La batalla judicial de la otra ‘Maricarmen’ para obtener plaza en una residencia: Madrid solo la considera mayor y no dependiente con un 72% de discapacidad

‘Maricarmen’ (nombre ficticio que elige su familia para que no sufra represalias y en homenaje a la vecina fallecida que fue desahuciada) tiene 73 años, una discapacidad intelectual, física y sensorial severa (del 72%) y un grado II de dependencia. También vive una situación de especial vulnerabilidad social y económica: es huérfana y no cuenta con más apoyo familiar que el de su hermano José Manuel, de 65 años, su tutor legal. Ambos, José Manuel y ‘Maricarmen’, han iniciado una guerra judicial para poder obtener una plaza en una residencia especializada, porque el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso solo la considera una persona mayor, no dependiente.

De momento, la familia ha ganado la primera batalla. Un juzgado de lo Social de Madrid ha estimado su recurso y en una sentencia fechada el pasado 14 de septiembre sentencia que la Comunidad de Madrid “vulneró su derecho a la igualdad al derivarla automáticamente a una red de recursos para mayores, sin valorar su condición de persona con discapacidad intelectual”. La jueza determina que la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales discriminó a la demandante al usar su edad como criterio automático de exclusión del circuito residencial especializado en discapacidad intelectual. Condena además a la administración a pagar 10.000 euros por daño moral y ordena repetir el proceso de su valoración y revisar de nuevo el Plan Individualizado de Atención (PIA) teniendo en cuenta los informes técnicos, sanitarios y psicológicos, que recomiendan ese recurso especializado para ‘Maricarmen’.

Su drama, como todos, tiene contexto. Tras más de 17 años en Castilla y León en distintos centros especializados en discapacidad intelectual, en abril de 2025, de común acuerdo con su hermana, José Manuel solicitó el traslado de su expediente de dependencia a la Comunidad de Madrid para poder estar más cerca de ella y prestarle un apoyo más cercano y cotidiano. Paralelamente, contrató una de las pocas plazas privadas disponibles en una residencia para personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento prematuro. Apoyada por su hermano, ‘Maricarmen’ afrontaba esta nueva etapa con cierta esperanza. “En la nueva residencia se ha integrado rápidamente y ha conocido a Alejandro, de 75 años. Desde entonces comparten la vida diaria: se acompañan, se cuidan, pasean juntos y han construido una relación afectiva que les da estabilidad y sentido. Para cualquiera puede parecer normal; para ellos ha sido una conquista enorme”, explica José Manuel.

Tras pedir el traslado, la Comunidad de Madrid tiene que revisar el Programa Individual de Atención (PIA) para adaptarlo. Pero el Gobierno de Ayuso ha decidido no reconocer, como ya tenía en Castilla y León, el servicio de atención residencial. En su lugar, después de más de 300 días de espera, frente a los 60 que fija la normativa, le ha concedido únicamente una prestación económica vinculada al servicio de 747,25 euros mensuales, insuficiente para cubrir, con sus propios ingresos, el coste de la plaza privada. El problema es que cuando la Administración no reconoce la atención residencial especializada, el solicitante tampoco puede acceder a una plaza pública o concertada ni a la correspondiente lista de espera.

Lista de espera de años

La cuestión no es baladí. La propia Comunidad de Madrid reconoce que tiene una red asistencial de 14.700 plazas formada por centros ocupacionales, centros de día, residencias y viviendas comunitarias dirigidas a la atención gratuita de personas con discapacidad física, intelectual y sensorial. Pero solo mientras tienen entre 18 y 65 años. Cuando tienen más de 65 años, Madrid decide que la mayoría de los dependientes deben ser atendidos en las típicas residencias de mayores. La Comunidad de Madrid solo gestiona 25 de estas residencias 100% públicas con unas 6.700 plazas. Luego hay otras 470 residencias concertadas o privadas.

El último informe de la Cámara de Cuentas sobre el Programa 231F de Atención Especializada a Personas con Discapacidad revela que la lista de espera actual puede prolongarse entre siete y 14 años. La diferencia es también económica: mientras ‘Maricarmen’ tiene que asumir con sus propios ingresos el coste de la plaza privada que ocupa actualmente, las plazas públicas y concertadas son gratuitas para sus usuarios. El mismo informe señala que serían necesarios al menos 97 millones de euros adicionales para cubrir las necesidades existentes a finales de 2023 en la red de atención a personas con discapacidad.

El problema tiene además otra consecuencia que afecta directamente a su vida cotidiana. En el centro donde vive ‘Maricarmen’ hay personas que ya tienen adjudicada una plaza concertada y pueden permanecer allí al cumplir los 65 años. Es el caso de Alejandro. Sin embargo, quienes solicitan el acceso a este tipo de recurso después de esa edad quedan fuera de ese circuito. Es precisamente lo que le ocurre a ‘Maricarmen’. Este contexto la aboca a una situación económica insostenible, que podría agravarse a corto plazo con la anunciada subida del coste de su plaza hasta casi 3.000 euros mensuales. Así que la única solución es optar a una plaza en un centro público o en un centro concertado, un escenario complicado porque el nuevo acuerdo marco firmado por el Gobierno regional el 1 de julio de este año permite a los centros concertados que atienden a personas mayores dependientes reducir el número de plazas.

“Si no podemos seguir asumiendo ese coste, ‘Maricarmen’ tendrá que abandonar el centro, a Alejandro (que tiene adjudicada una plaza concertada) y a sus compañeros, con los indudables perjuicios para su estabilidad emocional. La única alternativa que da la Comunidad de Madrid es solicitar una plaza residencial para personas mayores, pese a que este tipo de centros no responde a sus características ni a las necesidades de apoyo que requiere por su discapacidad intelectual congénita”, se lamenta José Manuel.

‘Maricarmen’ llegó a la residencia actual en abril de 2025. Paga 76 euros diarios. Con la anunciada subida, el coste pasará de los 27.000 euros actuales a unos 36.000 euros y, sumando otros gastos personales imprescindibles, la factura aumenta en unos 4.600 euros más, sin contar los gastos extraordinarios ni la necesaria renovación de sus audífonos. Sus ingresos entre pensión y ayudas de dependencia suman unos 29.000 euros. Las cuentas, por tanto, no salen.

Denuncia en abril

Así que, en abril de 2026, José Manuel presentó una demanda contra la Comunidad de Madrid por tutela de derechos fundamentales, porque defiende que con su hermana se vulneran el artículo 14 de la Constitución española, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Real Decreto Ley 1/2013 de derechos de las personas con discapacidad, y la Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación. El Gobierno regional “no le reconoce el derecho de acceder a un recurso público especializado que se ha solicitado desde el principio y, lo más grave, ni siquiera a ser incluida en la lista de espera para ese mismo recurso en la región donde ya vive. En la práctica, queda así atrapada en una plaza privada inasumible”.

Emilia Sánchez Prieto, diputada socialista, asegura que la Comunidad de Madrid enfoca mal el problema: “Primero porque lo que hay que hacer es estudiar las necesidades de nuestros mayores y luego destinarles los recursos necesarios, no que se mire solo el criterio de la edad. Este es un sector muy sensible, en el que encima los centros pequeños están cautivos, ya que la Comunidad firma un acuerdo marco a siete años que ahoga a estas entidades, y el que se queje se queda fuera. Hacen falta más plazas y profesionales, una inversión de 100 millones de euros como ha dicho el Tribunal de Cuentas”. Otro de los problemas “es que este es un sector completamente privatizado. Y la Comunidad concierta plazas, pero no las llena. Y encima hay lista de espera. Solo ejecutan el 80% del presupuesto. Está todo mal diseñado”, señala la parlamentaria socialista.

Hay además un antecedente imposible de ignorar. El Tribunal Constitucional ya condenó a la Comunidad de Madrid en su sentencia ‘3/2018′ por utilizar el criterio de la edad para excluir a personas con discapacidad intelectual del acceso a recursos especializados, declarando contraria a la Constitución esa forma de aplicar el filtro cronológico en situaciones como esta. Ocho años después, la familia sostiene que la barrera de la edad sigue funcionando en la práctica.

Así lo apuntan, según la demanda presentada, la propia página web de la Administración regional, la información que facilita el servicio 012 y, de forma especialmente clara, los formularios de solicitud, que encauzan por edad a los solicitantes mayores de 65 años hacia las residencias de mayores. “Y lo que nos hemos encontrado y hemos documentado es que ese filtro sigue operando de facto, aunque no siempre aparezca por escrito, mientras muchas familias se quedan solas y sin voz”, asegura José Manuel. “La Comunidad sabe que tiene que aplicar una sentencia del Constitucional de hace ocho años. ¿Está prevaricando? Lo siguen haciendo sin pie ni cabeza. Saben que lo hacen mal y siguen aplicando un sistema para los mayores dependientes que es ilegal", explica Sánchez Prieto.

La propia Administración madrileña reconoció meses después, en la Asamblea de Madrid, que la cuestión no está resuelta. La directora general de Atención a Personas con Discapacidad admitió el pasado mes de junio que el acceso a estos centros especializados “ha estado tradicionalmente restringido a personas mayores de 65 años por lo establecido en la normativa aplicada en cada momento, lo que delimitaba el perfil de entrada en los recursos residenciales especializados. Se dan distintas situaciones a la hora de proceder a la adjudicación de plazas públicas a personas mayores de 65 años dentro de la red de atención a personas con discapacidad, lo que exige un análisis muy individualizado de cada caso concreto”.

La diputada Paz Serra, de Más Madrid, llevó el caso de ‘Maricarmen’ al Parlamento madrileño como ejemplo de discriminación e incumplimiento de la ley. “Al denegar una plaza en una residencia especializada para personas con discapacidad se les está denegando la atención requerida porque el personal de las residencias mayores está formado para unas necesidades distintas de la necesidad específica de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad además viven procesos muy distintos, y poner una barrera de los 65 años nos habla de una barrera meramente administrativa, porque el deterioro cognitivo y vital de las personas con discapacidad no es similar a la de las personas sin discapacidad”.

Medida cautelar

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha hecho caso omiso de dos proposiciones no de ley aprobadas en la Cámara regional en las que se le instaba a modificar la normativa. La segunda de ellas salió adelante con los votos a favor del Grupo Popular. Tampoco ha atendido a lo señalado en el citado informe de la Cámara de Cuentas, que alude igualmente a la necesidad de modificar la normativa para adaptarla a lo dictaminado por el Tribunal Constitucional. Ahora, el mismo juzgado que ha dado la razón a ‘Maricarmen’ ya había acordado una medida cautelar para garantizar su permanencia en la residencia, adscribiéndole “una pública o concertada, considerando su estabilidad emocional y la relación afectiva de pareja que mantiene con otro residente, evitando cualquier interrupción del servicio durante la pendencia del procedimiento”.

La medida, que pretendía garantizar la continuidad de su vida en el centro y preservar también su relación con Alejandro, ha sido recurrida por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La batalla judicial, por tanto, todavía no ha terminado. Pero el caso de ‘Maricarmen’ ya ha puesto sobre la mesa una pregunta que va mucho más allá de su situación personal: ¿qué ocurre con las personas con discapacidad que intentan acceder a una residencia especializada una vez que cumplen 65 años y siguen necesitando exactamente los mismos apoyos que necesitaban el día anterior?