Vox lleva su ofensiva contra la ‘ley de nietos’ a las autonomías donde gobierna con el PP y pide informes para analizar una posible invasión de competencias

Vox ha decidido dar un paso más en su ofensiva contra la conocida como ‘ley de nietos’ y trasladar la batalla a los gobiernos autonómicos en los que comparte Ejecutivo con el PP. La formación ha solicitado a los servicios jurídicos de Castilla y León, Extremadura, Aragón y Andalucía que elaboren informes para estudiar si la aplicación de esta disposición de la Ley de Memoria Democrática puede suponer una invasión de competencias autonómicas.

La medida forma parte de la estrategia que el partido de Santiago Abascal viene desplegando desde hace meses contra esta norma y supone un nuevo frente institucional después de haber acudido ya al Tribunal Constitucional, la Junta Electoral Central y las instituciones europeas. En esta ocasión, Vox pretende que los servicios jurídicos de las comunidades analicen el encaje competencial del procedimiento de concesión de nacionalidades derivado de la denominada ‘ley de nietos’ y determinen si los gobiernos autonómicos disponen de instrumentos legales para actuar.

Según sostiene el partido, el proceso de nacionalización se está desarrollando de forma “opaca y sin control alguno” y está facilitando la incorporación “masiva y fraudulenta” de personas extranjeras al censo electoral. Son afirmaciones que el Gobierno no comparte, pero que Vox ha convertido en el eje de su campaña contra esta disposición de la Ley de Memoria Democrática.

Los vicepresidentes autonómicos impulsan la iniciativa

La petición ha sido promovida de manera coordinada por los vicepresidentes autonómicos de Vox en las tres comunidades donde ya formaba parte del Ejecutivo. Carlos Pollán, en Castilla y León; Óscar Fernández, en Extremadura; y Alejandro Nolasco, en Aragón, han solicitado formalmente a los servicios jurídicos de sus respectivos gobiernos que estudien si la aplicación de la norma invade competencias autonómicas y qué margen de actuación tendrían las comunidades.

El informe deberá analizar, además, qué mecanismos legales podrían utilizar los ejecutivos regionales para, según plantea Vox, defender los intereses de sus ciudadanos frente a un procedimiento que la formación considera una “maniobra de ingeniería electoral” diseñada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La estrategia alcanza también a Andalucía, donde Vox solicitará el mismo informe a los servicios jurídicos del Gobierno autonómico después de que Manuel Gavira haya tomado posesión este miércoles como vicepresidente de la Junta.

El anuncio fue adelantado por el Ejecutivo extremeño y posteriormente respaldado por la dirección nacional del partido, que enmarca esta actuación dentro de una ofensiva coordinada en todos los niveles institucionales —local, autonómico, nacional y europeo— para tratar de frenar los efectos de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.

Desde Bambú sostienen que el procedimiento de nacionalización “compromete la limpieza de futuros procesos democráticos” y, en particular, de las próximas elecciones generales previstas para 2027. También aseguran que la norma está incorporando al censo electoral a personas que, según su versión, “en muchos casos nunca han residido en España ni tienen vínculos con las provincias donde se les estaría censando”.

Óscar Fernández, vicepresidente de Extremadura, fue el primero en hacer pública esta estrategia. El dirigente enmarcó la medida dentro de lo que calificó como la “nefasta política migratoria” del Gobierno y afirmó que la formación utilizará todas las vías institucionales a su alcance para intentar impedir la aplicación de la norma. En la misma línea, Vox sostiene que agotará todos los recursos legales disponibles para combatir lo que considera un procedimiento dirigido a alterar el censo electoral.