El caso Zapatero reactiva la urgencia por aprobar una ley de lobbies, pero el Congreso se va de vacaciones sin ni siquiera abrir el debate: “Hay que acabar con el intrusismo”

“Basta ya, no caben más excusas”. El sector de los profesionales del lobby, grupos que se dedican de forma profesional a influir en las decisiones de la Administración Pública en representación de los intereses sectoriales, reclama desatascar la ley para delimitar de forma clara la diferencia entre la actividad legítima y el tráfico de influencias.

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por, presuntamente, influir en el Ejecutivo para aprobar un rescate a la aerolínea Plus Ultra valorado en 53 millones de euros, volvió a recordar que en España no existe una ley específica que ayude a prevenir este tipo de fraudes, como sí ocurre en las instituciones europeas y en muchos países de la UE.

Porque esa ley se queda, de momento, en un anuncio. El presidente del Gobierno propuso en octubre de 2025 una ley que se basaba en un principio tan sencillo como un registro para consultar quién busca influir en quién, sobre qué norma, qué se considera como “grupo de interés” y quién como “personal público” más allá de los políticos (sus asesores, el equipo jurídico que prepara las leyes...).

Políticos disfrazados de lobistas

Cabe recordar que el exlíder socialista no es el único que ha desarrollado actividad fuera de la política tras abandonar La Moncloa. En España hay una larga lista de altos cargos políticos —personas con mucha influencia— que han acabado en puestos de grandes corporaciones, como los expresidentes José María Aznar y Felipe González en la eléctrica Endesa. El lobby eléctrico gasta casi medio millón de euros en ejercer presión en la UE a la hora de elaborar las leyes, según un informe Radiografía del lobby del mercado eléctrico. Otros casos son el exministro de Defensa Pedro Morenés en el Grupo Amper; el exgobernador del Banco de España o Pablo Hernández de Cos en el Banco de Pagos Internacionales.

La medida se encuentra en el cajón del Congreso por la situación de bloqueo parlamentario que existe en el bloque de investidura, pero el caso Zapatero parecía la palanca perfecta para pisar el acelerador.

Lo paradójico de todo esto es que los grupos se han mostrado favorables a regular la actividad de influencia más allá de los excargos públicos, lo que motivo a Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), que agrupa a más de 300 profesionales del sector, a enviar decenas de cartas a la Mesa del Congreso, a diputados y a los ministros del Gobierno para acelerarsu tramitación: “Basta ya de excusas. Hace falta una ley para acabar con el intrusismo de algunos que intentan hacerse pasar por lobistas cuando, en realidad, son intermediarios, comisionistas o corruptos”, señala en una conversación con Infobae, Carlos Parry, presidente de APRI.

“Esta es una regulación necesaria que ayuda a mejorar la democracia en nuestro país. Ya no cabe ni un escándalo más ni un político más haciéndose pasar por lobista y que hay que regular para dar seguridad jurídica a un colectivo profesional que existe desde hace muchísimos años. No nos hemos inventado nosotros ahora. Y somos nosotros, precisamente los profesionales, los que pedimos esta regulación”, añade.

Si todos quieren, ¿por qué nadie se mueve?

Sin embargo, desde que fue aprobada en el Consejo de Ministros, la norma se encuentra atascada en el Congreso en su fase de ponencia, paso anterior a la toma en consideración en Pleno. Lo paradójico de todo esto, lamenta Parry, es que ninguno está dispuesto a moverse en este punto de la legislatura.

Primero, porque la agenda judicial del Gobierno, marcada por nuevas imputaciones cada semana, interrumpe la agenda política. Sin ir más lejos, en apenas una semana han sido imputadas 15 personas de la SEPI y la cúpula de la Dirección de la Guardia Civil. Y a raíz de esta situación, ni el PP ni Junts están dispuestos a regalar munición al Gobierno. Desde APRI no prevén avances, al menos, hasta la vuelta del parón veraniego, en septiembre. Eso sí, siempre que los tribunales no vuelvan a sorprender al ala socialista del Ejecutivo.

115 enmiendas con puntos en común en todos los grupos

La norma contiene cerca de 115 enmiendas porque los grupos la consideran “poco ambiciosa”. Muchas de ellas tienen que ver con la necesidad de establecer un órgano supervisor. El Gobierno quiere que sea la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Óscar López, pero grupos como Sumar, PP, EH Bildu e incluso Vox abogan porque sea un órgano supervisor independiente, cada uno con sus matices.

Pero también hay diferencias sobre los grupos que deben entrar en el registro. PP y Vox quieren incluir a sindicatos, patronales, partidos políticos y otros grupos como colegios profesionales. Junts quiere restringirlo a la influencia profesional y partidos como el BNG limitarlo solo al beneficio económico. La plataforma ciudadana Civio, que lleva meses reclamando la aprobación de la ley, considera que esta última definición convierte la norma en un papel mojado. APRI también pide que sea una normal “lo suficientemente amplia para que no haya ningún tipo de coladero”.

Las agendas públicas de los diputados, otro melón en el cajón

Ya desde antes de la imputación de Zapatero, el Congreso se encontraba debatiendo un cambio en el reglamento interno de la Cámara Baja para acabar con el oscurantismo en las agendas públicas de los diputados, que se resisten a informar de sus encuentros con los grupos de interés pese a que la ley lo exige. Así lo constató un informe reciente de la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales publicado en 2025, que constató que una “minoría en ambas Cámaras” publicita sus agendas públicas.

Dentro de ese escueto grupo, es todavía más inusual que los representantes se refieran en sus anotaciones a reuniones mantenidas con asociaciones y organizaciones o con los representantes de cualquier entidad “que tenga la condición de grupo de interés conforme al artículo 6 del Código de Conducta”. En otro informe publicado por la Fundación Hay Derecho, concretó que menos del 18 % de los parlamentarios (solo 46 diputados y 64 senadores) publica sus reuniones con grupos de interés.

La reforma del Reglamento fue admitida a trámite por la Mesa el pasado 27 de mayo de 2025. Pero desde entonces, no hay rastro de debate de toma en consideración en Pleno, ni encomienda a la Comisión de Reglamento, ni designación de ponencia, ni dictamen de comisión, ni votación final.

El pasado martes parecía indicarse que el reglamento podría pisar el acelerador, ya que estaba prevista la ponencia para aprobar el informe. Sin embargo, fue desconvocada a última hora después de una jornada de alta tensión política en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció para dar explicaciones sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE y a antiguos miembros del Ejecutivo.