Así encajan los 25 nuevos imputados en la causa de Leire Díez: el mapa de cargos públicos, empresarios y directivos que dibuja la investigación

La providencia dictada por el magistrado Santiago Pedraz no se limita a poner nombre y apellidos a 25 nuevos investigados. También permite dibujar el mapa de una presunta red de influencias que, según la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, habría tejido durante años una serie de conexiones entre altos cargos de empresas públicas, directivos de compañías privadas y responsables de la SEPI para intervenir en contratos, operaciones empresariales y ayudas públicas.

Aunque el foco mediático se ha situado sobre Leire Díez, la exmilitante socialista no figura entre los 25 investigados que incorpora esta resolución porque ya estaba siendo investigada en la causa. Sin embargo, prácticamente todos los nombres que aparecen en el auto mantienen algún tipo de relación con ella o con el denominado grupo “Hirurok”, integrado, según la investigación, por la propia Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y el empresario Antxon Alonso Egurrola. A partir de ese núcleo, la investigación despliega una estructura que se extiende por organismos públicos y empresas estratégicas del Estado.

De la SEPI a Mercasa: el círculo de los altos cargos públicos

El mayor grupo de investigados procede de la SEPI. No es casualidad. La sociedad estatal aparece como el punto de conexión de varias de las operaciones que analiza la Audiencia Nacional y concentra a algunos de los perfiles con mayor peso dentro del procedimiento.

La principal referencia es Belén Gualda González, presidenta de la SEPI desde 2022. La investigación la sitúa en el centro de las decisiones relacionadas con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), especialmente por su participación en la tramitación del rescate de Tubos Reunidos. Los investigadores sostienen que su posición dentro del holding público la convertía en una pieza clave para desbloquear expedientes y autorizaciones.

A su alrededor aparece el resto de la cúpula técnica. Julián Mateos Aparicio dirigía precisamente el FASEE, el instrumento encargado de analizar las ayudas públicas a empresas estratégicas. Según la investigación, fue uno de los responsables que informaron favorablemente sobre el préstamo concedido a Tubos Reunidos.

El organigrama continúa con Miguel Ángel Santiago Mesa, director corporativo de la SEPI, considerado uno de los máximos responsables de la gestión interna del grupo estatal. Bajo su estructura trabajaban Rosario Martín Manzanedo, vinculada a la evaluación de proyectos, y Félix Azcona Lacarra, director de Gestión Interna. Todos ellos aparecen relacionados porque participaron, desde distintos niveles de responsabilidad, en expedientes que ahora están siendo revisados por la Justicia.

Más que una sucesión de nombres, el auto dibuja un mismo bloque administrativo. Todos compartían responsabilidades dentro del principal holding público empresarial del Estado y todos aparecen vinculados a decisiones sobre ayudas, contratos o procesos de evaluación que forman parte de la investigación.

ENUSA, Acciona y los contactos con Leire Díez

Otro de los escenarios clave es ENUSA. Allí coinciden varios de los investigados que, además, compartieron etapa profesional con Leire Díez, que ejerció como directora de Comunicación de la empresa pública entre 2018 y 2021.

Al frente de la compañía se encontraba entonces José Vicente Berlanga Arona, presidente de ENUSA durante ese periodo. Según el escrito de la Fiscalía, Berlanga habría mantenido reuniones y conversaciones con integrantes del grupo Hirurok en el marco de una operación relacionada con la venta de activos de la empresa pública y el interés mostrado por Acciona en hacerse con determinadas participaciones vinculadas a la gestión de residuos.

Su principal colaboradora era Rosario Arévalo Sández, directora corporativa de ENUSA. El auto la sitúa igualmente en esas conversaciones y la vincula a los contactos mantenidos con los integrantes del grupo investigado mientras se preparaban distintas operaciones empresariales.

La pieza privada de esa misma operación la representa Francisco Javier López Buciega, entonces directivo de Acciona Servicios Urbanos. La investigación sostiene que actuó como interlocutor de la compañía durante las negociaciones con el grupo formado por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso para facilitar la adquisición de determinados activos de ENUSA.

En esa misma rama aparece también Juan Antonio Carrillo Donaire, catedrático de Derecho Administrativo. Su papel no está relacionado con la gestión empresarial, sino con la elaboración de un dictamen jurídico que, según la UCO, habría servido para dar cobertura legal a una de las operaciones proyectadas. El auto incorpora incluso conversaciones en las que se alude expresamente a la conveniencia de recurrir a ese informe para sustentar el procedimiento.

Mercasa y el contrato que centra otra de las investigaciones

Mercasa constituye otro de los grandes bloques del procedimiento. La Fiscalía pone el foco sobre José Ramón Sempere Vera, presidente de la empresa pública entre 2018 y 2024, y sobre quien fue su número dos, María Teresa Castillo Pasalodos.

La investigación sostiene que ambos aparecen relacionados con la adjudicación de contratos a Servinabar 2000, una de las sociedades que la UCO considera vinculadas al grupo Hirurok. El auto recoge reuniones, mensajes intercambiados mediante la aplicación Threema, correos electrónicos y documentos internos que describen cómo se habría preparado un informe técnico destinado a justificar el traslado de la sede de Mercasa y abrir la puerta a nuevas operaciones inmobiliarias.

Según la documentación incorporada a la causa, Castillo habría mantenido reuniones con Antxon Alonso y Leire Díez para abordar el proyecto, mientras Sempere aparece citado en varias conversaciones sobre la evolución de los contratos y las decisiones que debía adoptar la empresa pública.

Tubos Reunidos y el rescate de 112,9 millones

Si existe una operación que vertebra buena parte de la investigación, es el rescate de Tubos Reunidos. La ayuda pública, aprobada a través del FASEE, es uno de los expedientes sobre los que la Guardia Civil centra una parte importante de sus pesquisas. Los principales investigados de esta rama son Francisco Irazusta Rodríguez, expresidente de la compañía; Jesús Pérez Rodríguez Urrutia, exresponsable financiero, y Carlos López de las Heras, también antiguo directivo del grupo industrial.

La investigación sostiene que Irazusta mantuvo contactos directos con Leire Díez y con Vicente Fernández durante la tramitación del rescate y analiza diversas comunicaciones y pagos que, según la UCO, podrían estar relacionados con la aceleración del expediente. Urrutia y López de las Heras completan el núcleo directivo de Tubos Reunidos que figura en la resolución judicial.

En esta misma línea aparece Miguel Ángel Figueroa Teva, exinterventor general de la Junta de Andalucía. Su nombre figura por los contactos que, según la investigación, mantuvo con Vicente Fernández en relación con esa operación.

Forestalia y el resto de investigados

El auto incorpora además a varios empresarios vinculados a Forestalia: Fernando Samper Rivas, Roberto Pérez Águeda, Eduardo Pérez Águeda y Carmelo Aznárez Pellicer. Este último adquiere especial relevancia porque figura como administrador de Mediaciones Martínez, una de las sociedades que, según la Fiscalía, habría servido para canalizar parte de los fondos investigados.

La relación de investigados se completa con Mikel Arrarás Abejón, Fernando Albert Aragón, María de la Concepción Ortiz Fuerte, Antonio José Sánchez Campos, Marcos López Domingo y Juan Ignacio Fernández-Micheltorena. En algunos casos, la providencia únicamente acuerda dirigir el procedimiento contra ellos al apreciar indicios suficientes para tomarles declaración como investigados, mientras que el desarrollo de las diligencias será el que concrete el alcance de la participación que la Fiscalía atribuye a cada uno.

Más allá de los nombres, el auto deja una idea clara: los investigados no forman un grupo homogéneo. Algunos compartían despacho en la SEPI; otros coincidieron en empresas públicas como ENUSA o Mercasa; otros procedían del sector privado, como Acciona, Tubos Reunidos o Forestalia. Lo que, según la Fiscalía Anticorrupción, los conecta no es haber trabajado juntos, sino haber coincidido en distintas operaciones que los investigadores sitúan bajo la influencia del denominado grupo Hirurok, el núcleo desde el que, presuntamente, se articulaban los contactos entre la Administración y determinadas empresas privadas.