El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza desalojar la acampada de Sol como pedía Ayuso

El Gobierno regional pretendía que la Delegación del Gobierno, responsable de la gestión estatal del orden público en la región, levantara la protesta por el derecho a la vivienda

Imagen de la acampada en la Puerta del Sol, Madrid, en protesta por la vivienda.
(Alberto Ortega / Europa Press)
Imagen de la acampada en la Puerta del Sol, Madrid, en protesta por la vivienda. (Alberto Ortega / Europa Press)
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado este lunes la medida cautelarísima con la que el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso buscaba obligar a la Delegación del Gobierno a desalojar la acampada por el derecho a la vivienda de la Puerta del Sol, que ocupa la plaza desde el pasado 26 de septiembre tras una manifestación multitudinaria en rechazo al desahucio de Maricarmen Abascal. Impulsada por el Sindicato de Inquilinas, por el momento la acampada se mantiene en el kilómetro cero de Madrid, pese al revés de que no salieran adelante los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno.

El Ejecutivo de Ayuso había solicitado una medida cautelarísima para que la Delegación del Gobierno ordenara el desalojo inmediato de la protesta, al considerar que la situación requería una intervención urgente. La magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Madrid concluyó, sin embargo, que no era competente para resolver el caso y remitió las actuaciones al TSJM, que ahora ha desestimado la petición.

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El Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida también ha presionado para desalojar la protesta, de forma que la semana pasada remitió a la Delegación del Gobierno un informe en el que alertaba sobre “el riesgo de orden público” por la presencia de “adoquines y cuchillos”, a pesar de que no se ha registrado ningún altercado, excepto por los intentos de manifestantes de ultraderecha por sabotear la protesta. El ayuntamiento adjuntó en ese informe una fotografía en la que aparece un cuchillo de cocina junto a varios trozos de pan y un envase de hummus y otra de adoquines de obra que los participantes están utilizando para sujetar mejor las tiendas de campaña.

Imagen de la acampada en la Puerta del Sol en Madrid. (Fernando Sánchez / Europa Press)
Imagen de la acampada en la Puerta del Sol en Madrid tras el rechazo de Junts, PP y Vox a los decretos de vivienda. (Fernando Sánchez / Europa Press)

Desde la instalación de la acampada en la Puerta del Sol, la protesta por el derecho a la vivienda no ha dejado de sumar participantes hasta ocupar todo el espacio disponible en la plaza y parte de calles cercanas, como Preciados. La movilización evoca así a la ya histórica acampada del 15M de 2011, aunque en esta ocasión las reivindicaciones se centran en la vivienda. De hecho, la experiencia de la movilización de hace 15 años ha servido ahora para que los participantes se organicen mejor: el espacio cuenta con carpas, generadores solares, puestos de información y comida, e incluso “calles” con nombres como el de Maricarmen, Pedro Zerolo o Gloria Fuertes.

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“Sin riesgo para el orden o la salud pública, no se puede desalojar”

La cooperativa Red Jurídica explicaba hace unos días a Infobae que el desalojo de una protesta pacífica solo se puede llevar a cabo “si se acreditasen riesgos graves para la seguridad pública, el orden público o la salud pública”, puesto que las molestias derivadas de una protesta, como el ruido o los cortes de tráfico, “no bastan por sí solas para levantar una concentración”.

La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a las protestas señala que “las sociedades democráticas tienen que tener un cierto grado de tolerancia ante las molestias que de por sí generan las protestas”, aclaraba Red Jurídica, y ese criterio incluye las alteraciones ordinarias que puede generar una concentración en el espacio público como la acampada de Sol. “Mientras no haya motivos de orden público, de seguridad o salud pública, no hay argumentos jurídicos para desalojar una protesta pacífica. Que una concentración ocupe una plaza o una manifestación corte calles no lo convierte en un problema de orden público”, indicó el abogado Eduardo Gómez, integrante de esta cooperativa.

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