no siempre” es el cliente de los abogados cuyos contratos reclama Pedraz, ya que en algunos asuntos lo son “directamente los militantes”.

La respuesta de Ferraz llega después de que el magistrado reiterase el requerimiento el pasado 20 de octubre, al constatar que no había recibido contestación a la primera petición, cursada el día 6. Pedraz concedió entonces al partido 48 horas para aportar la información, un plazo que expiraba este jueves.

El juez reclama más que una relación de letrados

Pedraz no se ha limitado a pedir los nombres de los profesionales que han trabajado para el PSOE. El requerimiento incluye una relación completa de los letrados, despachos de abogacía y consultoras contratados entre 2021 y 2025 por cualquiera de los órganos centrales o territoriales de la formación, así como la documentación que permitió autorizar esas contrataciones. Entre los documentos solicitados figuran los contratos y las notas de encargo, además de los expedientes y justificantes relativos a los servicios prestados. La diligencia pretende arrojar luz sobre determinadas contrataciones profesionales y los pagos que aparecen bajo sospecha en la causa.

Torró ha defendido que los contratos requeridos responden a servicios “ordinarios” y ha vuelto a negar cualquier implicación del PSOE en la presunta trama vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez. “Se hicieron dos contratos de servicios jurídicos y ya está, no hay más”, ha afirmado. La dirigente también ha asegurado que el partido “no tiene constancia” de que se realizaran pagos a la supuesta trama a través de abogados contratados por la formación.

La secretaria de Organización ha reconocido que los jueces deben indagar sobre los hechos, pero ha pedido que la investigación se dirija hacia quienes formaron parte del partido en el pasado, entre ellos el exsecretario de Organización Santos Cerdán, al insistir en que el PSOE como organización no está implicado.

La dirigente ha negado asimismo que se haya hecho nada “en nombre del PSOE” contra la magistrada Beatriz Biedma, que instruyó la causa sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. También ha explicado que el partido aún no se ha querellado contra Leire Díez porque considera que la investigación debe avanzar y que los informes de la UCO contienen “tesis” e “hipótesis que no tienen por qué ser verdad”.

Los contratos bajo sospecha en el ‘caso Leire Díez’

La petición de Pedraz se enmarca en la investigación sobre las presuntas maniobras atribuidas a Leire Díez y el posible uso de contrataciones profesionales para canalizar pagos. La UCO ha puesto el foco en varios encargos a despachos de abogados y una consultora que, según la hipótesis de los investigadores, podrían haber servido para encubrir fondos del PSOE destinados a sufragar actividades de la exmilitante.

Entre los profesionales que aparecen en las actuaciones figuran Ismael Oliver, exabogado de Koldo García, y Jacobo Teijelo, letrado de Santos Cerdán, también investigado. Los investigadores examinan las notas de encargo y determinados pagos relacionados con esos servicios para determinar si respondían a trabajos reales o si pudieron utilizarse como cobertura de otras operaciones.

La UCO ha señalado, entre otros extremos, pagos por valor de 53.000 euros al despacho de Teijelo que no constarían en la documentación aportada por el PSOE. El partido, por su parte, sostiene que las facturas cuestionadas no fueron abonadas y defiende que sus contrataciones respondían a servicios jurídicos ordinarios.

El nuevo requerimiento busca ampliar la información sobre el conjunto de profesionales contratados por la formación durante esos años, no únicamente sobre los nombres que ya aparecen en las pesquisas.