El Gobierno cifra en 2.168 los menores migrantes identificados en Ceuta desde la entrada masiva

Desde el 30 de julio, la Policía Nacional ha registrado la localización y filiación de 2.168 menores en Ceuta, quienes quedaron a disposición de la administración regional, según los últimos datos del Ministerio del Interior. Esta cifra supone un aumento de 270 respecto al último recuento comunicado por el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras un encuentro con representantes de la Delegación de Gobierno, la Policía Nacional y la Guardia Civil, en el que se subrayó la necesidad de priorizar la identificación de los menores.

Para responder a la situación, la ciudad autónoma habilitó nuevos espacios de acogida, entre ellos dos centros escolares, a solicitud del Ministerio de Juventud e Infancia, debido a la saturación de los recursos disponibles en la ciudad.

Los menores esperan soluciones

Los menores identificados permanecen en la ciudad a la espera de soluciones que pueden pasar por su derivación a otras comunidades autónomas o, en algunos casos, la repatriación a sus países de origen. Parte de estos niños y adolescentes procede de países como Chad o Sudán, donde se viven conflictos armados y crisis humanitarias. Organizaciones como Save the Children han recordado que estos menores tienen derecho a solicitar protección internacional y han puesto el foco en la situación de las niñas y adolescentes, expuestas a riesgos añadidos como matrimonios forzosos, trata o violencia sexual.

El Gobierno central ha convocado a las comunidades autónomas a una conferencia sectorial prevista para la próxima semana con el objetivo de debatir la reubicación de los menores y la transferencia de 25 millones de euros para reforzar la atención en Ceuta. Este reparto ha encontrado resistencia política: los gobiernos autonómicos del Partido Popular (PP) han mostrado su rechazo al sistema de distribución propuesto, mientras que las administraciones de Aragón, Extremadura y Castilla y León, donde las políticas de Infancia están gestionadas por Vox, han optado por no participar en la reunión.

El retorno de menores a sus países de origen solo se contempla tras si informe individualizado determina que esa es la mejor opción para el menor. En 2021, el Tribunal Supremo sentenció que la devolución masiva de menores a Marruecos, ejecutada tras la crisis migratoria de aquel entonces, fue ilegal por la “absoluta inobservancia” de las garantías exigidas por la ley de extranjería, como realizar un estudio caso por caso sobre las circunstancias personales de cada joven. Este criterio se aplica también cuando existe un acuerdo bilateral, como el alcanzado con Marruecos en 2007 para la repatriación concertada.

La ley contempla la reagrupación familiar, aunque su implementación exige un análisis minucioso y personalizado. Es imprescindible que el menor exprese su voluntad de regresar y que la Delegación del Gobierno recabe información sobre la situación familiar en el país de origen, para garantizar que el joven recibirá atención adecuada. El procedimiento reconoce el derecho del menor a ser escuchado, a contar con representación legal y a recurrir ante un juez si no está de acuerdo con la decisión. Además, la normativa prevé la posibilidad de que el menor quede a cargo de los servicios de protección del país de origen, siempre que se acredite que estaría mejor atendido allí que en España.

El Gobierno podría ampliar a 4.000 las 1.500 plazas de acogida temporal actuales

Por otro lado, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado el despliegue de cuatro nuevos dispositivos de atención humanitaria en Ceuta, con una capacidad inicial de 1.500 plazas ampliables hasta 4.000. “Efectivamente”, respondió Saiz cuando se le preguntó por la posibilidad de aumentar la capacidad. La ministra explicó en una entrevista en Cadena Ser que ya ha comenzado el montaje de las instalaciones, ubicadas en la explanada de Loma Colmenar, en la Hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y el espacio del Guano. Señaló que la selección de las personas que ocuparán las nuevas plazas se irá determinando en función de los perfiles, con atención especial a casos como mujeres solas o mujeres con menores, y subrayó la importancia de una “atención absolutamente individualizada”.

Saiz destacó la labor de Cruz Roja, Accem y CEAR, entre otras entidades, y anunció reuniones con estas organizaciones y asociaciones vecinales para coordinar la respuesta. Frente a las críticas sobre la supuesta ausencia del Gobierno central, la ministra aseguró que “el Ejecutivo no tenía que venir a Ceuta, está en Ceuta de manera permanente”, y añadió: “Ceuta ni ha estado ni va a estar nunca sola”. Actualmente se distribuyen unos 4.000 kits alimentarios diarios, aunque la ministra reconoció que no dispone de una cifra exacta de cuántos migrantes permanecen en la ciudad. El presidente autonómico Juan Jesús Vivas decía hace poco más de una semana que entre 8.000 y 11.000 personas seguían en la ciudad en situación administrativa irregular, lo que suponía un escenario “absolutamente insostenible”.

Este lunes, Vivas amenazaba con acudir al Poder Judicial ante la “pasividad” del Gobierno central. El presidente de Ceuta considera que el Ejecutivo dispone de medios suficientes para que la ciudad recupere la normalidad en un plazo de 30 días, siempre que exista voluntad política. A su juicio, las actuaciones aún no han comenzado: “La impresión que tengo es que no se ha empezado. Y decimos 30 días porque me parece que es suficiente según los asesoramientos técnicos que hemos recibido”.

En este contexto, Vivas ha planteado la necesidad de movilizar a 50 funcionarios de Extranjería para la tramitación de los expedientes de devolución, traslado o expulsión de los adultos que permanecen en la ciudad. “Esto no es una visión imposible. Esto más bien parece falta de voluntad”, ha afirmado.