El Supremo mantiene la suspensión del voto a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para el 29-N

El Tribunal Supremo ha decidido que mantendrá la suspensión cautelar del derecho al voto para los españoles nacionalizados por la ley de nietos. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo han desestimado el recurso de la Abogacía del Estado, que pedía suspender la prohibición para los próximos comicios ante la “imposibilidad material” de revisar los casi 170.000 expedientes a los que afectaba la medida adoptada por el Supremo.

En la práctica, supondrá privar del derecho a voto a todos los nacionales españoles que accedieron a ella a través de una instrucción que desarrolla la ley de nietos. Era una medida reclamada tanto por Vox como por el partido Iustitia Europa.

La decisión afecta al censo de residentes ausentes en el extranjero, conocido como el voto CERA, que quedó cerrado el pasado 1 de agosto. Hasta que la administración no acredite que sus expedientes cumplen con los requisitos establecidos, 168.896 ciudadanos no podrán votar el próximo 29 de noviembre.

El Supremo no considera el voto “un derecho de carácter absoluto”

La Abogacía del Estado había pedido al Supremo suspender la medida cautelar para los próximos comicios. Entre los ocho argumentos que esgrimía el Gobierno, principalmente destacaba la imposibilidad de revisar a tiempo los cerca de 170.000 expedientes que se veían afectados por la suspensión del voto antes de las elecciones. Ante la falta de tiempo, se correría el riesgo de vulnerar el derecho fundamental de miles de españoles.

Ante esta postura, los magistrados han considerado que el sufragio “no es un derecho de carácter absoluto” y que está supeditado “a intereses generales”, como “el de preservar la veracidad e inexistencia de irregularidades en el censo”. El Supremo ha puntualizado que, por el momento, el Gobierno no ha establecido cuántos de estos expedientes ha revisado. “El nivel de cumplimiento de lo ordenado”, apunta la sentencia, “es inexistente o, al menos, desconocido”.

La decisión ha sido emitida con un voto particular, el de la magistrada Millán Herrandis, quien considera que el adelanto de elecciones ha cambiado cualitativamente el escenario a analizar. En septiembre, cuando empezó el proceso judicial, la suspensión recaía sobre eventuales procesos electorales futuros, pero ahora afecta a unos comicios concretos y obliga, por tanto, a una nueva ponderación.

Herrandis considera que el perjurio es “actual e irreversible” y que, aun si en el futuro se decide mantener el derecho a voto de los afectados, nada “podrá restituirles la oportunidad perdida de participar en ese específico proceso electoral”.

El Gobierno intentará recurrir la decisión

Tras conocerse la noticia, el Ejecutivo central va a comenzar a estudiar si puede recurrir la decisión del Supremo ante el Tribunal Constitucional antes de que se celebren las elecciones. Así lo han indicado fuentes gubernamentales a Europa Press, que han lamentado que para “algunos” el derecho a voto no parece “tan relevante”.

Según ha indicado un miembro del Gobierno durante los corrillos con periodistas en la recepción en el Palacio Real de este 12 de octubre, se barajará a través de la Abogacía General del Estado si se considera como definitiva la suspensión cautelar del voto para quienes hayan sido incluidos en el censo en virtud de la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática a menos que acrediten que son descendientes de exiliados, y por tanto el Gobierno puede recurrir ante el Constitucional o solo pueden hacerlo los afectados.