Plus Ultra puede acabar en manos del Estado si no devuelve los 53 millones del préstamo por el que está investigado Zapatero

Plus Ultra negocia con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) una ampliación del plazo para devolver parte del rescate público de 53 millones de euros que recibió durante la pandemia, según ha publicado CincoDías. La aerolínea no pudo afrontar en marzo el vencimiento del primer tramo, correspondiente a un préstamo ordinario de 19 millones, y dejó en garantía el 51% de sus acciones para recibir la financiación.

Esa participación mayoritaria está comprometida a favor de la SEPI hasta que se devuelvan los créditos. Si la compañía incumple sus obligaciones y el organismo público ejecuta la garantía, el Estado podría hacerse con el control de la aerolínea. No se trata, por tanto, de una entrada automática en el capital, sino de una posibilidad ligada al impago del rescate y a las condiciones pactadas cuando se concedió la ayuda.

La financiación aprobada en 2021 se dividió en dos partes: un préstamo ordinario de 19 millones, cuyo vencimiento estaba previsto para marzo de 2026, y un préstamo participativo de 34 millones, que debe reintegrarse en marzo de 2028. La compañía busca ahora un nuevo calendario de amortización que le permita devolver el dinero público sin que se active la garantía sobre sus acciones.

Por qué Plus Ultra pide más tiempo para devolver el rescate

Según CincoDías, la aerolínea atribuye la imposibilidad de afrontar el primer vencimiento al impacto económico del cierre del espacio aéreo en Venezuela a comienzos de año y al posterior encarecimiento del combustible por la crisis en Oriente Próximo. Hasta ahora, la compañía ha abonado 12 millones de euros en intereses a la SEPI, de acuerdo con el citado medio.

La renegociación se apoya en el propio marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), creado durante la pandemia para auxiliar a compañías consideradas estratégicas. Su normativa permite modificar los plazos de amortización para favorecer la recuperación de los créditos, una vía a la que ya recurrieron Air Nostrum y Volotea en 2024.

Un rescate polémico y bajo investigación judicial

El rescate de Plus Ultra fue aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2021 dentro del FASEE, gestionado por la SEPI. La ayuda fue una de las menores concedidas por este fondo, pero se convirtió en una de las más controvertidas por el tamaño de la compañía, su limitada cuota de mercado y el debate político sobre su carácter estratégico. En aquel momento, el Gobierno justificó la operación por su papel en el transporte aéreo de larga distancia y sus conexiones con Latinoamérica, especialmente con Venezuela.

La financiación pública también impuso restricciones a la aerolínea, como la prohibición de repartir dividendos, abonar retribuciones variables a la dirección o ejecutar determinados planes de expansión sin control mientras siga vigente la ayuda. Según CincoDías, en los cinco años transcurridos desde la concesión del rescate, Plus Ultra ha pasado de cuatro a siete aviones y ha elevado su plantilla de 345 a 700 trabajadores.

La ayuda está ahora bajo investigación en la Audiencia Nacional, donde se analiza la supuesta intermediación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la concesión del rescate. Zapatero, citado como investigado, ha negado haber influido en la operación. La causa sigue abierta y no existe una resolución judicial que acredite irregularidades en la concesión de los fondos.