El Gobierno de Estados Unidos ha firmado 17 acuerdos bilaterales y confidenciales con las principales farmacéuticas del mundo para reducir el precio de los medicamentos en su territorio, una estrategia que empieza a influir en los sistemas de salud europeos. La herramienta central de esta política, conocida como “nación más favorecida” (Most Favored Nation, MFN), busca que Washington pague por sus fármacos un precio similar al que abonan otros países ricos, algo que hasta ahora no ocurría: Estados Unidos paga más del doble por los medicamentos de marca bajo patente que los cinco mayores mercados farmacéuticos europeos, según datos de 2022 recogidos en un informe de Funcas.
Bajo esta estrategia, Estados Unidos exige que el precio que pagan sus programas públicos y privados por un medicamento nuevo no supere al segundo más bajo observado en un grupo de países de referencia, entre ellos Alemania, Canadá, Dinamarca, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Suiza. Se trata, en esencia, de la versión estadounidense de los precios de referencia internacionales, un instrumento que los sistemas de salud europeos aplican desde la década de los noventa.
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El punto que conecta esta política con los sistemas de salud europeos está en la definición del precio de referencia. Si Washington solo se compromete a pagar el segundo precio más bajo entre un grupo de países ricos, la industria farmacéutica tiene incentivos para intentar que esos precios de referencia suban antes de fijar el precio en Estados Unidos. Es lo que la literatura económica describe como “compresión internacional de precios”: Estados Unidos acaba pagando menos de lo que pagaba inicialmente, pero para el resto los precios suben.
Qué es la política de nación más favorecida
La medida no es una ley aprobada por el Congreso, sino un conjunto de pactos directos entre la Casa Blanca y la industria, respaldados por la amenaza de aranceles. Su despliegue comenzó en mayo de 2025, cuando la Administración de Trump optó por negociar directamente con la industria. Entre julio de 2025 y abril de 2026, el Gobierno estadounidense envió cartas a 17 grandes compañías farmacéuticas (entre ellas Pfizer, AbbVie, Novartis, Sanofi, Eli Lilly, Novo Nordisk, Johnson & Johnson y Merck) para exigirles el cumplimiento voluntario de precios MFN a cambio de la exención de aranceles hasta enero de 2029 y la exclusión de los programas obligatorios de fijación de precios que Washington reserva para las empresas que no firmen.
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Qué está en juego para el acceso a los medicamentos
El informe de Funcas identifica varios riesgos derivados de esta dinámica para los sistemas de salud europeos. El primero es el retraso en el lanzamiento de nuevos tratamientos en los países que la industria usa como referencia para fijar precios internacionales. En los diez meses posteriores a la introducción de la política MFN en Estados Unidos, los lanzamientos de nuevos medicamentos en Europa cayeron un 35% respecto al periodo previo, según datos recogidos en el documento, que matiza que puede tratarse solo de una primera reacción de la industria.
El segundo es el aumento de mecanismos de descuento poco transparentes, que dificultan calcular cuánto pagan realmente los sistemas de salud por cada fármaco. Ante la dificultad de resistir la presión sin disparar el gasto público en medicamentos, varios gobiernos europeos han optado por dificultar el acceso a la información sobre los precios netos que realmente pagan sus sistemas de salud. Francia, Alemania, España e Italia han avanzado en los últimos meses medidas legislativas orientadas a blindar la confidencialidad. España no forma parte de la cesta de países que fija el precio de referencia, pero sí queda incluida en programas paralelos de Medicare como GUARD y GLOBE, lo que explica su interés en proteger la confidencialidad de sus precios netos.
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