El Ministerio de Justicia investiga cómo es posible que Víctor de Aldama haya sido dado de alta por tercera vez en el ‘caso Leire’ sin ser parte

Ha vuelto a pasar. Y en el caso de Víctor de Aldama, por tercera vez. El Ministerio de Justicia está investigando cómo es posible que el empresario (investigado por defraudar 182 millones de euros a la Agencia Tributaria y condenado ya por ‘el caso mascarillas’) aparezca personado como parte en el ‘caso Leire’ sin ser ni acusado ni perjudicado. El juzgado número 5 de la Audiencia Nacional acaba de dictar una nueva resolución, fechada el 7 de octubre, para informar de que se ha producido una “nueva incidencia de inserción y alta indebida de intervinientes en el presente procedimiento, ajena a la actuación de este órgano judicial”.

El diario ‘Estrella Digital’ ya adelantó el pasado 1 de octubre que la Audiencia Nacional había detectado el 29 de septiembre que varias personas y entidades aparecían registradas como intervinientes en las diligencias previas 150/2025, conocidas como ‘caso Leire’, pese a que no eran parte del procedimiento ni habían sido incorporadas por el órgano encargado de la investigación. En el sistema figuraban como partes, sin serlo, el propio Víctor de Aldama, el Partido Popular, Renfe Viajeros y un particular. La diligencia señalaba expresamente que ninguno había sido dado de alta por el tribunal. Tras detectar esta incidencia, fueron expulsados del procedimiento.

Pero, sorprendentemente, han aparecido de nuevo dados de alta: Víctor de Aldama, PP, Renfe y Ramiro Grau Morancho. Este último es un abogado que dio varias entrevistas asegurando que había sido la primera persona que denunció antes de que se empezara a investigar el llamado ‘caso Koldo’, la trama de corrupción por adjudicaciones de contratos que se originó durante la pandemia en el ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos. Grau señala que escribió varias cartas a La Moncloa, sede del Gobierno, alertando de las irregularidades en el año 2020.

Los cuatro, Aldama, Renfe, el PP y Grau han aparecido de nuevo dados de alta. “En el caso de Aldama es ya la tercera vez”, explican fuentes jurídicas. La Audiencia Nacional ha vuelto a informar de dicha “incidencia” al Ministerio de Justicia y al Centro de Atención a Usuarios (CAU) de la Administración de Justicia, “estándose a la espera de contestación”. Justicia investiga ahora si se trata de un simple error informático que se está repitiendo extrañamente o si hay algo más. Las diligencias previas 150/2025 corresponden a la investigación dirigida por el magistrado Santiago Pedraz sobre la presunta trama vinculada a la bautizada como ‘fontanera’ del PSOE, Leire Díez. El procedimiento, conocido mediáticamente como ‘las cloacas del PSOE’, indaga presuntas maniobras para obtener información sensible y obstaculizar investigaciones judiciales que afectaban al PSOE, al Gobierno y a familiares de Pedro Sánchez.

“No han tenido acceso”

“Por parte de este Juzgado se procede a la eliminación manual de los intervinientes previamente indicados, que no son parte en el procedimiento, haciéndose constar que los mismos no han tenido acceso al ‘CLOUD’ [la nube donde el juzgado sube a las partes los documentos oficiales de la instrucción], ni al expediente digital, no habiéndose remitido, y por tanto recibido ninguna notificación”, señala la nueva resolución judicial a la que ha tenido acceso ‘Infobae’. La causa permaneció bajo secreto de actuaciones durante varios meses. Pedraz levantó parcialmente esa reserva el 1 de junio, cuando consideró que ya se habían practicado buena parte de las diligencias que justificaban el secreto, aunque mantuvo reservada una pieza para no perjudicar actuaciones todavía pendientes.

El registro correspondiente al Partido Popular aparece como “duplicado”. Los demás figuran bajo la expresión “Parte Código desconocido”. Esas etiquetas pueden ofrecer una primera pista técnica, pero no explican quién creó los asientos ni por qué quedaron asociados a personas y profesionales concretos. La diligencia no atribuye a Aldama, al PP, a Renfe, ni a Ramiro Grau ninguna intervención en la creación de los registros. Tampoco señala a los abogados y procuradores cuyos datos quedaron asociados a los perfiles. Ahora se está intentando dilucidar por qué su registro en la causa ha vuelto a aparecer.

El empresario Aldama, defendido por el abogado José Antonio Choclán, no tiene en mucha estima a Leire Díez. Cuando se destapó el caso y la ‘fontanera del PSOE’ dio una rueda de prensa en un hotel, el empresario apareció sorpresivamente en la misma y amenazó a la ya ex militante socialista. Aldama está colaborando con la justicia aportando, asegura, pruebas que demostrarían las maniobras de las llamadas ‘cloacas’ socialistas. Esa colaboración provocó que a finales de junio el Tribunal Supremo acordara librarle de cumplir la pena de cuatro años y medio de prisión que le había impuesto. También lo eximió de la multa de 3,7 millones de euros que le pedía la Fiscalía. Y lo hizo, según argumenta, por la “aportación” realizada por el comisionista “al descubrimiento de los delitos” en el ‘caso Koldo’.

La Audiencia Nacional le investiga en otra causa por blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y delito fiscal en el ‘caso Villafuel’, una operadora que suministraba hidrocarburos en el mercado español. Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Víctor de Aldama, junto a su socio Claudio Rivas, “se encuentran en la cúspide de la dirección de la organización criminal controlando la estructura societaria encabezada por Villafuel SL, que perfeccionó, entre 2022 y 2024, delitos contra la Hacienda Pública cuantificados inicialmente en 182.513.923 euros”.