El Gobierno catalán contrata a una empresa de “coaching empresarial” para que pueda dar atención psicólogica a las personas que denuncien corrupción: 70 euros por sesión

El Gobierno catalán quiere cuidar a las personas que se atrevan a denunciar casos de corrupción, los conocidos como “alertadores”. Para ello, la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), un organismo dependiente del Ejecutivo presidido por Salvador Illa, acaba de adjudicar un servicio especializado de asistencia e intervención psicológica destinado a proteger a denunciantes de corrupción en las instituciones autonómicas. La empresa que llevará a cabo este servicio es Emocional Technologies 22 SL, una firma creada en abril de 2021 en Girona como entidad tecnológica dedicada al desarrollo de aplicaciones informáticas y que se ha especializado en el ‘coaching empresarial’.

Cataluña recalca que pone en marcha esta medida porque el Parlamento europeo ya aprobó una directiva en 2019 para proteger a las personas que denuncien casos de corrupción, que incluye medidas de asistencia financiera y apoyo psicológico. España traspuso esa directiva en febrero de 2023. La memoria justificativa de este contrato señala que la experiencia acumulada por la Unidad de Protección de esta agencia catalana “ha puesto de manifiesto que la mayoría de las personas que solicitan protección lo hacen en un estado de gran angustia psicológica, ya que dan este paso en un contexto en el que han sufrido, o temen sufrir, represalias contra su persona”.

Y es que denunciar casos de corrupción no es fácil, porque muchas veces se denuncia a superiores. “Las situaciones que, según informan algunos denunciantes, han sufrido como consecuencia de la denuncia son muy variadas, e incluyen el acoso laboral, el aislamiento, la apertura de procedimientos disciplinarios, el descrédito profesional, la presión, la coacción o incluso el despido, entre otras. Asimismo, en ocasiones, también han mencionado el impacto que la situación tiene en su ámbito personal más allá del lugar de trabajo, en amigos y familia”, explican desde la Oficina.

“Medida fundamental”

Además, se ha observado que, en diversos casos, los denunciantes protegidos han tenido que recurrir a tratamiento psicológico privado como consecuencia de las situaciones difíciles que han vivido tras la denuncia. Esta ayuda supone un coste económico que muchas veces dificulta recibir un seguimiento adecuado. “Por otra parte, cabe señalar que el propio sistema sanitario público no permite un enfoque inmediato y urgente”, señalan desde la Oficina. La puesta en marcha de un servicio de apoyo psicológico destinado a ayudar a las personas que soliciten la condición de denunciante protegido “es una medida fundamental para garantizar su bienestar, prevenir posibles daños futuros y reforzar una cultura que fomente la denuncia de irregularidades y la ética dentro de las organizaciones”, justifican desde la Oficina.

18.000 euros

En principio, el presupuesto destinado no parece muy alto: 17.956 euros (IVA incluido) para dar este servicio durante un año a partir de septiembre. En concreto, el organismo catalán pagará una tarifa máxima de 70 euros por sesión de tratamiento individual con el paciente, 70 euros por reunión de coordinación entre los psicólogos y los técnicos de la Oficina, y 300 euros por la elaboración de cada informe asistencial. El objetivo es dar asistencia psicológica a un máximo de 14 personas durante el periodo contratado, asignando un paquete de hasta 10 sesiones individuales por usuario con una frecuencia quincenal. Adicionalmente, se contemplan hasta 12 reuniones de seguimiento entre los terapeutas y la Unidad de Protección de la Oficina.

Para poder prestar el servicio de forma adecuada a la persona que realiza la denuncia, la empresa adjudicataria debe disponer de un centro con licencia sanitaria en alguno de los municipios del Área Metropolitana de Barcelona. Los últimos datos que maneja la Oficina es que la mayoría de las personas protegidas residen en la provincia de Barcelona: el 61% en la Ciudad Condal, el 25% en Girona, el 10% en Tarragona y el 4% en Lleida. La empresa adjudicataria, Emocional Technologies 22 SL, es una startup fundada en Girona por un joven psicólogo, Pedro J. Espinosa García, y un joven ingeniero, Aniol Hervás Royo. Antes habian puesto en marcha un portal de psicología para jóvenes, Synaptiko.

‘Emocional’ nació como empresa tecnológica dedicada al desarrollo de aplicaciones informáticas, caracterizándose en su día por la creación de una Inteligencia Artificial que era capaz de captar las emociones de los trabajadores analizando sus expresiones faciales a través de las cámaras en las videollamadas. Luego amplió su negocio a cursos de liderazgo, gestión del tiempo, talleres de pensamiento crítico y trabajo en equipo. En Madrid, Emocional Technologies también iba a gestionar el nuevo centro de atención integral para hombres víctimas de violencia sexual (el SERPAICAM), un servicio que la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció en septiembre de 2024. Pero aunque la empresa catalana ganó inicialmente esta licitación, finalmente la Mesa de Contratación nunca le llegó a adjudicar el contrato oficialmente porque no pudo acreditar la solvencia técnica que solicitaba la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.