
Vanesa, que tiene 40 años y es madre de cuatro hijos -tres de ellos menores de edad-, admite “estar desesperada”. Vive de alquiler en un piso que le adjudicó en 2016 la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) por su precaria situación económica y familiar, pero ahora afronta una orden de desahucio por una deuda acumulada que abona en un plan de pagos, aunque no ha logrado saldarla por completo. Según explica, a pesar de haber presentado numerosos escritos y solicitudes, tanto a la EMVS como a servicios sociales y otras entidades, no ha obtenido respuesta ni alternativas habitacionales. Su situación se agrava por la ausencia de apoyo familiar, problemas de salud y la incertidumbre sobre el futuro de sus hijos.
“Esto es devastador. Vivo nerviosa, con mucha ansiedad y problemas de depresión. No tengo a dónde ir, me cierran las puertas de todos los sitios y la EMVS no quiere negociar”, relata esta vecina de Orcasitas en conversación con Infobae. Tras perder durante un tiempo la Renta Mínima de Inserción, acumuló una deuda de unos 7.000 euros porque no podía afrontar todos los pagos. “Había meses en los que tenía que elegir entre pagar los gastos o dar de comer a mis hijos”, asegura. Y aunque ha logrado abonar parte de la deuda -y sigue haciéndolo mediante mensualidades-, la orden de desahucio sigue en pie y tiene un juicio programado para finales de mayo.
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Desde la Asamblea de Vivienda de Usera, integrada en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Madrid, critican la ausencia de respuestas por parte de las administraciones en un caso que consideran “injusto”. Explican que, después de que Vanesa abonara varios recibos atrasados, la EMVS le informó sobre otros pagos pendientes que ya estaban judicializados y que no podía regularizar. Desde ese momento, “el caso pasó al juzgado y se cerró toda posibilidad de negociación”.

“Vanesa ha pasado por muchos baches en su vida, pero ha ido afrontando la deuda mediante ese plan de pagos. No puede ser que el mismo organismo que te ha adjudicado una vivienda pública ahora te eche. Tienen que dar más oportunidades, porque no es lo mismo tener un trabajo fijo, apoyos y contactos, que ser pobre. Y en este caso se han pasado de la raya”, sostiene la asamblea.
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El de Vanesa, además, es solo uno de los 60 desahucios que, según denuncia este colectivo por la vivienda digna, pretende ejecutar la EMVS en los próximos tres meses en barrios como Carabanchel, Usera, Vallecas y Villaverde “a pesar de que el Ayuntamiento de Madrid mantiene decenas de viviendas vacías y cerradas desde hace tiempo”. “Esta situación agrava la emergencia habitacional en la ciudad y evidencia una política de vivienda que deja fuera a quienes más la necesitan”, sostienen.
Protesta de vecinos contra Martínez-Almeida
En este contexto, el martes varios vecinos se concentraron con pancartas ante el Teatro Real, donde el alcalde José Luis Martínez-Almeida participaba en el foro internacional Bloomberg CityLab, para protestar por estos procedimientos de desalojo. Durante la concentración, Vanesa logró exponer brevemente su situación al alcalde, quien se comprometió a trasladar su caso al organismo municipal para que puedan contactar con ella.
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Las familias residentes en las viviendas que la EMVS quiere desalojar denuncian, además, el “estado de abandono” de muchas de ellas. Señalan deficiencias en el mantenimiento y advierten que las urbanizaciones “no reúnen condiciones dignas ni protección adecuada”. A esto se suma que la mayoría de los afectados son familias vulnerables, o bien madres solas con hijos, como en el caso de Vanesa, o con personas mayores a su cargo, que afrontan la amenaza de desahucio “por deudas que no son elevadas”.
“Nos oponemos a esta situación injusta y vamos a defender nuestros hogares. No vamos a permitir más expulsiones. Nos quedamos porque la vivienda pública es nuestra”, concluye la asamblea.
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