El fraude en los contratos a tiempo parcial afecta más a las mujeres: 17.203 trabajadoras logran que se reconozca su jornada real

La Inspección regularizó 30.345 empleos con horarios declarados por debajo de las horas efectivamente realizadas durante 2025

Una camarera atiende una mesa de un establecimiento en la plaza Real de Barcelona.
Una camarera atiende una mesa de un establecimiento en la plaza Real de Barcelona. (David Zorraquino / Europa Press)
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La Inspección de Trabajo y Seguridad Social promovió 30.345 incrementos de jornada en contratos a tiempo parcial durante 2025. De ellos, 17.203 correspondieron a mujeres, el 56,7% del total, según la Memoria Anual 2025 del organismo, publicada este mes de octubre.

Las correcciones se produjeron en contratos en los que la jornada declarada por la empresa era inferior a la que la persona trabajadora realizaba en la práctica. El problema afecta, entre otras cosas, al sueldo mensual y a la futura pensión.

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El informe sitúa la contratación a tiempo parcial entre las modalidades con mayor presencia femenina. Casi seis de cada diez personas a las que la Inspección reconoció más horas de trabajo fueron mujeres, frente a 13.142 hombres.

El contrato puede reconocer menos horas de las que realmente se trabajan

Un contrato a tiempo parcial es legal cuando refleja la jornada acordada y las horas que efectivamente realiza el trabajador. La irregularidad aparece cuando la empresa declara una jornada inferior a la real: por ejemplo, si una empleada figura con media jornada, pero trabaja un número de horas mayor.

La Inspección identifica este fenómeno como una forma de empleo infra declarado. Sus actuaciones buscan que las empresas corrijan el porcentaje de parcialidad registrado, afloren las horas no declaradas y, cuando proceda, transformen contratos parciales fraudulentos en contratos a jornada completa o contratos parciales más amplios.

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Este fraude tiene consecuencias materiales para los trabajadores. Un contrato que declara menos horas puede traducirse en una nómina inferior y en cotizaciones más bajas. Esa brecha también puede trasladarse a las prestaciones por desempleo, la incapacidad temporal o permanente y la jubilación, que se calculan a partir de las bases de cotización.

Carmen Cerdán, directora de Recursos Humanos para Iberia, Latinoamérica y África de Cegid.

Según la Memoria Anual 2025 de la Inspección de Trabajo, Andalucía concentró el mayor número de incrementos de jornada, con 7.863. Le siguieron Cataluña, con 4.829; Comunidad Valenciana, con 3.824; y Madrid, con 3.069. Estas cuatro comunidades autónomas acumularon 19.585 correcciones, cerca de dos tercios del total nacional.

Las correcciones de jornada, entre las principales regularizaciones

Los incrementos de jornada en contratos a tiempo parcial supusieron el 21% de las 143.526 conversiones contractuales promovidas por la Inspección durante el pasado año. El resto correspondió a 61.655 contratos fijos discontinuos irregulares que pasaron a ser fijos ordinarios y a 51.526 contratos temporales que se transformaron en indefinidos.

El informe sitúa la infradeclaración de jornada entre las principales irregularidades detectadas en la contratación. Mientras las mujeres representaron casi el 60% de los aumentos de jornada, concentraron también el 47,5% de las conversiones de contratos temporales en indefinidos y el 42,1% de los cambios de fijos discontinuos a fijos ordinarios.

El registro horario y las horas extra siguen bajo vigilancia

La revisión de los contratos parciales forma parte de un problema más amplio: el control del tiempo de trabajo. La Inspección realizó 34.712 actuaciones en esta materia en 2025, detectó 11.681 infracciones y propuso sanciones por 14,19 millones de euros.

La campaña sobre registro horario concluyó con 1.715 infracciones y 2,68 millones de euros en sanciones propuestas. A ellas se sumaron 736 infracciones por horas extraordinarias, con propuestas de multa por 1,51 millones de euros.

Más de 858 millones en sanciones propuestas por fraude laboral

El balance anual de la Inspección incluye 208.500 infracciones detectadas en todas las áreas de control y 858,27 millones de euros en sanciones propuestas. Además, los expedientes liquidatorios para reclamar cuotas a la Seguridad Social superaron los 1.212 millones de euros.

Entre otras actuaciones, la Inspección regularizó a 47.143 falsos autónomos en 10.445 actuaciones. También afloró 1.476 empleos que estaban vinculados a prácticas formativas irregulares, entre ellos 571 falsos becarios identificados formalmente.

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