El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional acordó este miércoles la apertura de juicio oral contra el excomisario José Manuel Villarejo Pérez, el banco BBVA y otros doce acusados en la pieza separada del caso Tándem que investiga el espionaje ilegal contratado por la entidad financiera. El auto, dictado el 9 de julio de 2026, remite la causa a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para su enjuiciamiento.
El instructor formaliza así el paso a juicio de una causa que acumula acusaciones del Ministerio Fiscal y de más de una docena de acusaciones particulares, entre ellas las de Podemos, ADICAE, AUSBANC, El País y varios particulares que se consideran víctimas del espionaje. Los delitos que se juzgarán son, principalmente, cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y pertenencia u organización criminal.
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Villarejo, excomisario de la Policía Nacional, es el acusado con mayor exposición penal. La Fiscalía le atribuye 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos cometidos por funcionario y un delito continuado de cohecho pasivo. Varias acusaciones particulares elevan las peticiones de pena: la representación de Luis del Rivero, José Domingo de Ampuero y Vicente Benedito solicita para él hasta siete años y seis meses de prisión por cohecho pasivo continuado, en concurso medial con tres delitos de revelación de secretos, más tres años y seis meses adicionales por falsedad de documento mercantil. Otras acusaciones piden penas de entre siete y ocho años de prisión por los delitos de cohecho.
Los cargos de Francisco González (BBVA)
Francisco González Rodríguez, expresidente del BBVA, también figura entre los acusados principales. La Fiscalía le imputa cohecho activo continuado y once delitos de descubrimiento y revelación de secretos. La acusación de Suárez Jordana solicita para él seis años de prisión por revelación de secretos, siete años por cohecho activo y cinco años por promover una organización criminal, en concurso real. Julio Corrochano Peña, exjefe de seguridad del banco, afronta peticiones similares: siete años de prisión por revelación de secretos y cinco por dirigir una organización criminal, según esa misma acusación.
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Ángel Cano Fernández, exconsejero delegado de la entidad, y Rafael Redondo Rodríguez también son llamados a juicio. Para Cano, varias acusaciones solicitan ocho años de prisión por cohecho activo, cinco por revelación de secretos y tres por pertenencia a organización criminal. Redondo, considerado cooperador necesario del espionaje, afronta peticiones de hasta siete años y seis meses de prisión por cohecho y revelación de secretos.
La lista de acusados se extiende a otros exdirectivos y exagentes. Eduardo Arbizú Lostao y Eduardo Ortega Martín, ambos exdirectivos del banco, son acusados por cohecho activo continuado y una pluralidad de delitos de revelación de secretos. Antonio Béjar González, José Manuel García Crespo, Óscar Santos Touché, Joaquín Gortari Díez, Antonio Bonilla Martínez y el denominado Agente 76.738 completan el listado de personas físicas acusadas.
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BBVA comparece como persona jurídica acusada
El propio Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) comparece como persona jurídica acusada. La acusación de ADICAE pide para la entidad una multa de cinco años a razón de 5.000 euros diarios por cohecho continuado y dos años de multa al mismo tipo diario por revelación de secretos, lo que equivale a decenas de millones de euros. Adicionalmente, solicita que se le imponga la inhabilitación para obtener subvenciones, contratar con el sector público y beneficiarse de incentivos fiscales durante quince años, al amparo del artículo 33.7.f) del Código Penal. La acusación de Alfonso Solé Gil pide también multas directas al banco por ambos delitos.
Las indemnizaciones civiles reclamadas son cuantiosas. AUSBANC reclama 7.886.148 euros de forma solidaria a todos los acusados. ADICAE pide 800.000 euros. La representación de Luis del Rivero y otros dos afectados reclama 260.000 euros, con el BBVA como responsable civil subsidiario. El periodista Eduardo Inda solicita 100.000 euros por los daños sufridos, mientras que Miguel Sebastián, exministro de Industria, reclama 260.000 euros. La representación de El País pide 50.000 euros y la de José Eulogio López Escribano reclama hasta 200.000 euros.
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El auto establece que los acusados disponen de un plazo de diez días para presentar sus escritos de defensa ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El juzgado también les requiere, de forma solidaria, que presten una fianza de 1.173.333 euros en el plazo de tres días para asegurar las responsabilidades civiles que pudieran derivarse del juicio, bajo apercibimiento de embargo de bienes.
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