Los 61 bomberos forestales de Madrid ‘aparcados’ en una sala porque están contratados como conductores de taxi y no se les paga la peligrosidad

Antonio está estudiando, Toni está leyendo un libro y Óscar está navegando por Internet buscando un empleo para este invierno. Los tres están uniformados y en sus camisetas aparece el logo de bomberos forestales de la Comunidad de Madrid. Antonio y Óscar deberían estar destinados en el parque de bomberos de Torrejón de Ardoz y Toni en el de Lozoyuela, pero este miércoles están ‘aparcados’ en una de las salas de la Dirección General de Emergencias, en el kilómetro 22 de la carretera de la A Coruña. En una sala donde los funcionarios de esta dirección suelen comer, pero que ahora ocupan ellos rodeados de neveras, microondas y una máquina que vende refrescos y sandwiches.

Los 61 bomberos forestales (dos de ellos mujeres) que forman la plantilla de la Comunidad de Madrid llevan desde mediados de mayo yendo a trabajar todos los días a esta sala. Sin nada que hacer. No van a los parques de bomberos que hay en la región. Han decidido acudir todos los días en su horario laboral, de 12 a 22 horas, repartidos en turnos de dos días, a la dirección física que aparece en su contrato cómo lugar de trabajo. ¿Por qué? Es su forma de protestar porque el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso no aplica la ‘Ley 5/2024, de 8 de noviembre, básica de bomberos forestales’, que fue aprobada por el Gobierno central y ratificada por el Congreso y el Senado para intentar dar más seguridad jurídica a esta profesión y que, por ejemplo, “establece una única categoría de bombero forestal”.

Pero en los contratos de Antonio y Toni figura, todavía, que son conductores de automóviles, taxis y furgonetas, y en el de Óscar que su categoría es la de mantenimiento de edificios. Tampoco les quieren reconocer los pluses de peligrosidad, esfuerzo físico, toxicidad, morbilidad, penosidad y de riesgo psicofísico generado por las situaciones de estrés que contempla la ley nacional. Ni la Comunidad les quiere contratar todo el año. Los sigue empleando solo para la campaña de verano, de mayo a octubre. Así que hartos de no llegar a un acuerdo con el Ejecutivo autonómico decidieron a mediados de mayo cumplir lo que sí dice su contrato e ir a trabajar a la dirección física que aparece en él: la sede de la Dirección General de Emergencias. Como no es donde deberían estar, se han acomodado en la sala de comidas o en el exterior a la sombra con algunas sillas.

“No tenemos nada que hacer. Ni siquiera la Comunidad de Madrid nos pone vehículos para trasladarnos a los parque de bomberos de la región. Nos pagan por no hacer nada. Simplemente porque no quieren negociar”, señala Antonio, que pertenece al comité de huelga. La Comunidad tiene dos tipos de bomberos: unos 1.700 que son funcionarios y estos 61 que son personal laboral y son bomberos forestales. En teoría debería ser 124, pero solo 98 aprobaron el proceso de estabilización que terminó en 2024. La plantilla es de 61 porque el resto (hasta 98) están de excedencia ganándose la vida en otros empleos, cansados de la situación que viven en Madrid.

Sí se jubilan antes

La ley nacional deja claro que “los bomberos forestales adscritos a los operativos de extinción de las administraciones competentes desempeñarán operaciones de extinción de incendios forestales”. También pueden desempeñar otras funciones como “tareas de prevención, vigilancia y detección de incendios forestales; mantenimiento de infraestructuras de prevención y extinción de incendios forestales; tareas de información y concienciación a la población; y apoyo en otras contingencias o en situaciones excepcionales en las que el medio natural y rural se vea afectado”. La ley que entró en vigor en 2024 era esperanzadora. “Las Comunidades Autónomas tenían un año para implementarla. Nosotros empezamos a negociar con Madrid. Conseguimos el coeficiente reductor para jubilarnos antes y habíamos pactado trabajar todo el año, pero todo se rompió cuando les pedimos aplicar los seis pluses y que aplicasen la categoría que nos corresponde”, asegura Toni, también del comité de huelga.

Su salario bruto es de 1.826 euros al mes, que neto se queda en unos 1.400 euros. “Es que el chófer que lleva al consejero Carlos Novillo, que no quiere negociar con nosotros, cobra 11.000 euros más al año. Nosotros nos jugamos la salud y la vida”, aseguran. Así que pidieron a la Administración unos pluses razonables. “Nos ofrecieron 132 euros por los seis pluses, un 6% de nuestra retribución, cuando por convenio cada plus supone un 15% de mejora”. Lo más surrealista de todo, señalan, es que la Consejería de Empleo, Hacienda y Empleo les ha expedido el certificado de profesionalidad como bomberos forestales, cuando la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior no les quiere reconocer, de momento, como tales.

¿Por qué no se llega a un acuerdo? El titular del ramo, Carlos Novillo, es bombero y los afectados lamentan que no tenga “más sensibilidad” en su futuro. José Luis García, diputado socialista, cree que “Novillo se lo ha tomado como algo pesonal. Deberían negociar y no debería ser tan difícil llegar a un acuerdo con un colectivo profesional tan pequeño y necesario. Nosotros pensábamos que todo se iba a solucionar este año pero el tema se ha enconado. El año pasado la Comunidad de Madrid se gastó 25 millones de euros en horas extras para pagar a los bomberos funcionarios y no son capaces de cerrar una negociación con los forestales. Es incomprensible”. De hecho, la Dirección General de Emergencias está pidiendo a sus bomberos funcionarios que se apunten a la “bolsa específica de servicios especiales” para la campaña de este verano.

“Piden horas extras a los bomberos funcionarios porque hace falta personal, pero con nosotros no quieren negociar”, explican los bomberos forestales. Infobae ha preguntado a la Consejería de Interior si tiene previsto retomar las negociaciones con estos empleados. “Ya hemos convocado al comité de huelga, se les ofreció abrir una mesa de negociación y que ellos suspendiesen la huelga. Lo han rechazado. Por tanto, no vemos ninguna intención de negociar o cambiar la situación por su parte”, señala un portavoz autonómico. Alejandro Sánchez, diputado de Más Madrid, les ha visitado este miércoles. “Es una cuestión personal del consejero. Se ha cerrado en banda. Les exige dejar la huelga para sentarse a hablar. Es inexplicable para un reponsable político de esa envergadura. Novillo ha incumplido su palabra porque se comprometió a llegar a un acuerdo con ellos. La Comunidad de Madrid se levantó de la mesa en febrero de este año. Tenemos a 60 especialistas de trabajar en el monte sentados sin poder trabajar en plena época crítica de incendios. Esto no tiene nombre. Me parece hasta temerario”.

La Comunidad de Madrid refleja, de momento, un buen escenario. Este miércoles hizo público que en lo que llevamos de año la región ha sido escenario de 159 incendios, de los que 129 se quedaron en conatos porque no superaron la hectárea de superficie quemada. En lo que va de año han ardido 122,24 hectáreas, de las que únicamente 1,96 corresponden a terreno arbolado. Aunque el número de incendios supera en diez la media registrada entre 2016 y 2025, la superficie quemada es cuatro veces inferior a la de ese periodo, cuando el promedio alcanzó las 488,8 hectáreas. El operativo moviliza diariamente 571 efectivos distribuidos entre los 22 parques de bomberos, 25 retenes forestales, un Grupo Especial de Drones, 17 autobombas forestales pesadas, dos puntos de intervención rural, 38 torres de vigilancia y cuatro cámaras de control.

No sabemos si entre esos 571 efectivos la Comunidad contabiliza a los 61 bomberos forestales que pasan turnos de 10 hora diarias ‘aparcados’ en una sala. La mayoría tienen muchos años de experiencia. De hecho, algunos dan formación a los bomberos forestales. “Pero aquí seguimos, hasta que la Comunidad se quiera sentar con nosotros. Piensan que nos vamos a cansar y nos vamos a ir buscando otras salidas laborales. Y así se les acabó el problema. Pero aquí seguiremos”, explica Toni (hijo del destacado jurista Gregorio Peces-Barba, uno de los ‘padres’ de la Constitución).