España destina un 38% más a pensiones que en 1995, pero la inversión en educación, vivienda e I+D lleva tres décadas estancada

El gasto público español lleva treinta años moviéndose en una sola dirección. Desde 1995, el dinero destinado a pensiones y sanidad creció un 38% en términos relativos al tamaño de la economía, mientras que las partidas de educación, vivienda e I+D permanecieron prácticamente congeladas en porcentaje sobre el PIB. Esto no es el resultado de una decisión política concreta, es la consecuencia de un Estado del bienestar diseñado para una demografía que ya no existe, según un análisis del economista José Ignacio Conde-Ruiz, investigador de Fedea y de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Los datos del estudio, elaborado a partir de la base estadística de Eurostat, permiten cuantificar la divergencia con precisión. El gasto asociado al envejecimiento (pensiones de vejez, pensiones de supervivencia y gasto sanitario) pasó del 13,8% del PIB en 1995 al 19,1% en 2024, un aumento de 5,3 puntos porcentuales. En cambio, el gasto en oportunidades de futuro, (entendido como las partidas que más benefician a las nuevas generaciones, como educación, I+D, vivienda, familia e infancia y protección medioambiental) se mantuvo estancado en torno al 7% del PIB durante ese mismo periodo.

La inversión pública, por su parte, se derrumbó del 4,4% al 2,7% del PIB, una caída de más de un tercio. Conde-Ruiz denomina este fenómeno “las tijeras del Estado del bienestar”: en 2024, el índice del gasto en envejecimiento se sitúa en 138 sobre base 100 en 1995; el del gasto en oportunidades, en 102; el de la inversión pública, en 61.

El envejecimiento poblacional condiciona los presupuestos

Lo que hace este desplazamiento especialmente difícil de corregir es que no responde a ninguna intención política deliberada. Las pensiones crecen porque la longevidad mejora, cada cohorte que se jubila es más numerosa y las percibe durante más años. El gasto sanitario aumenta porque el consumo de servicios de salud se concentra en los tramos de mayor edad, y hay más personas en esa franja. La demanda de cuidados de larga duración se dispara porque crece de forma exponencial a partir de los 80 años. A legislación constante, sin modificar una sola norma, el gasto asociado al envejecimiento sube y el espacio para todo lo demás se estrecha.

El estudio señala, además, un mecanismo político que refuerza esta dinámica: en 2017, por primera vez en la historia democrática española, el número de mayores de 64 años con derecho a voto superó al de menores de 35. A medida que el electorado envejece, los partidos tienen incentivos para proteger el gasto presente en pensiones frente a la inversión en el futuro.

El 25% del PIB se destinará a gastos asociados al envejecimiento en 2050

La presión que viene es aún mayor. La tasa de dependencia (el indicador que compara la población inactiva con la población en edad de trabajar) se sitúa hoy en el 33%, pero rozará el 60% en 2050 y permanecerá por encima del 70% hasta el final del horizonte de proyección del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2074. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que las pensiones pasarán del 12,9% al 16,1% del PIB entre 2023 y 2050; el gasto sanitario sumará 1,4 puntos adicionales; la atención a la dependencia, otros 0,6 puntos.

En conjunto, el gasto asociado al envejecimiento alcanzará el 25,5% del PIB en 2050. Sin modificar la normativa actual, la deuda pública superaría el 129% del PIB en 2050 y el 181% en 2070. La diferencia respecto a un escenario sin presión demográfica (casi 50 puntos del PIB) es el coste fiscal del envejecimiento. A ello se añade que la variación anual de la población activa se tornará negativa de forma sostenida a partir de 2028: habrá menos trabajadores por jubilado, no más.

Más votantes jubilados, más políticas a su medida

Quien se jubila hoy a los 67 años cobra su pensión durante una media de 17 años y en 2073 serán más de 22, cuando en el año 2000 eran menos de 13. Un sistema que no reconoce ese cambio traslada su coste a otras partidas: cada euro adicional que el sistema de pensiones consume sin haberse adaptado a la nueva longevidad es un euro que no va a la infancia, a la formación o a la investigación.

La tesis de Conde-Ruiz es que el obstáculo principal es institucional: las pensiones y buena parte del gasto sanitario están ancladas en derechos adquiridos y expectativas sociales consolidadas, sus beneficiarios son identificables y políticamente movilizables. Las otras partidas tienen beneficios más dispersos y diferidos, con menor rendimiento electoral inmediato, lo que las convierte en partidas más vulnerables al ciclo presupuestario.

Ante este diagnóstico, el informe propone tres líneas de reforma. La primera es dar representación política efectiva a las generaciones futuras, a través de comisionados del futuro, asambleas deliberativas con cuotas de edad y la extensión del voto a los 16 años. La segunda es implantar reglas fiscales con perspectiva intergeneracional: España no ha alcanzado el equilibrio estructural en ningún año desde 2010, pese a que la Constitución prohíbe expresamente el déficit. La tercera reforma apunta al propio sistema de pensiones: recuperar un mecanismo automático de ajuste a la longevidad (el llamado factor de sostenibilidad, aprobado en 2013 y derogado antes de aplicarse en la reforma de 2021-2023) y avanzar hacia modelos de jubilación gradual y adhesión automática al ahorro complementario.