El mapa del “robo de agua” en España: seis zonas críticas y más de 80.000 hectáreas de regadío bajo sospecha

Mientras disminuye el agua almacenada en embalses y acuíferos —la reserva hídrica española se sitúa en el 61,8% de su capacidad—, las extracciones irregulares persisten en España. La organización WWF denuncia en una nueva investigación, publicada este jueves, que más de 80.000 hectáreas de cultivo se riegan con agua obtenida de forma presuntamente ilegal en seis zonas de España afectadas por una grave sobreexplotación de los acuíferos, una situación que amenaza espacios naturales como Doñana y las Tablas de Daimiel y que coincide con la elaboración de una nueva planificación hidrológica para un escenario de menor disponibilidad de recursos.

La investigación, elaborada durante más de año y medio con datos oficiales de 2023 y 2024 sobre parcelas con derechos de riego, sitúa los principales focos en Alto Guadiana (provincia de Ciudad Real), Almonte-Marismas (Huelva), Los Arenales (Castilla y León), Baza (Granada) y Campo de Cartagena (Murcia), además de zonas del sureste peninsular en Albacete, Alicante y Almería.

“Estos casos no son ejemplos aislados, sino una muestra de un problema mucho más generalizado de uno de los delitos ambientales más extendidos e impunes en España”, ha explicado este jueves Teresa Gil, responsable del programa de agua de WWF.

El informe advierte sobre la situación de las Tablas de Daimiel y Doñana, dos parques nacionales afectados por la sobreexplotación de los acuíferos y las extracciones ilegales de agua, además de que ha detectado un desplazamiento de cultivos hacia territorios con nuevas plantaciones que presentan indicios de ilegalidad. “En Doñana, por ejemplo, ha habido avances contra los cultivos ilegales de frutos rojos en La Rocina, pero al mismo tiempo creció el olivar superintensivo”. En este espacio declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, WWF ha identificado más de 3.300 hectáreas de cultivos en posible situación de ilegalidad.

Sin embargo, el epicentro del robo de agua en España se sitúa en el acuífero de la Mancha Occidental, en la cuenca del Alto Guadiana, indica la organización, que estima que más de 39.000 hectáreas se regarían con aguas subterráneas extraídas con indicios de irregularidad. WWF explica que existen permisos concedidos hace años que autorizan a extraer más agua de la que el sistema puede recuperar, según el Plan Hidrológico de la demarcación del Guadiana, y a ello se suman las limitaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para vigilar y sancionar el uso de aguas subterráneas, además de prácticas que se arrastran desde la normativa anterior.

Menos presión en el Mar Menor, más regadío bajo sospecha en el sureste

El Campo de Cartagena ha reducido de forma marcada las superficies y extracciones de agua bajo sospecha de ilegalidad: el área analizada pasó de unas 11.000 hectáreas en 2019 a 3.271 en 2024, mientras que el volumen de agua subterránea extraída cayó un 65%.

WWF vincula esta evolución con la Ley del Mar Menor, la declaración de acuíferos en riesgo y el plan estatal de recuperación aprobado en 2022. Pero la mejora contrasta con el avance del problema en el sureste de la cuenca del Segura: en Albacete, Alicante y Almería, unas 15.230 hectáreas se regarían con agua de extracciones bajo sospecha de ilegalidad. Casi tres de cada cuatro se concentran en Albacete, con más de 11.500 hectáreas.

Baza agrava la presión sobre el acuífero, mientras Los Arenales muestra una leve mejora

Baza es uno de los focos más delicados: más de 4.000 hectáreas, el 62% de su regadío, usarían agua procedente de extracciones irregulares, según WWF. La organización alerta de que el acuífero Sierra de las Estancias podría soportar una presión equivalente al 208% de su capacidad, con manantiales ya secos y riesgo para el suministro de las poblaciones.

Los Arenales, entre Segovia, Valladolid y Ávila, muestra una evolución distinta. La superficie bajo sospecha descendió de 17.000 hectáreas en 2019 a 16.481 en 2023, tras acuerdos entre la Confederación Hidrográfica del Duero y los usuarios de aguas subterráneas.

Ante este panorama, WWF reclama a las administraciones estatales, autonómicas y locales “una actuación urgente y coordinada para acabar con el robo del agua”. Para ello, aseguran, es imprescindible reforzar los medios de los organismos de cuenca con el fin de clausurar las captaciones de regadíos ilegales y mejorar la vigilancia con contadores y teledetección.

“También deben cruzarse estos datos con el catastro y las ayudas agrarias. Quien utilice agua ilegalmente no puede recibir fondos públicos. La planificación del agua y de la agricultura debe adaptarse a los recursos que realmente tenemos. No podemos seguir concediendo derechos que agraven la sobreexplotación: necesitamos impulsar una transición justa hacia modelos productivos menos dependientes del regadío intensivo”, concluye Gil.