
Cuando pensamos en ‘Pesadilla en la cocina’, nos vienen a la cabeza imágenes sobre los problemas de los restaurantes. Sin embargo, la frase aplica sobre todo a quienes trabajan preparando los alimentos en esos lugares, y que soportan un ambiente dominado por el estrés, la exigencia constante y unas condiciones laborales que a veces están en un límite legal debatible. Es el caso del protagonista de este artículo, que durante ocho años acumuló 330 horas extra y tuvo un solo día libre a la semana sin reclamar nada a su empleador. Hasta que, tres días después de afiliarse al sindicato CCOO, pidió algo distinto: un calendario laboral con la jornada de 1.750 horas anuales que marca el convenio, un domingo libre al mes y dos días de descanso semanal. Seis días más tarde, fue despedido.
Minutos después de recibir la carta de despido, fue a ver a su jefe. La conversación que siguió está recogida en la sentencia judicial del caso, que terminó en los tribunales. El cocinero le dijo: “Tú me estás echando porque yo he ido a pedirte lo mío”. Y su responsable respondió: “No, te estoy echando porque en los últimos meses se ha repetido, siete veces, esto”. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no aclara a qué se refería el jefe con “esto”, pero ha dejado claro que no tenía relevancia. Y es que los jueces han dado la razón al empleado, al confirmar la nulidad del despido porque estiman que fue una represalia contra el trabajador por reclamar sus derechos.
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La sentencia obliga a readmitir al cocinero en las mismas condiciones laborales que tenía antes de ser despedido y a abonarle los salarios dejados de percibir desde el despido. A esto se suma una indemnización de 10.000 euros por la lesión de su garantía de indemnidad, el derecho fundamental que impide a un empleador tomar represalias contra quien ejerce acciones para defender sus condiciones de trabajo.
Los motivos del despido que la empresa no pudo probar
La carta de despido atribuía al cocinero faltas muy graves para justificar la extinción del contrato, como haber acudido al trabajo bajo los efectos del alcohol o las drogas en dos ocasiones, cuando habría cometido errores con las comandas y se habría mostrado en condiciones físicas no aptas para trabajar.
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La empresa propuso como testigos a dos proveedores que, según sus declaraciones, habrían presenciado los hechos. Sin embargo, la jueza de instancia señaló que esos proveedores no tenían previsto hacer reparto ese día en el local, no precisaron la hora de los hechos y sus testimonios presentaban “claras incongruencias”. Tampoco se llamó a declarar a un camarero que, según otro testigo de la propia empresa, estaba presente en la cocina durante ese turno. La cadena de mensajes de WhatsApp que aportó la empresa como prueba adicional tampoco fue aceptada por el tribunal de primera instancia.
El fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha aplicado la doctrina de la garantía de indemnidad, un principio que protege al trabajador de cualquier represalia derivada del ejercicio de sus derechos. Cuando existe un indicio de que el despido puede enmascarar una vulneración de un derecho fundamental, la carga de demostrar lo contrario pasa al empleador. El tribunal citó la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo para sostener que “una actuación empresarial motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido debe ser calificada como discriminatoria y radicalmente nula”.
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