Crece la presión política para devolver a los menores migrantes llegados a Ceuta, pero los expertos advierten: “El retorno debe decidirse caso por caso”

La situación de los menores extranjeros no acompañados en Ceuta sigue presentando un escenario complejo cuando se cumplen ya más de tres semanas desde la entrada masiva de migrantes desde Marruecos. La Comisión Europea sostiene que el derecho de la UE contempla la devolución al país africano de todos los migrantes en situación irregular que permanecen en la ciudad autónoma, incluyendo los menores que, según cifras del Gobierno central se sitúan en 2.168, frente a los 4.000 que estiman las organizaciones humanitarias. Sin embargo, además de que las leyes españolas impiden la deportación de los menores si no hay garantías para su seguridad y desarrollo en el país de origen, el marco legal comunitario también establece salvaguardas específicas para estos casos.

Bruselas defiende que la directiva de retorno vigente, así como el Pacto de la Unión Europea sobre Migración y Asilo, que fue aprobado el pasado mes de junio y endurece la política del bloque, contiene “disposiciones relativas a la repatriación de migrantes en situación irregular, incluidos los menores no acompañados”, obviando que el derecho comunitario les otorga una protección especial. En el artículo 10 de esa directiva se establece que “antes de tomar cualquier decisión de retorno sobre un menor no acompañado, las autoridades deben garantizar que el niño reciba asistencia de organismos o entidades apropiadas (distintas de las encargadas de hacer cumplir la expulsión), para así asegurar la protección y el interés superior del menor”. Además, añade, no se puede proceder a la expulsión hasta que las autoridades tengan la certeza de que el menor será retornado a un miembro de su familia, a un tutor designado, o en su defecto, a unas instalaciones de acogida adecuadas en el país de retorno.

El Partido Popular se ha pronunciado en la misma línea que la Comisión Europea y ha pedido que sean devueltos “todos los que han entrado ilegalmente”, tanto “mayores como menores” en el plazo máximo de un mes. “No se puede utilizar una ocupación y una invasión de un país para pedir que los menores que han entrado se puedan quedar en nuestro país: ¿cuántos millones de menores se pueden quedar en España? ¿Todos los que entren? ¿De cualquier lugar del mundo?”, señaló el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante la prensa el pasado miércoles.

“Debe primar el interés superior del menor”

Ante las declaraciones defendidas por Bruselas y el PP, organizaciones como Save the Children recuerdan que “no puede afirmarse de manera general y anticipada” que todos los niños, niñas y adolescentes no acompañados serán retornados. La organización insiste en que la legislación española, europea y los estándares internacionales “establecen que el interés superior del niño debe ser una consideración primordial en cualquier decisión que le afecte”.

En primer lugar, señala la ONG, debe determinarse si el niño o niña tiene necesidades de protección internacional (solicitar asilo), en cuyo caso debe garantizarse su acceso al procedimiento correspondiente. Cuando no proceda esta vía, las autoridades deben valorar, de forma individualizada, cuál es la solución más adecuada dentro del marco específico de protección nacional, incluido el procedimiento de repatriación.

“Devolver en caliente a menores migrantes no acompañados es ilegal. No se permite ni en el ordenamiento jurídico español ni en el europeo. Lo que tampoco se puede hacer es devolverlos de manera colectiva, y eso también lo contempla el reglamento de retornos. Lo que se prevé en las normas internacionales, europeas y españolas es que se tiene que dar una respuesta individual a las circunstancias particulares de cada niño y de cada niña, de forma que se tiene que hacer una valoración, escuchando al niño, de cuál es la mejor solución”, señala en diálogo con Infobae Catalina Perazzo, directora de influencia y desarrollo territorial en Save the Children. Además de que los menores tienen derecho a que su opinión se tenga en cuenta, también lo tienen a ser informados sobre el procedimiento, así como a contar con las garantías necesarias para defender sus derechos, recuerda la organización.

Perazzo explica que muchos de los niños, niñas y adolescentes migrantes llegados a Ceuta han huido de situaciones de violencia, a veces dentro de sus propias familias, o de conflictos armados, además de la pobreza y la falta de oportunidades. “Hay menores que han huido de la vida que tenían con su familia y no quieren volver a esa situación”, añade.

El traslado a las regiones no impide estudiar cada caso

El traslado de menores a otras comunidades autónomas, señala Save the Children, no limita el análisis individual de cada caso. Esta medida busca que los niños y niñas reciban protección y apoyo mientras especialistas estudian su situación a fondo y escuchan sus necesidades. Así, se evita tomar decisiones apresuradas sobre su futuro y se asegura que sus derechos estén cubiertos durante todo el proceso, sostiene la organización.

También insisten en que el foco no debe estar en cuántos menores podrán quedarse en España o serán retornados, sino en garantizar su protección mientras se define el mejor camino para cada uno.

Por el momento, el Gobierno de Ceuta y el Ejecutivo central trabajan ya en un plan de emergencia que busca trasladar a unas 500 niñas migrantes a la Península, al ser el grupo más vulnerable. En ese sentido, fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia han aclarado a este periódico que el plan incluye el Real Decreto-ley para la acogida vinculante y solidaria por parte de todas las comunidades autónomas o el acogimiento familiar, pero también otras fórmulas que permitan agilizar la acogida. Entre esas fórmulas se incluye una vía para que organizaciones de protección a la infancia desarrollen la acogida y el cuidado de los perfiles más vulnerables, entre ellos las niñas, en recursos adaptados en Península, sin necesidad de trasladar la tutela a las regiones. Este método cumple con una sentencia del Tribunal Supremo y permite que los traslados se realicen sin que las comunidades autónomas puedan rechazar la tutela, ya que no son ellas quienes asumen esa responsabilidad.