Europa señala a España por malos tratos a detenidos en tres prisiones andaluzas: “Reclusos alegaron haber sido abofeteados, golpeados y pateados por funcionarios”

España deberá reforzar las medidas para prevenir los malos tratos a personas detenidas y privadas de libertad tras el toque de atención del Consejo de Europa, que ha detectado un elevado número de denuncias de agresiones por parte de funcionarios en tres prisiones andaluzas y ha reclamado una política de “tolerancia cero” frente a estas prácticas. Así lo recoge el último informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), elaborado tras la visita realizada al país entre abril y mayo de 2025 y publicado este martes.

El organismo europeo sitúa el foco en los centros penitenciarios de Algeciras, Huelva y Puerto III. Aunque reconoce que en prisiones como Madrid VII y Sevilla II las denuncias por presuntos malos tratos han disminuido de forma significativa respecto a anteriores inspecciones, advierte de que la situación “seguía siendo preocupante” en esos tres establecimientos andaluces, donde la delegación recopiló numerosos testimonios de internos que aseguraban haber sufrido agresiones físicas.

Según el informe, “muchos reclusos alegaban que habían sido víctimas de malos tratos por el personal penitenciario”. Esas supuestas agresiones consistían en “bofetadas, puñetazos, patadas y golpes con porras”, que, siempre según los testimonios recabados por el Comité, seguían “un patrón claro” y tenían lugar “en zonas específicas no cubiertas por cámaras de seguridad”.

El CPT añade que varios internos denunciaron que, tras esos episodios, los reconocimientos médicos se realizaban “a través de barrotes y en presencia de funcionarios de prisiones”, una práctica que, a juicio del organismo, compromete la confidencialidad de las exploraciones y dificulta una correcta documentación de las posibles lesiones.

A partir de esas conclusiones, el Consejo de Europa reclama a España que intensifique las medidas para erradicar cualquier forma de maltrato dentro de las cárceles. Entre sus recomendaciones figura trasladar al personal penitenciario un mensaje claro de “tolerancia cero”, reforzar la formación en técnicas de desescalada de conflictos, mejorar la calidad de los informes médicos sobre lesiones y garantizar investigaciones “verdaderamente eficaces e independientes” cuando existan denuncias de malos tratos. También considera necesario un control “más imparcial” por parte de las autoridades judiciales en los casos relacionados con el uso de la fuerza.

Del régimen cerrado a la falta de médicos en prisión

Las observaciones del Comité no se limitan a las denuncias de violencia física. El informe también analiza las condiciones de cumplimiento de condena en los módulos de régimen cerrado y concluye que, aunque las celdas presentan unas condiciones adecuadas de higiene y equipamiento, los espacios comunes resultan excesivamente austeros y los patios de ejercicio carecen de suficientes estímulos, zonas de descanso y refugios frente a las inclemencias meteorológicas. Además, lamenta que solo “un número muy limitado” de internos participe en los programas específicos previstos para este régimen.

El organismo europeo dirige parte de sus críticas a la situación de algunos presos sometidos a medidas de separación y segregación. Considera que cumplen condena en condiciones “análogas al confinamiento en régimen de aislamiento” y denuncia que la asistencia psicológica que reciben resulta insuficiente. En la misma línea, vuelve a pedir la abolición definitiva de la sujeción mecánica de reclusos a una cama con correas, pese a reconocer que su utilización se ha reducido de forma considerable en los últimos años.

El informe también cuestiona la forma en que se realizan algunos registros corporales. Según el CPT, los desnudos integrales se practican con frecuencia “de una manera irrespetuosa y excesivamente intrusiva”, por lo que insta a revisar estos procedimientos para garantizar el respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad.

Otra de las principales preocupaciones del Comité es la situación de la sanidad penitenciaria. El documento alerta de las “graves consecuencias” derivadas de la “aguda escasez” de personal sanitario, especialmente de médicos de prisión, una situación que, según advierte, está deteriorando la calidad de la asistencia y provocando retrasos continuados para atender las solicitudes de los internos. Por ello, insta a las autoridades españolas a culminar “sin más demora” la transferencia de la gestión de la sanidad penitenciaria a los servicios de salud de las comunidades autónomas.

También detecta denuncias por el uso de la fuerza policial

El informe no circunscribe sus observaciones al ámbito penitenciario. Durante la visita realizada en 2025, la delegación del CPT también recibió varias denuncias de personas detenidas que aseguraban haber sufrido un uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales durante la detención o el traslado a comisaría. En algunos casos, añade el documento, esas alegaciones fueron corroboradas por certificados médicos y por las observaciones realizadas por los propios facultativos que formaban parte de la misión.

Ante esta situación, el Comité reitera al Ministerio del Interior la necesidad de reforzar el mensaje de “tolerancia cero” frente a los malos tratos policiales y ampliar la formación de los agentes en técnicas de desescalada verbal y control manual durante las detenciones. Asimismo, insta a corregir deficiencias estructurales detectadas en algunas dependencias policiales, como la falta de luz natural, la escasa ventilación o la ausencia de timbres de llamada y espacios adecuados al aire libre para las personas bajo custodia.

Pese a las críticas, el informe también deja constancia de varios aspectos positivos del sistema penitenciario español. El CPT destaca las condiciones materiales de la mayoría de los presos clasificados en régimen ordinario y valora la “amplia gama de actividades específicas y diversificadas” que se ofrece para favorecer su reinserción social. Asimismo, elogia la implantación progresiva de una estrategia con perspectiva de género en las cárceles españolas y anima a seguir desarrollándola, especialmente mediante una mayor oferta de actividades formativas y profesionales para las mujeres internas.