El Gobierno da por recuperada la normalidad en Ceuta tras terminar de desalojar de las playas los asentamientos en los que vivían miles de migrantes

El Gobierno ha dado por concluidos los desalojos de los asentamientos de migrantes en el litoral de Ceuta tras la intervención de este domingo en El Guano, uno de los últimos puntos de concentración que quedaban en la costa. El ministro de Política Territorial y coordinador del mando único de la crisis migratoria, Ángel Víctor Torres, ha cifrado en cerca de 12.000 las personas que han regresado a Marruecos desde el pasado 10 de agosto y ha asegurado que el Ejecutivo ha cumplido cuatro días antes del plazo previsto su objetivo de despejar las playas. La operación, sin embargo, continuará en otros puntos de la ciudad, donde todavía hay personas que pernoctan al aire libre.

“Adquirimos un compromiso hace semanas y fue que el 15 de octubre alcanzaríamos la normalidad en las costas de Ceuta, los distintos asentamientos. Bueno, lo hemos conseguido incluso antes, el 11 de octubre”, ha afirmado Torres después de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado completaran el desalojo de El Guano. El ministro ha advertido de que la retirada de los campamentos no supone el final de las actuaciones policiales, que se extenderán ahora a las barriadas y otros espacios urbanos en los que puedan permanecer migrantes sin alojamiento.

“Vamos a seguir trabajando para que esa normalidad sea completa con las personas que queden en los barrios, de acuerdo a los informes, indicaciones y actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, ha señalado. El siguiente objetivo del dispositivo es, por tanto, localizar a quienes han abandonado los asentamientos de la costa y se han dispersado por otros puntos de Ceuta, así como determinar qué actuaciones corresponden en cada caso.

El desalojo de El Guano culmina la operación en las playas

La intervención de este domingo en El Guano ha puesto fin a las principales concentraciones de migrantes que se habían formado en el litoral ceutí durante las últimas semanas. La operación se ha desarrollado después de los desalojos de las playas de Benítez y El Trampolín, donde se habían instalado cientos de personas a la espera de una oportunidad para cruzar a la península o regresar a Marruecos.

El dispositivo se enmarca en la respuesta del Ejecutivo a la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma desde las entradas masivas registradas a finales de julio. Desde entonces, numerosos migrantes, en su mayoría jóvenes, han permanecido en asentamientos improvisados junto a la costa, a la espera de una solución a su situación administrativa o de poder continuar su recorrido hacia la península.

La operación en El Trampolín, uno de los principales focos de concentración, comenzó el 4 de octubre. Según el balance difundido entonces por Torres, durante la primera jornada fueron trasladadas unas 1.100 personas. Al día siguiente, más de 1.200 migrantes que se encontraban en el asentamiento habían optado por regresar voluntariamente a Marruecos, de acuerdo con las cifras facilitadas por fuentes policiales.

El desalojo de El Guano se ha producido en un contexto de presión sobre los recursos de acogida y de atención a los menores extranjeros no acompañados. En este asentamiento se habían concentrado cientos de personas, entre ellas adolescentes que reclamaban su traslado a centros de protección. Las condiciones de vida en estos espacios improvisados, expuestos a las inclemencias meteorológicas y sin las infraestructuras necesarias, habían convertido su desmantelamiento en una de las prioridades de las administraciones.

Tras las intervenciones policiales, los servicios municipales deben retirar las tiendas, los enseres abandonados y los residuos acumulados para recuperar las condiciones de salubridad de las zonas afectadas. El Gobierno sostiene que la retirada de los asentamientos permitirá devolver estos espacios a la normalidad, aunque la presencia de migrantes en otros puntos de la ciudad obliga a mantener parte del dispositivo.

Cerca de 12.000 retornos desde agosto

El balance de retornos a Marruecos constituye uno de los principales indicadores que maneja el Ejecutivo para evaluar la evolución de la crisis. Torres ha situado este domingo en cerca de 12.000 el número de personas que han regresado al país vecino desde el 10 de agosto, una cifra que incluye tanto los retornos voluntarios como las expulsiones tramitadas por las autoridades.

El último balance detallado difundido por el Ministerio de Política Territorial, correspondiente al jueves, situaba en 11.026 las personas que habían regresado a Marruecos desde esa fecha. De ellas, 10.513 lo habían hecho de forma voluntaria y 513 mediante expulsiones. El departamento también había contabilizado 2.783 retornos entre el 29 de septiembre y el 7 de octubre, en una semana marcada por los operativos para despejar los asentamientos del litoral.

En paralelo a los desalojos, las autoridades han mantenido los procedimientos de identificación y filiación de los migrantes. Los adultos trasladados desde los campamentos pueden dirigirse a la frontera del Tarajal para regresar a Marruecos o ser conducidos al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), donde se realizan las actuaciones correspondientes. La situación de cada persona determina los siguientes pasos, incluidos los procedimientos relacionados con una eventual solicitud de protección internacional.

El desmantelamiento de los asentamientos no significa, sin embargo, que todas las personas que se encontraban en ellos hayan abandonado Ceuta. Parte de los migrantes se ha desplazado a otros puntos de la ciudad antes de la llegada de los agentes, lo que obliga a las fuerzas de seguridad a ampliar sus actuaciones más allá de las playas. Las zonas urbanas, las barriadas y otros espacios donde pueden pasar la noche al aire libre forman parte ahora de las áreas en las que se centrarán los esfuerzos policiales.

La atención a los menores extranjeros no acompañados sigue siendo otro de los frentes de la crisis. Su acogida corresponde a la ciudad autónoma, que debe garantizar su protección mientras se determina su situación y se estudian las posibles medidas de traslado a otros territorios. La presión sobre los recursos disponibles ha alimentado las reclamaciones de más medios para atender a estos jóvenes, algunos de los cuales permanecían fuera de los centros de acogida mientras se desarrollaban los operativos en la costa.