“He recibido órdenes para no incluir pacientes”: nuevos testimonios aseguran que Madrid maquilla listas de espera en los hospitales

La Comunidad de Madrid enfrenta un nuevo escándalo relacionado con su sistema sanitario después de que el diario El País revelase que dos responsables del Hospital Ramón y Cajal cambiaron el estatus de gravedad de 57 pacientes para maquillar las listas de espera. El Ejecutivo regional ha iniciado una investigación sobre los hechos, pero consideran que es “mentira que se estén maquillando las listas” y acusan al propio cirujano que destapó la historia de haber manipulado las citas para “trabajar menos y operar casos menos complejos”.

Desde el sindicato madrileño Amyts, sin embargo, tienen claro que “es algo que hacen prácticamente la totalidad de los centros para ocultar datos negativos a la Consejería”. Este jueves, la presidenta de la organización, Ángela Hernández, ha difundido varios testimonios anónimos que alertan de que las prácticas y presiones para maquillar las listas de espera se extienden por multitud de centros de la región.

“No es un caso aislado, no es solo un centro, no es solo la Comunidad de Madrid. Es la gestión con recursos insuficientes. Es el uso partidista electoralista de la sanidad. Es el miedo a las consecuencias de denunciarlo. Es una presión asistencial desajustada a los medios”, denuncia Hernández en sus redes sociales.

Denuncian listas paralelas para ocultar la espera real

En total, son cinco los testimonios difundidos por la secretaria general de Amyts. En uno de ellos, un doctor asegura haber recibido “órdenes verbales para no incluir algunos pacientes en LEQ [lista de espera quirúrgica] en el último trimestre del año o no incluir como preferente algunas patologías”, para evitar engordar el número de personas en espera. Según este testimonio, algunos centros tendrían “una lista de preferentes paralela de gestión interna” para evitar notificar a la Consejería de Sanidad.

Marcar a un paciente como preferente en la lista de espera supone que debe ser operado en 90 días, mientras que aquellos de preferencia normal tienen hasta 180 días para pasar por quirófano. Cuando la intervención se retrasa, se incumplen los objetivos de productividad marcados por la Consejería de Sanidad, lo que puede resultar en la pérdida del complemento de productividad o de fondos para el propio hospital.

“En mi hospital lo he observado en mi lista de espera de Trauma: los que se pasan de días y [las operaciones que] se suspendieron por huelga aparecen como ‘demora por ajustes de LE [lista de espera]’ y así no salta en la Consejería como ‘pasado de fecha’”, denuncia otro doctor anónimo.

En otros casos, el “maquillaje” de listas de espera pasa por ejercer presiones a los profesionales sanitarios. Según un testimonio anónimo compartido por Hernández, varios médicos fueron “castigados” sin hacer peonadas (jornadas extraordinarias) durante un año por no cumplir los objetivos de productividad. “Cuando cumplimos, nos permitieron volver a hacerlas, siempre que programásemos solo dianas [pacientes que están a punto de pasarse del plazo de 90 días]”, continúa el relato.

“El bulo del culo de la semana”

Hernández asegura que son prácticas extendidas en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS), pero rara vez queda reflejado por escrito. “Esto es algo que los servicios transmiten vía oral, no por escrito. Es muy difícil que haya alguien con tan poca vista como para hacerlo como en el Ramón y Cajal”, valora.

Mientras, el Gobierno de la Comunidad de Madrid continúa tachando de mentiras la denuncia del Ramón y Cajal. Para la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se trata del “bulo del culo de la semana”, del que responsabiliza al médico que denunció los hechos en El País. “Es un señor el que está manipulando las citas sanitarias, las suyas, que encima, entre otras muchas lindezas, se le conoce por reventarle el coche al jefe y por tener expedientes disciplinarios abiertos”, ha declarado Díaz Ayuso en el pleno de la Asamblea de Madrid.

Este señalamiento, según Hernández, es “absolutamente desproporcionado”. “Van contra todas las leyes de protección de denunciantes y que además van a tener que respaldarlas”, concluye.