El PP y Bruselas burlan las leyes europeas y exigen la devolución sin garantías de los menores que llegaron a Ceuta: “Casi ningún niño quiere retornar”

El Gobierno acelera el traslado urgente de 500 niñas migrantes de Ceuta a la península, pero las comunidades del PP y Génova ya han rechazado el primer intento de acogida. En menos de una semana, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha pasado de defender que cumplirían con la ley, siempre que el reparto fuese “justo, bien dotado y planificado”, a advertir que todos los migrantes en situación irregular debían tener “muy claro que para ellos no hay asilo”.

El líder de los populares subrayó que las devoluciones incluían también a los menores, ya que, según sus palabras, “lo lógico” era que fuesen devueltos a Marruecos. Sus palabras serían replicadas por algunos de sus barones territoriales, entre ellos el murciano Fernando López Miras y la madrileña Isabel Díaz Ayuso. “Marruecos ha solicitado la vuelta de menores; [José Manuel] Albares dijo que así sería y [Fernando Grande] Marlaska lo confirma. Europa lo reclama. ¿Qué problema tiene el Gobierno?“, se preguntó este miércoles la portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, para reclamar después que el Pacto de Migración y Asilo reconoce a Marruecos como ”país seguro" para el retorno de los menores.

El giro en el discurso del PP se explica tras las recientes presiones de la Comisión Europea sobre España para que los menores sean devueltos a Marruecos por estar “cubiertos por el Derecho de la UE”. El portavoz del Ejecutivo comunitario sobre Asuntos Internos, Markus Lammert, sostuvo que el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor desde este mes de junio, incluía disposiciones sobre la repatriación de migrantes en situación irregular, incluidos los menores no acompañados. Desde el Parlamento Europeo, el presidente del Comité de Libertades Civiles, Javier Zarzalejos, del PP, exigiría a Marruecos además que “pasase de los actos a las palabras” con los menores de Ceuta para acoger a estos menores.

“Caso por caso” con los menores

En cambio, tanto el Partido Popular como Bruselas han hecho caso omiso a lo que realmente dicta la legislación internacional en materia de menores. Porque, si bien el Pacto de Migración y Asilo endurece la política de retornos y consolida los centros de deportación fuera del territorio de la UE, los menores no acompañados quedan excluidos de dichos acuerdos o convenios con terceros países. Eso sí, abre la puerta a controles biométricos para verificar la edad de los menores y su detención como “último recurso” durante “el período más breve posible”, con un máximo de 24 meses.

Es un procedimiento que no es sencillo. En el caso de los menores, explican asociaciones como Save the Children, se debe ir “caso por caso” y no se puede devolverlos “de un día para el otro” a petición de Marruecos. Victoria Columba, portavoz del movimiento Regularización Ya!, explica a Infobae que “España es el país responsable de identificar, primero, quiénes son, cuáles son sus vínculos en el otro lado y acogerlos hasta ver cumplidas todas las garantías de retorno”. Y en este sentido, recuerdan el error que cometió el Gobierno tras la entrada masiva de migrantes desde Marruecos el pasado 2021, cuando el ministro Fernando Grande-Marlaska ordenó la devolución inmediata de los menores, una instrucción que sería reprendida por el Tribunal Supremo años después.

Los expertos consultados señalan que la única forma de que estos menores puedan retornar es a través de un acuerdo con los padres del menor, que puede reclamarlo. No obstante, Columba señala que España, y no Marruecos, sería el gobierno responsable de verificar la identidad de los progenitores y de descartar, por ejemplo, que el niño o la niña tiene una historia previa que puede ser susceptible de pedir protección internacional. “La mayoría de los centros a los que les hemos preguntado dicen que casi ningún niño quiere retornar”, aseguran desde Unicef.

El Gobierno acordó el reparto con la ciudad de Ceuta, dirigida por el popular Juan Jesús Vivas, como medida “extraordinaria” dado el colapso que sufren los centros de acogida tras la avalancha migratoria del pasado 30 de julio. Más de 20 días después, todavía quedan más de 2.000 menores en el territorio, entre ellos, niñas que ya han sufrido episodios de agresiones sexuales. Las organizaciones humanitarias han aplaudido este acuerdo, señalando que “puede contribuir desde luego a aliviar la situación de sobreocupación y garantizar un entorno más adecuado para su atención”.

Vox eleva el tono en el Congreso y el PP anuncia una ofensiva política en el Senado

Ante el peligro de bloqueo por las ocho comunidades autónomas gobernadas por el PP, el Ministerio de Juventud e Infancia tiene diseñadas otras fórmulas que podrían agilizar la acogida. Entre ellas, avanzó la cartera de Sira Rego, que la tutela sea gestionada por organizaciones privadas como ONG de infancia, por lo que las administraciones no podrían retrasar su acogida a través de recursos administrativos o judiciales. Una vía urgente que también va en contra de lo que pide Vox, quien llegó a hacer llamamientos para realizar una “cacería de migrantes” en Ceuta.

El partido de Santiago Abascal ya ha registrado una batería de medidas en el Congreso en las que se exige la devolución de todas las personas involucradas en la entrada masiva, incluidos menores cuya edad sería verificada. Además, Vox ha reclamado también que los inmigrantes “que no necesiten tratamientos urgentes” sean trasladados a la frontera marroquí.

Los populares no han querido valorar estas medidas y se centran en una nueva ofensiva política para tratar de retratar a los ministros del gobierno, a quienes acusan de limitarse a hacer el paseíllo en Ceuta durante la gestión de la emergencia. El PP ha llamado a cinco ministros a comparecer en el Senado, pero todos ellos han declinado la petición, ya que registraron posteriormente sus respectivas comparecencias a petición propia en el Congreso. Como respuesta, los senadores del PP prevén aprobar reprobaciones a todos ellos, dejando la puerta abierta a iniciar acciones legales ante un posible conflicto de competencias.