En España hay censados más jubilados y pensionistas que jóvenes: los ‘boomers’ determinan a quién benefician las políticas públicas

El número de ciudadanos mayores de 64 años con derecho a voto superó en 2017, por primera vez en la historia democrática española, al de ciudadanos menores de 35. Ese cruce silencioso, que no fue noticia entonces, representa el cambio estructural más profundo que ha experimentado el sistema político español en décadas. Sus consecuencias son directas: “A medida que el votante mediano envejece, los partidos tienen incentivos racionales para proteger el gasto presente frente a la inversión en el futuro”. Así lo documenta un informe publicado el 2 de julio de 2026 por José Ignacio Conde-Ruiz, investigador de Fedea y la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Es decir, se protegen las pensiones y se dejan a un lado las demandas de los jóvenes.

Hasta mediados de los años noventa, los menores de 35 años representaban más de una cuarta parte del electorado potencial, mientras que los mayores de 64 apenas alcanzaban el 15%. La brecha era amplia y favorable a los jóvenes. A partir de entonces, ambas tendencias se invirtieron: las generaciones más jóvenes fueron perdiendo peso relativo a medida que las cohortes del baby boom avanzaban hacia la madurez y la natalidad caía. En 2025, los mayores de 64 representan el 24,7% del electorado potencial frente al 22,7% de los menores de 35. Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) prolongan esta divergencia hasta 2074, cuando los mayores de 64 representarán en torno al 35% del sufragio potencial, casi el doble que los menores de 35 (20%).

La edad mediana del electorado refleja el mismo proceso. En 1971 era de 42 años; en 2025 ha alcanzado los 50. Para 2074, las proyecciones del INE la sitúan en torno a los 55 años. Ese desplazamiento no es neutral: a medida que el votante mediano envejece, las preferencias que los partidos tienen incentivos de atender se desplazan con él.

La doble trampa de los jóvenes

El desequilibrio demográfico se amplifica por un segundo factor: los jóvenes votan menos. Según datos de encuestas postelectorales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) compilados por el Instituto de la Juventud (INJUVE), la brecha de participación entre jóvenes de 18 a 29 años y adultos de 30 o más años ha oscilado entre 8 y 15 puntos porcentuales en cada elección general desde 1982. La excepción fue 2015, cuando la irrupción de Podemos y Ciudadanos contrajo esa brecha hasta los 5 puntos, lo que sugiere que la abstención juvenil no es inmutable: responde también a la oferta política disponible.

Las consecuencias de cruzar demografía y participación son asimétricas. El peso de los menores de 35 cae del 22,7% del electorado potencial al 18,7% del voto efectivo, una reducción de casi una quinta parte de su peso nominal. El de los mayores de 64, en cambio, apenas se mueve: del 24,7% al 25,1%. Son más en el censo y, además, van más a votar. El informe de Fedea lo resume así: demografía y conducta electoral se refuerzan mutuamente para amplificar el peso político de las cohortes de mayor edad.

A ello se añade un tercer elemento que completa la desventaja de los jóvenes: la fragmentación de su agenda. Un pensionista tiene una relación directa, mensual y cuantificable con el Estado. Sabe exactamente cuánto cobra y qué significa para su nivel de vida cualquier variación en su pensión. Los mayores constituyen, así, un colectivo homogéneo en torno a una demanda principal y fácilmente identificable. Los jóvenes, en cambio, distribuyen sus preocupaciones entre empleo, vivienda, salarios, cambio climático e igualdad de género, con una heterogeneidad interna muy marcada según el nivel educativo, la ideología y la situación laboral.

Un partido que apuesta por políticas climáticas puede conectar con una parte del electorado joven pero no necesariamente con quienes priorizan vivienda o empleo, señala el informe. Los programas electorales reflejan esa jerarquía: en las generales de 2019, PP, Vox y Ciudadanos dedicaron entre dos y veinte veces más menciones a los mayores que a los jóvenes en sus programas. El PSOE fue la única excepción, al invertir levemente esa proporción en 2023, según el análisis de Rojo Puertas para la Fundación Alternativas.

El gasto público como espejo de la aritmética electoral

La consecuencia presupuestaria de este desequilibrio es directa. El gasto en pensiones en España ya consume el 12,9% del PIB y, según proyecciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), subirá al 16,1% en 2050. Si se suman sanidad y cuidados de larga duración, el gasto total asociado al envejecimiento pasará del 20,3% del PIB actual al 25,5% en 2050. Ese espacio fiscal es el mismo que necesitan educación, vivienda, investigación e infancia.

El informe de Fedea advierte de que no se trata de una confrontación moral entre generaciones ni de atribuir intenciones egoístas a los mayores. El problema, sostiene Conde-Ruiz, es institucional: las democracias representan mejor a quienes existen, votan y se organizan que a quienes todavía no han nacido o carecen de capacidad de acción colectiva. Las pensiones y buena parte del gasto sanitario están ancladas en derechos adquiridos y expectativas sociales consolidadas; sus beneficiarios son identificables y políticamente movilizables. La educación, la investigación o la inversión en vivienda tienen beneficios más dispersos y diferidos, lo que los hace más vulnerables al ciclo presupuestario.

El informe propone tres reformas para corregir el sesgo. La primera es dar voz política a los jóvenes, entre otras vías rebajando la edad de voto a los 16 años: según proyecciones del INE para 2027, esa medida incorporaría 1,09 millones de nuevos votantes y elevaría el peso del tramo de 16 a 34 años en el electorado del 23,2% al 25,1%. La segunda reforma es implantar reglas fiscales con perspectiva intergeneracional, en particular una regla de simetría por la que cada euro adicional destinado a pensiones, sanidad o dependencia exija un euro equivalente para educación, investigación o vivienda. La tercera es adaptar el Estado del bienestar a la nueva longevidad mediante jubilación gradual, cobertura efectiva de la dependencia y adhesión automática al ahorro complementario.

El horizonte que dibuja el informe es de presión creciente. España contará en 2050 con aproximadamente 16 millones de personas mayores de 64 años, frente a los cerca de 10 millones actuales, y la tasa de dependencia rozará el 60%. Para entonces, habrá menos trabajadores por jubilado, no más.