Sin riesgo grave para el orden o la salud pública, la acampada en Sol puede continuar: por qué no puede ser desalojada una protesta pacífica

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha confirmado este jueves que acudirá a los tribunales para solicitar medidas cautelarísimas que permitan desalojar la acampada instalada en la Puerta del Sol en Madrid, después de que la Delegación del Gobierno, organismo que coordina a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante una eventual intervención, no atendiera el requerimiento de la Comunidad para desmantelarla. Lejos de desaparecer, la acampada ha ido sumando apoyos en estos últimos días y, de momento, los participantes no tienen intención de marcharse.

El Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida también presiona y ha remitido a la Delegación del Gobierno un informe en el que alerta sobre “el riesgo de orden público” por la presencia de “adoquines y cuchillos” en la acampada, a pesar de que no se ha registrado ningún altercado. En el documento se ha adjuntado una fotografía en la que aparece un cuchillo de cocina junto a varios trozos de pan y un envase de hummus y otra de adoquines de obra que los participantes están utilizando para sujetar mejor las tiendas de campaña.

La acampada, que surgió la noche del sábado a raíz de una multitudinaria manifestación por el desahucio de Maricarmen Abascal, ya suma unas 1.200 tiendas y, poco a poco, se va pareciendo más a la ya histórica del 15M de 2011, aunque en esta ocasión las reivindicaciones se centran en la vivienda. De hecho, la experiencia de la movilización de hace 15 años ha servido ahora para que los participantes, convocados por el Sindicato de Inquilinas, se organicen mejor, por lo que el espacio cuenta ya con carpas, baños portátiles, generadores solares e incluso “calles” con nombres como el de Maricarmen, Pedro Zerolo o Gloria Fuertes.

Los manifestantes mantendrán la protesta por lo menos hasta el viernes, cuando el Congreso debe votar los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno el martes en el Consejo de Ministros, que incluyen medidas para regular el alquiler de habitaciones, prohibir los desahucios hasta 2030 y renovar automáticamente los contratos. Esta última iniciativa es la que enfrenta más obstáculos al no haberse negociado con los grupos parlamentarios.

Tolerancia ante las molestias

Pero más allá de lo que pueda suceder en el Congreso, ¿se podría desalojar la acampada de Sol? En Infobae hemos preguntado a la cooperativa Red Jurídica y su respuesta ha sido clara: “El desalojo de una protesta pacífica solo tendría encaje jurídico si se acreditasen riesgos graves para la seguridad pública, el orden público o la salud pública, y existe, además, abundante jurisprudencia al respecto, tanto del Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, explica el abogado Eduardo Gómez, miembro de esta cooperativa. Las molestias derivadas de una protesta, como el ruido o los cortes de tráfico, no bastarían por sí solas para levantar una concentración, añade.

Lo que señala la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a las protestas “es que las sociedades democráticas tienen que tener un cierto grado de tolerancia ante las molestias que de por sí generan las protestas”, y ese criterio incluye las alteraciones ordinarias que puede generar una concentración en el espacio público como la acampada de Sol, indica Gómez. “Mientras no haya motivos de orden público, de seguridad o salud pública, no hay argumentos jurídicos para desalojar una protesta pacífica. Que una concentración ocupe una plaza o una manifestación corte calles no lo convierte en un problema de orden público”, insiste.

La acampada de Sintel duró seis meses

Además de la acampada del 15M, que se prolongó durante casi un mes, hasta el 11 de junio, hay protestas anteriores de mayor duración, como la que protagonizaron los trabajadores de Sintel en 2001 en el paseo de la Castellana, frente a los entonces ministerios de Economía y de Ciencia y Tecnología. La empresa de telecomunicaciones atravesaba una crisis y parte de la plantilla llevaba meses sin cobrar, por lo que la protesta llegó a reunir a unos 1.500 empleados y contó con cocinas, comedores, calles improvisadas y estructuras de madera que reemplazaron a las tiendas de campaña iniciales. La acampada se mantuvo durante 187 días, algo más de seis meses.