El Gobierno defiende los mecanismos para detectar posible fraude en cambios de sexo en prisión como el 'celador de Olot'

El Gobierno ha defendido los "mecanismos legales para la detección y persecución" de cambios de sexo de internos en centros penitenciarios si se producen incurriendo en fraude de ley, después de que el PP preguntara por el caso concreto de Joan Vila, el conocido como 'celador de Olot', que cumple condena por asesinar a once ancianos de un geriátrico.

En concreto, el PP había pedido una valoración acerca del 'celador de Olot' y de otros casos similares en los que personas condenadas por delitos graves acceden a módulos penitenciarios femeninos tras iniciar procesos de transición de género.

En su respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo ha explicado que "el sexo, género o diversidad sexo-genérica son solo una variable más que es valorada y tenida en cuenta por la Administración Penitenciaria para la asignación de un módulo, sin que sea de por sí determinante, sino ponderada junto con el resto que concurran".

"Respecto a los casos en los que se produzca fraude de ley, cabe señalar que esta es una figura reconocida en derecho y existen mecanismos legales para su detección y persecución", ha señalado el Gobierno.

De esta forma, ha apuntado que la Administración Penitenciaria asigna el módulo para cada preso "garantizando la seguridad, integridad física, intimidad", con el objetivo de cumplir con el mandato legal de ofertar a cada un de los internos las actividades, programas y recursos que mejor puedan favorecer su reincorporación social, "en función de su diversidad".

También ha recordado que la Administración Penitenciaria presta "especial atención" a las mujeres dado que la privación de libertad "incide especialmente en su vulnerabilidad, por la ruptura que supone de vínculos familiares, los antecedentes de violencia y exclusión o la estigmatización social".

Y se ha remitido a la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, al entender que "supuso un avance significativo en la defensa y garantía de los derechos de las personas trans, también en el ámbito penitenciario".

También ha citado, en este contexto, la Instrucción 7/2006 de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias sobre integración penitenciaria de personas transexuales.

El PP se interesó por la coordinación entre el Ministerio de Igualdad e Instituciones Penitenciarias --dependiente del Ministerio del Interior-- en este tipo de casos en los que un preso inicia un proceso de cambio de sexo, adoptando la identidad femenina y siendo trasladado al módulo de mujeres.