España incumple las reglas de Bruselas contra el amianto y los afectados reclaman que solo se ha indemnizado a 97 personas

La Comisión Europea ha dado un paso más en el procedimiento de infracción abierto contra España por la falta de adaptación completa de la normativa comunitaria sobre el amianto. Bruselas ha enviado un dictamen motivado al Gobierno para exigir que incorpore plenamente las medidas destinadas a reforzar la protección de los trabajadores frente a este material cancerígeno. Mientras tanto, los sindicatos han denuncian que el sistema de compensación para las víctimas apenas ha llegado a un centenar de personas desde su puesta en marcha.

El dictamen motivado supone la segunda fase del procedimiento de infracción iniciado por la Comisión Europea. Si España no responde de forma satisfactoria en el plazo de dos meses y no adopta las modificaciones exigidas, Bruselas podrá llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y solicitar la imposición de sanciones económicas.

España no es el único país afectado por este expediente. La Comisión mantiene abiertos procedimientos similares contra Chipre, Países Bajos, Polonia y Eslovaquia por no haber comunicado la transposición completa de la directiva europea dentro del plazo establecido. La fecha límite para adaptar la mayor parte de las disposiciones expiró en diciembre de 2021, aunque algunos aspectos concretos disponen de margen hasta 2029.

El Ejecutivo comunitario ha recordado que el amianto sigue siendo una de las sustancias más peligrosas para la salud laboral. Según sus estimaciones, está relacionado con aproximadamente el 75% de los cánceres de origen profesional registrados en la Unión Europea. Por este motivo, la directiva busca reforzar las condiciones de seguridad durante los trabajos en los que exista riesgo de exposición.

Entre las medidas pendientes de incorporar a la legislación española figura una reducción muy significativa del límite máximo permitido de exposición al amianto durante la jornada laboral. La normativa europea establece que ese umbral debe pasar de 0,1 fibras por centímetro cúbico a 0,01, es decir, una décima parte del límite anterior, atendiendo a los últimos avances científicos y tecnológicos sobre los efectos de esta sustancia.

Sindicatos reclaman una reforma urgente del reglamento

El procedimiento contra España comenzó en enero de 2026, cuando Bruselas remitió cartas de emplazamiento a una decena de Estados miembros. Desde entonces, cuatro países han corregido las deficiencias detectadas, pero otros seis, entre ellos España, todavía no han completado la adaptación exigida por la Comisión Europea.

Mientras Bruselas presiona al Gobierno, las organizaciones sindicales CCOO, UGT y Fedavica han reclamado una reforma urgente del reglamento que desarrolla el Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto. Según han denunciado, los últimos datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones muestran que únicamente 97 personas han recibido una indemnización desde la entrada en funcionamiento del sistema.

Los sindicatos han considerado que esta cifra evidencia que no se está cumpliendo el espíritu de la Ley del Fondo de Compensación aprobada en 2022. A su juicio, el reglamento actualmente vigente está dejando fuera a una gran parte de los afectados, pese a que la norma pretendía garantizar el resarcimiento de todas las víctimas de enfermedades relacionadas con la exposición al amianto.

Las organizaciones firmantes reclaman que el Gobierno modifique el reglamento para ajustarlo plenamente a la ley. Además, sostienen que las indemnizaciones deberían equipararse a las cuantías que habitualmente reconocen los tribunales en este tipo de procedimientos, evitando así diferencias entre quienes acuden a la vía judicial y quienes recurren al fondo público de compensación.

En su comunicado conjunto, los sindicatos también han mostrado su malestar por la diferencia de actuación entre distintas administraciones, destacando que Cataluña ha aprobado una normativa específica para avanzar en la erradicación del amianto y, además, ha pedido perdón públicamente a las víctimas. Consideran llamativo que, pese a compartir signo político, las posiciones del Gobierno catalán y del Ejecutivo central sean diferentes en esta materia.