Crece la población de mayores y mujeres en las cárceles europeas, mientras España mantiene largas condenas y una alta tasa de suicidios

España se sitúa entre los países europeos donde las personas privadas de libertad cumplen condenas más largas y presenta una de las tasas de suicidios en prisión más elevadas, según los datos publicados esta semana por el Consejo de Europa en su informe anual SPACE I sobre la situación penitenciaria del continente. El análisis, que evalúa datos entre enero de 2024 y enero de 2025, también revela que muchos países no han resuelto los serios problemas de hacinamiento que afrontan sus cárceles, mientras que otros están cerca de alcanzar su capacidad máxima. También indica que la proporción de personas mayores presas va en aumento, lo que podría suponer desafíos operativos y políticos en el futuro, al tiempo que se observa un incremento en la proporción de mujeres.

La estadística SPACE I 2025 del Consejo de Europa sitúa la media de permanencia en prisión en España en 20 meses, cifra muy superior al promedio europeo de 8,8 meses. Las autoridades penitenciarias españolas, tanto en la Administración estatal como en la catalana -Cataluña es la única región con competencias en prisiones-, figuran entre las que retienen más tiempo a sus internos, superadas solo por países como Ucrania (39 meses), Azerbaiyán (36 meses), Portugal (31), Rumania (24), y Estonia (21). Según el informe, este indicador evidencia un enfoque penal más severo en comparación con la tendencia europea.

El estudio también explica que la elevada media de estancia en las cárceles españolas está más relacionada con la forma en que funcionan los juzgados y la severidad de las penas que con una alta tasa de criminalidad, es decir, no es que haya más delitos, sino que quienes entran cumplen sentencias largas y hay pocos ingresos y salidas en comparación con otros países europeos.

La situación en materia de salud mental en las cárceles españolas también arroja un dato preocupante. La tasa media de suicidios alcanzó 7,5 por cada 10.000 internos y en Cataluña subió a 12,7, mientras que la media europea se ubica en 6,9. Según indica el informe, el problema se asocia a las estancias prolongadas, el escaso apoyo psicológico, y al aislamiento.

Según el informe, el 17% de los presos en Europa son extranjeros, pero en Cataluña la proporción sube al 52%, una de las más altas del continente, solo superada por Luxemburgo (78%), Suiza (73%), Chipre (54%) y Austria (53%). En la administración estatal de España, los extranjeros representan el 29% de la población penitenciaria. Rumania y Moldavia registran los porcentajes más bajos, por debajo del 2%.

En España hay algo más de 59.000 presos

Las cifras del informe muestran que, a 31 de enero de 2025, había 1,1 millón de personas privadas de libertad en las 51 administraciones penitenciarias de los Estados miembros del Consejo de Europa, lo que supone una media de 110 presos por cada 100.000 habitantes. Los países con mayor población carcelaria fueron Turquía (392.456 reclusos), Inglaterra y Gales (Reino Unido) (85.372), Francia (81.599), Polonia (69.137), Italia (61.916), Alemania (57.812) y España, con un total de 59.279 internos (50.627 bajo la administración estatal y 8.652 de la red penitenciaria catalana).

En Europa, el número de presos por cada 100 plazas disponibles pasó de 94,7 a 95,2 en un año, aunque la situación varía según el país. La media de densidad en las cárceles se sitúa en 89 reclusos por cada 100 plazas, aunque las prisiones de 14 países superan su capacidad y nueve de ellos presentan hacinamiento grave: Turquía y Francia reportan 131 internos por cada 100 plazas, seguidos por Croacia (123), Italia (121), Malta (118), Chipre (117), Hungría (115), Bélgica (114) e Irlanda (112). En ese sentido, la densidad carcelaria española se encuentra por debajo de la media europea, con 77 internos por cada 100 plazas disponibles.

Además, trece administraciones penitenciarias experimentaron un aumento significativo en sus tasas de población reclusa entre enero de 2024 y enero de 2025: Turquía (+29%), Montenegro (+22%), Luxemburgo (+20%), Suecia (+15%), Grecia (+14%), Croacia (+11%), Federación de Bosnia y Herzegovina (BIH) (+8,2%), Letonia (+8%), Finlandia (+7,2%), Francia (+6,6%), Cataluña (+6,4%), Armenia (+5,8%) y Hungría (+5,3%).

La edad media de la población penitenciaria en Europa es de 39 años, aunque existen diferencias importantes entre países. Italia y Portugal tienen la media más alta (42 años), seguidos de Montenegro, Estonia y Serbia (41). Las prisiones más jóvenes están en Moldavia (30 años), Suecia (34) y Francia, Chipre y Dinamarca (35).

Más mayores y más mujeres en prisión

El informe del Consejo de Europa muestra cómo la proporción de mujeres en las cárceles del continente aumentó de 4,8% a 5,2% entre enero de 2024 y enero de 2025, un incremento del 8,9% en los países con más de un millón de habitantes. Hungría (8,8%), Chequia (8,6%), Malta (8%) y Suecia (7,9%) encabezan la lista de mayores proporciones de mujeres presas en países con más de 500.000 habitantes. En el extremo opuesto se sitúan Albania (1,6%), Armenia (2,6%), Montenegro (2,8%) y Azerbaiyán (3,1%).

La estadística también refleja un crecimiento en la proporción de personas mayores en prisión: pasó de 2,5% en enero de 2020 a 2,9% en 2025. Y, aunque siguen siendo una minoría, la presencia de internos de edad avanzada plantea desafíos para la gestión penitenciaria, por sus necesidades de salud, enfermedades crónicas, deterioro cognitivo y movilidad reducida.

Algunos países presentan cifras destacadas de reclusos de 65 años o más: Croacia (10,8%), Serbia (7,2%), Eslovenia (5,7%), Bulgaria (5,2%) e Italia (5,1%). Entre los presos de 50 a 64 años, las tasas más altas se registran en Eslovaquia (28%), Italia (24%), Macedonia del Norte (22%), Portugal (21%) y España (administración estatal) (20%).

Cómo resolver algunos desafíos

El informe SPACE I 2025 del Consejo de Europa recomienda reducir el uso de la prisión, sobre todo en delitos menores, y apostar por alternativas como la libertad condicional o las penas comunitarias para aliviar el hacinamiento y favorecer la reinserción. También pide a los Estados revisar la prisión preventiva, adaptar las cárceles a grupos vulnerables y reforzar la salud y el apoyo social. Además, insta a vigilar indicadores clave y mejorar la formación del personal para garantizar un entorno seguro y respetuoso con los derechos humanos.