El plan del “Gran Marruecos” que ambiciona la monarquía alauí e incluye Ceuta y Melilla: la raíz histórica y sus territorios

La reciente crisis migratoria en Ceuta ha vuelto a poner en primer plano las tensiones fronterizas entre España y Marruecos. El trasfondo de estos conflictos remite a una doctrina con profundas raíces históricas y políticas. El concepto de “Gran Marruecos” ha marcado la política exterior del país y continúa generando tensiones en el norte y oeste de África. Esta idea, surgida en los años 20 del siglo pasado, sostiene que el actual Marruecos tiene una continuidad histórica con los imperios y dinastías que gobernaron el Magreb, lo que justificaría reclamaciones territoriales más allá de sus fronteras reconocidas.

La disputa por el Sáhara Occidental y la relación complicada con los países vecinos tienen su raíz en esta visión expansionista. La realidad es que el gobierno actual y la monarquía bajo Mohamed VI no tiende a hablar directamente del “Gran Marruecos”. El antecesor en el trono, su padre Hassán II, sí era más directo en las intenciones expansionistas. En los últimos años, las reclamaciones se han centrado en el Sáhara Occidental. No obstante, sí que se encuentran recientes declaraciones de figuras como el ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, que ha asegurado que sigue “sobre la mesa recuperar Ceuta y Melilla”.

El principal ideólogo fue Allal El Fasi, líder del partido entonces independentista, bajo protectorado español y francés, Istiqlal, quien durante la primera mitad del siglo XX defendió que Marruecos debía recuperar territorios vinculados históricamente con dinastías anteriores. El Fasi propuso un vínculo entre el Marruecos moderno y antiguos poderes como el Sultanato benimerín, entre el 1121 a 1269, y el Imperio almohade, entre los años 1244y 1465.

Según esta visión, el “Gran Marruecos” abarca el territorio actual del país, el Sáhara Occidental y Mauritania al completo, zonas de Argelia, el norte de Mali, y los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, junto a las plazas de soberanía española en el litoral africano (Peñón de Vélez de la Gomera, Islas Alhucemas (Islote de Alhucemas, Isla de Mar e Isla de Tierra), Islas Chafarinas (Isla de Isabel II, Isla del Congreso e Isla del Rey) e Islote de Perejil).

La versión oficial marroquí ha utilizado argumentos históricos y religiosos, como la existencia de lazos de vasallaje entre tribus saharauis y el sultán, el cobro de impuestos y la administración religiosa compartida. Estas tesis fueron presentadas por el gobierno de Hassan II ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 1975, en el proceso sobre el futuro del Sáhara Occidental. Según aseguraba el monarca, Marruecos defendió que “la población autóctona había mostrado lealtad al sultán”.

Disputas regionales y acercamiento al Sáhara

Tras la independencia de Marruecos en 1956, la política expansionista se consolidó. El conflicto territorial con Argelia desembocó en la “guerra de las arenas” en 1963, donde Rabat intentó controlar la región de Tinduf, donde están los campamentos saharauis, y otras zonas limítrofes. La disputa por el Sáhara Occidental se intensificó en 1975, cuando la CIJ reconoció relaciones de lealtad religioso-cultural, pero rechazó que constituyeran soberanía territorial.

El rey Hassan II reinterpretó el fallo y organizó la Marcha Verde, una movilización de más de 350.000 personas hacia el Sáhara Occidental, para imponer el control sobre el territorio. España se lo cedió a Marruecos, comenzando sus enfrentamientos con el Frente Polisario. Durante décadas, los ejecutivos españoles mantenían su defensa de que los saharauis eligieran sobre su futuro, pero en 2022 Pedro Sánchez cambió y aceptó la postura marroquí. Estados Unidos también la he dado su apoyo a Marruecos y a España le han seguido el resto de europeos. Así, en 2025, se unió la ONU, con la resolución 2797, donde lo aceptan como “base de las negociaciones”.