Feijóo no es el único que mezcla bajas laborales con absentismo: Rajoy recortó en 2012 el salario de los funcionarios durante su permiso de incapacidad temporal

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, planteó como solución al absentismo laboral que las personas que estén de baja cobrasen menos. En un encuentro con empresarios en País Vasco, el líder de la oposición apuntó que el absentismo es un “cáncer” que cuesta más de 30.000 millones de euros al año, en un momento en el que la Seguridad Social arrastra un déficit de alrededor de 70.000 millones de euros. Cada día, añadió el líder de la oposición, alrededor de 1.160.000 no acudían a trabajar cada día, en un contexto en el que las bajas laborales se han multiplicado por 10 en la última década.

Para acabar con el fraude en este tipo de permisos, Feijóo prometió que aprobaría “con o sin el acuerdo con los sindicatos” una ley para suprimir los complementos salariales durante el periodo de incapacidad. El presidente del PP recordó que esto fue un asunto que ya abordó cuando fue el máximo responsable de la sanidad española en los años 90, “en el Insalud”, que él describió como “una fábrica de bajas” porque era “muy difícil que un médico no le dé la baja a un colega o que una enfermera no le dé la baja a un médico”. “Todo lo que supere un 4-5% de absentismo tiene un enorme porcentaje de fraude”, apuntó. El líder del PP se alineó así con el mensaje que traslada la patronal, que lleva meses denunciando que las bajas médicas son un “lastre definitivo” para la productividad.

Los sindicatos han reaccionado acusando al líder del PP de mezclar churras con merinas "con el objetivo de desprestigiar al sistema de salud pública". Y así se lo ha recordado el representante de CCOO, Pepe Álvarez, quien ha precisado que “el absentismo conlleva sanciones, porque no tiene justificación”. “Meter en el mismo saco las bajas laborales, permisos y licencias es un disparate”, ha afirmado.

El hachazo de Rajoy a los funcionarios

Feijóo no ha sido el único que ha planteado la fórmula de recortar las bajas médicas para poner coto al absentismo laboral. El antecedente está en el gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Poco después de meter el primer hachazo a los funcionarios con el recorte de la paga extra de Navidad —que buscó ahorrar 4.000 millones de euros—, el entonces jefe del Ejecutivo aprobó un decreto ley que golpeaba a los complementos en las prestaciones por incapacidad temporal.

La medida planteaba que los trabajadores públicos dejasen de cobrar el salario íntegro durante la baja y pasaran al mismo régimen que el sector privado. Así, si la baja era por enfermedad común o accidente no laboral, el trabajador podía percibir, como máximo, el 60% de su sueldo habitual entre el cuarto día y el vigésimo y del 75% a partir del vigésimo primero. Cabe matizar que, si la baja era por accidente de trabajo o enfermedad profesional, el trabajador sí cobraría el 100% de su sueldo desde el primer día de la baja.

Una reforma laboral para hacer más fácil y barato el despido

Este recorte se enmarcó dentro de una reforma laboral “agresiva” —así lo tildó entonces el ministro de Economía, Luis de Guindos— que consiguió además que despedir fuera más fácil y barato, en plena crisis. Y para conseguir ello redujo la indemnización por despido procedente a los 20 días por año, con un máximo de 12 meses; y de 45 a 33 días de salario, con un máximo de 24 mensualidades. En el caso de los despidos improcedentes.

El paquete de medidas incorporadas en aquella reforma tuvo que ver también con la ampliación de las causas de despido objetivo, incluyendo así la encadenación de ausencias justificadas, pero intermitentes, “que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses”.

Este cambio no introdujo los despidos por bajas médicas, pero sí las facilitó porque las amparaba bajo el supuesto de la acumulación y la intermitencia. Una de las primeras medidas del Ministerio de Trabajo durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez fue derogar precisamente esta ley, por lo que desde 2020 se considera como un despido improcedente.