El dinero obtenido con la desinversión del Estado en las cotizadas del Ibex “no cubriría ni la subida de las pensiones de 2027”

La noticia de que los dirigentes del PP se están planteando desinvertir el dinero que el Estado tiene en empresas que cotizan en el Ibex 35 si gana las próximas elecciones —publicada por ABC— puede beneficiar a las empresas y a los inversores, señalan los analistas, pero siempre que la desinversión sea selectiva, gradual y transparente basada en criterios económicos y estratégicos verificables y no en compromisos políticos.

Actualmente, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda, mantiene participaciones en Telefónica (10%), Indra (28%), Redeia (20%), Enagás (5%), Airbus (4,12%), Ebro Foods (10,36%), IAG (2,52%) y Talgo (7,8%). A estas se suman otras participaciones estatales como las canalizadas a través del FROB o de Enaire.

Sin embargo, no todas estas compañías serían candidatas a una desinversión por parte del Estado. Ebro Foods, IAG o Talgo podrían serlo por operar en mercados competitivos, mientras que la medida plantearía más dificultades en empresas como Telefónica, por su importancia en las telecomunicaciones y la seguridad nacional. Algo similar sucede con Indra, por su vinculación con Defensa, y con Redeia y Enagás, por su papel en infraestructuras energéticas esenciales. Además, en Redeia existe una obligación legal de mantener una participación pública mínima del 10%. Airbus también constituye un caso particular por los acuerdos accionariales con Francia y Alemania, que dificultarían una salida unilateral del Estado español.

Por ello, si finalmente el nuevo Gobierno optara por desinvertir en estas cotizadas, la operación debería analizarse caso por caso. “No tendría que ser una privatización indiscriminada, sino de una revisión empresa por empresa, distinguiendo las participaciones de naturaleza esencialmente financiera de aquellas que responden a intereses estratégicos justificados”, afirma Antonio Castelo, analista de iBroker. El experto incide en que “la incógnita es conocer qué empresas considera realmente prescindibles el PP, qué porcentajes estaría dispuesto a vender y cuáles mantendría bajo alguna forma de participación pública”.

El papel “intervencionista” de la SEPI

Los analistas recuerdan que, en los últimos años, la SEPI ha asumido un papel “cada vez más intervencionista” en las decisiones estratégicas y los nombramientos de las cotizadas en las que participa. Como ejemplo, citan la sustitución de José María Álvarez-Pallete por Marc Murtra al frente de Telefónica. Estas actuaciones “introducen incertidumbre política que los inversores pueden penalizar mediante mayores primas de riesgo y menores valoraciones bursátiles”, sostiene Castelo.

Por ello, el analista considera necesario distinguir entre proteger los intereses estratégicos del país y participar directamente en la gestión empresarial. En este sentido, afirma que “el Estado dispone de instrumentos regulatorios y legales para defender esos intereses sin necesidad de convertirse sistemáticamente en accionista”.

En la misma línea se pronuncia Albert Guivernau, director de la Fundación Civismo y doctor en Economía. Reconoce que hay sectores estratégicos que requieren una “supervisión especial”, pero eso no significa que el Estado “deba ser accionista”. A su juicio, se puede garantizar el interés general mediante una regulación adecuada sin necesidad de participar en el capital.

Ingresos cercanos a los 6.000 millones

La desinversión también permitiría al Estado obtener ingresos extraordinarios, aunque los analistas advierten de que su impacto presupuestario sería limitado. Los recursos obtenidos podrían destinarse a reducir la deuda pública o a financiar otras prioridades, si bien habría que tener en cuenta tanto el precio de venta como los dividendos futuros que dejarían de percibirse.

Para Guivernau, sería “una oportunidad para mejorar la eficiencia económica y reducir la deuda pública”. El economista defiende que el Estado tiene miles de millones de euros invertidos en empresas que pueden funcionar perfectamente sin participación pública. La venta de esas acciones permitiría “liberar recursos, reducir el coste de la deuda y favorecer que las decisiones empresariales respondan a criterios de rentabilidad y competitividad, en lugar de a intereses políticos”.

Javier Cabrera, analista de XTB, sostiene que la venta de las acciones no generaría un capital “reseñable” para las arcas públicas ni modificaría sustancialmente el presupuesto español.

“Groso modo, y si nos fijamos en las acciones en posesión de la SEPI, tenemos un valor de algo más de 12.000 millones de euros. Sin embargo, si quitamos del cálculo el valor de la participación en Airbus, que es muy improbable su venta, hablamos de casi 6.000 millones. Además, si la SEPI pone en venta esas acciones, es posible que tenga que hacerlo con descuento en el caso de algunas empresas. Por ello, eliminando a Airbus de la ecuación, esto no cubriría ni el incremento previsto en pensiones para el 2027, que se estima en unos 8.400 millones de euros según cálculos de Funcas”.

Beneficios para las empresas y los accionistas

El impacto de una eventual desinversión sería desigual dependiendo de cada compañía. Guivernau considera que, a corto plazo, una venta importante de acciones podría generar “cierta” presión sobre las cotizaciones. Sin embargo, una salida ordenada del Estado podría atraer nuevos inversores y favorecer una gestión empresarial más independiente. En palabras del economista: “Para las compañías significaría una mayor orientación hacia la rentabilidad, la competitividad y la creación de valor, aunque esos resultados dependerían también de la calidad de su gestión”.

Castelo también defiende que una retirada ordenada podría aumentar el capital flotante, mejorar la liquidez y reforzar la percepción de independencia empresarial. No obstante, advierte que “ventas precipitadas o de grandes paquetes accionariales podrían presionar temporalmente las cotizaciones, especialmente si los inversores exigen descuentos para absorberlos”.

El analista de iBroker también reconoce los riesgos asociados a la retirada de un accionista estable como el Estado. Su salida podría facilitar operaciones corporativas no deseadas o la entrada de inversores con intereses contrarios a los estratégicos del país.

Por su parte, Cabrera advierte que la desinversión podría tener un efecto negativo sobre las cotizaciones, aunque su impacto variaría según la empresa. “En las empresas donde el peso de la SEPI es mayor podemos esperar un mayor impacto en bolsa”, afirma.

Un balance favorable

Pese a estos riesgos, los analistas coinciden en que la medida planteada por el PP puede resultar favorable en términos generales, siempre que el Estado mantenga participaciones en aquellas empresas donde existan razones estratégicas suficientemente justificadas, como la defensa, la seguridad nacional o determinadas infraestructuras críticas. En las compañías que compiten en mercados abiertos, sostienen que las decisiones deberían responder fundamentalmente a criterios de rentabilidad, eficiencia y creación de valor, evitando interferencias políticas que puedan perjudicar al conjunto de los accionistas.

En este sentido, Castelo defiende que “el Estado debe ser, ante todo, un regulador eficaz y garante del interés general, no un accionista que condiciona la gestión empresarial según las prioridades del Gobierno de turno. Y cuando decida mantener una participación, debería justificar su coste, sus objetivos y los resultados que espera obtener”, recalca.

Cabrera, por su parte, subraya que se trata de una medida que puede aportar transparencia o transmitir un mensaje favorable a una economía con menos intervención estatal, aunque cree que “hay otras formas más eficaces de hacerlo”.

Guivernau también opina que la propuesta tiene argumentos económicos favorables, siempre que se ejecute a precios adecuados y sin precipitación: “No tiene demasiado sentido mantener recursos públicos inmovilizados en empresas que pueden financiarse y competir por sí mismas”.