
En España, una de cada ocho personas que está buscando casa tiene previsto mudarse a un municipio de menos de 10.000 habitantes en los próximos meses. Así lo recoge el último estudio de Fotocasa Research, elaborado a partir de encuestas realizadas durante el primer semestre de 2026. Unos datos que rompen con el imaginario general de que es el campo el que se mueve a las ciudades. Ahora parece que es al contrario, y quien lidera el movimiento de las ciudades hacia la España Vaciada tiene, de media, 35 años, trabaja y todavía le quedan proyectos vitales por cumplir.
En concreto, la franja de edad más numerosa de quienes planean trasladarse a un pueblo es la de 25 a 34 años, que concentra al 38% de este grupo. Le siguen los más jóvenes, de 18 a 24 años, que representan el 23% del total. La edad media de quienes tienen planes concretos de mudarse al campo es de 35 años, seis menos que la de quienes descartan por completo esta posibilidad.
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María Martos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, describe este fenómeno como un cambio de paradigma. “Este cambio de perfil demuestra que el medio rural empieza a consolidarse como una alternativa residencial para quienes buscan acceder a una vivienda y desarrollar un futuro con mayor estabilidad”, afirma. Sin embargo, también advierte que el potencial demográfico de este movimiento depende de factores estructurales, ya que “para que esta oportunidad se traduzca en una recuperación demográfica real será imprescindible seguir impulsando el empleo, los servicios, la conectividad y las infraestructuras que permitan atraer y fijar población de forma estable”.

Ciudades medianas como punto de partida
Según el análisis, la mayoría de quienes preparan el salto al mundo rural vive actualmente en ciudades de menos de 50.000 habitantes y, por lo general, no son capitales de provincia. Solo el 36% reside en una gran urbe, una proporción inferior a la del grupo que no contempla el traslado, donde ese porcentaje sube hasta el 43%.
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Esto sugiere que la España rural no está captando principalmente a urbanitas de grandes metrópolis saturadas, sino a residentes de ciudades intermedias que buscan dar un paso más hacia entornos de menor densidad y mayor accesibilidad al mercado de la vivienda, con precios más asequibles y casas más grandes.

Por comunidades autónomas, Cataluña lidera la procedencia de los futuros neorrurales con un 22% del total, seguida de Andalucía (19%) y Madrid (18%). La distribución es, en líneas generales, similar a la de quienes no se plantean el traslado, lo que indica que el fenómeno tiene una presencia transversal en el territorio nacional y no responde a una dinámica exclusiva de ninguna región.
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Rentas medias y situaciones familiares diversas
El perfil económico de quienes planean mudarse a un municipio rural apunta a la clase media y media-baja. La mitad de este grupo tiene ingresos familiares mensuales de entre 1.001 y 3.000 euros. Además, el 13% declara ingresos de hasta 1.000 euros al mes, frente al 8% entre quienes no se plantean el traslado. En el extremo opuesto, los hogares con ingresos superiores a 4.000 euros mensuales están más representados entre quienes descartan la vida rural (16%), frente a los que sí piensan mudarse (9%). Esto apunta a que la búsqueda de vivienda asequible actúa como uno de los motores del desplazamiento hacia el medio rural, especialmente entre los hogares con menor capacidad adquisitiva.
En cuanto a la situación de convivencia, las fórmulas más frecuentes entre quienes van a mudarse a un pueblo son vivir con pareja e hijos (31%) y vivir con los padres (30%). Por otro lado, también están quienes conviven en pareja sin hijos (16%), quienes viven solos (10%) y quienes comparten piso con personas ajenas a la familia (8%).
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La mitad son solteros
En cuanto al estado civil de quienes quieren volver a las zonas rurales, el 50% de quienes tienen previsto mudarse a un municipio pequeño están solteros, frente al 43% entre quienes descartan esa opción. Prácticamente, la otra mitad está casada, en pareja de hecho o convive con su pareja. Solo el 3% está separado o divorciado, un porcentaje que, entre los que no se plantean el traslado, asciende al 10%.
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