Del archivo de la denuncia a una nueva querella y un pedido ante la ONU: las denunciantes de Julio Iglesias reclaman a España una “investigación efectiva”

El miedo a no ser creídas, la vergüenza, la posibilidad de afrontar un proceso judicial revictimizante o el temor al agresor son algunos de los motivos que dificultan que muchas víctimas denuncien la violencia sexual, unas barreras que pueden ser aún mayores cuando la acusación señala a una figura pública. A Laura y Rebeca, las mujeres que denunciaron al cantante Julio Iglesias por los presuntos abusos sufridos en 2021 en las residencias del artista en las Bahamas y República Dominicana, tampoco les ha resultado sencillo enfrentarse a ese desequilibrio de poder, pero han decidido seguir con su reclamo. A principios de este mes de septiembre presentaron una nueva querella en la Audiencia Nacional, después de que la primera denuncia fuera archivada en España por falta de jurisdicción, y la semana pasada sus representantes legales llevaron el caso ante seis mecanismos especiales de las Naciones Unidas.

En esa comunicación presentada el 10 de septiembre a diferentes instancias de la ONU por Women’s Link, organización que asesora a Laura y Rebeca (nombres ficticios), advierten que España podría incumplir su deber de investigar los hechos denunciados, por lo que piden que se requiera información a las autoridades. Desde Women’s Link explican a Infobae que las dos vías legales, es decir, la querella y la comunicación urgente presentada a la ONU, pueden coexistir y avanzar de manera complementaria y simultánea.

“Con esta carta pedimos a los mandatos que soliciten a España información sobre cómo garantizará una investigación efectiva e independiente, que recomienden medidas urgentes de protección para Rebeca, Laura, sus familias y los testigos, además de que se examine el caso desde una perspectiva de género interseccional. También se les ha pedido a estos mecanismos especiales que trasladen al Estado español una comunicación urgente que informe sobre todas las medidas que está tomando o tomará en relación con sus obligaciones de prevención, juzgamiento y reparación”, señala Jovana Ríos Cisnero, directora ejecutiva de Women’s Link.

La organización recuerda que no sería la primera vez que un organismo internacional señala fallos del Estado español en su respuesta ante la violencia de género. En 2014, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) concluyó que el país no actuó con la diligencia debida para proteger a Ángela González Carreño, una mujer que sufrió violencia machista durante años por parte de su marido, Felipe Rascón, quien terminó asesinando a la hija de ambos en 2003 para después suicidarse. Por otro lado, en octubre de 2024, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España en el caso T.V. por deficiencias en las primeras etapas de una investigación vinculada a explotación laboral.

“Insistimos en que España tiene la obligación de investigar los hechos que Rebeca y Laura han denunciado. Los sistemas de justicia deben ser congruentes, pues no basta con alentar a las mujeres a denunciar, sino que es necesario garantizar que, al hacerlo, puedan acceder a una investigación efectiva y a las medidas de protección que correspondan”, añade Ríos Cisnero.

Temor a represalias

El aspecto más urgente es la seguridad de las denunciantes, ya que ambas temen posibles represalias, señala la organización, que considera que la diferencia de poder, recursos, influencia pública y exposición mediática entre las partes “obliga a reforzar las garantías institucionales”. “Cuando existen diferencias significativas de influencia, recursos o exposición pública, los mecanismos de protección adquieren una importancia aún mayor para garantizar un acceso efectivo a la justicia”, indica por su parte la abogada Estefanny Molina, directora adjunta de Women’s Link.

Entre las medidas solicitadas figura la anonimización de todos aquellos datos que puedan permitir la identificación, directa o indirecta, de las denunciantes, sus familiares y los testigos. También piden que se valore una prohibición de aproximación y de comunicación del querellado hacia las mujeres, ya sea de forma directa o a través de terceras personas.

Pese a los obstáculos, la organización confía en que el caso de Rebeca y Laura “se convierta en un ejemplo de cómo las instituciones de justicia en España sí pueden honrar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales”. Esperan que la querella también sea admitida y estudiada de fondo.

“Sin duda, no ha sido un proceso fácil dado el acceso a recursos e influencia pública del querellado. Sin embargo, su caso es una oportunidad para las instituciones del Estado y la sociedad en general de acompañar a las mujeres que denuncian. Cuando existen importantes diferencias de recursos, influencia o exposición pública entre las partes, las instituciones tienen la responsabilidad de reforzar las medidas de protección para garantizar un acceso efectivo a la justicia, lo cual es especialmente relevante cuando las denunciantes se encuentran en situación de vulnerabilidad, o provienen de contextos donde persisten falencias estructurales en los sistemas de justicia”, concluye la organización.

Ambiente marcado por el control y el acoso

La investigación periodística que permitió conocer los testimonios de Laura y Rebeca, publicada el pasado mes de enero, fue realizada por elDiario.es y Univision durante tres años. Las mujeres describieron un ambiente marcado por el control, el acoso y el abuso de poder, así como por comportamientos que calificaron de agresiones sexuales, tocamientos no consentidos e insultos continuados. Los hechos, según relataron, se produjeron cuando Julio Iglesias tenía 77 años.

Documentación médica a la que accedieron estos medios también mostró cómo las trabajadoras fueron sometidas a pruebas de VIH, hepatitis, clamidia y embarazo, bajo la especialidad de ginecología, unos exámenes a los que solo se sometía al personal femenino. Las mujeres señalaron además que estas pruebas, ajenas a su labor doméstica, se realizaban sin consentimiento informado y bajo la amenaza tácita de perder el empleo.