
La Audiencia Provincial de Zaragoza ha pedido que se investigue el cambio registral de un hombre denunciado por violencia de género. El acusado, con antecedentes por este mismo delito, afirma haber acudido al registro civil para ser reconocido como mujer, un cambio que los magistrados consideran como “posible fraude de ley”.
El tribunal ha estimado el recurso presentado por su esposa, quien interpuso la denuncia contra el acusado. Un juzgado de Violencia sobre la Mujer dictó un auto de inhibición al comprobar que el cambio de género en el registro se había realizado previamente a los hechos denunciados. Al ser la presunta autora una mujer, los hechos no podrían juzgarse como violencia de género y deberían pasar a un órgano de instrucción.
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La Audiencia de Zaragoza, sin embargo, ha recordado que esta persona tenía antecedentes por violencia de género contra la misma víctima, su esposa, antes de realizar el cambio registral. Asimismo, menciona en su auto que el propio acusado reconoció ante la Guardia Civil que el cambio de sexo se realizó “con el único fin de blindarse contra este tipo de denuncias, porque se siente en desigualdad de derechos con las mujeres”.
El tribunal expresa en su auto que “el hecho de que dicha persona cuente con varios antecedentes penales por actos de violencia de género previos a ese cambio de sexo nos lleva a detectar una sospecha fundada de que el nuevo sexo registral pudo producirse con fraude de ley, prohibido expresamente por el artículo 6.4 del Código Civil”. Añaden que “caso de que la finalidad perseguida con la rectificación de la mención registral relativa al sexo fuera la de eludir la aplicación de la normativa específica de violencia de género, y no el libre desarrollo de la identidad sexual, estaríamos, indudablemente, ante un fraude de ley”.
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La Audiencia de Zaragoza ha encargado la investigación a un magistrado de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia, a quien recuerdan que está “en juego la vulneración de los derechos de la víctima, con la correlativa puesta en riesgo de su protección integral”. Dependiendo de los resultados de las pesquisas, el caso continuaría siendo estudiado como violencia de género o, por el contrario, pasaría a un tribunal de instancia normal.
Un fraude repetido por otros maltratadores

Desde la entrada en vigor de la llamada Ley Trans, que permitió el cambio registral de sexo para las personas transgénero, otros acusados de violencia de género han intentado cambiar legalmente de género para evitar el agravante machista en su condena. Particularmente conocido fue el caso de Candy, recientemente condenado a 11 meses de prisión por amenazas a su expareja.
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‘Candy’ contaba con antecedentes por violencia de género a anteriores parejas. El 11 de septiembre de 2023 fue condenado en firme y se ordenó su ingreso en prisión, pero pidió el indulto por haberse inscrito poco antes como mujer en el Registro Civil. Tras este cambio, siguió vigilando y amenazando a su expareja.
El cambio de género le permitió alargar los trámites judiciales dos años más, con varios aplazamientos en los tribunales de Sevilla. Finalmente, su caso no fue juzgado como violencia de género, pero Candy fue igualmente condenado. El pasado mes de marzo, el juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla lo sentenció a 11 meses de prisión, que se sumaban a los 15 meses impuestos por amenazas anteriores a la misma mujer.
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