Cuenta atrás para el cierre de los chiringuitos de Puerto Sherry, en Cádiz: un tribunal ordena que cesen la actividad en la medianoche de este domingo

Los cuatro chiringuitos que hay en el Puerto de Sherry, en Cádiz, deben bajar la persiana sí o sí este domingo. El Tribunal de Instancia de la ciudad rechazó este jueves la última medida cautelar presentada por los locales para evitar su cierre, por lo que no les deja opción: deben cesar su actividad en la medianoche de este domingo 6 de julio.

Son varios los motivos que han llevado a la magistrada Miriam Solano Martín a tomar esta decisión, pero el principal es el vencimiento de la concesión administrativa otorgada en 2023 por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, cuya prórroga fue denegada por falta de cobertura legal. El Ayuntamiento, a su vez, fijó el 5 de julio como fecha límite de la autorización municipal mediante un decreto.

Tras un largo camino judicial, la magistrada desestimó la medida cautelarísima solicitada por los empresarios al concluir que la suspensión de los decretos municipales impugnados no prolongaría en ningún caso la autorización de la actividad más allá del 5 de julio. La resolución no admite recurso.

La autorización inicial expira este sábado

El auto analiza la petición presentada por Beauty Beach S.L., empresa gestora del establecimiento Margarita, y concluye que la autorización inicial otorgada por el Ayuntamiento ya había expirado el 5 de julio por un decreto municipal dictado el pasado 29 de marzo, resolución que la empresa no recurrió y que, por tanto, adquirió firmeza. La magistrada fue categórica al señalar que suspender ese decreto “no provocará que por arte de magia la autorización de bar kiosco se extienda más allá del día 5 de julio”, según ha informado el medio local el Diario de Cádiz.

La resolución también examinó el decreto municipal que rechazó la solicitud conjunta presentada por las mercantiles Beauty Beach S.L. (Margarita), Enjoy Sherry S.L. (PhiPhi) y Pentágono Escaleno S.L. (Blue Playa Canalla) para mantener la actividad entre el 5 de julio y el 13 de septiembre. El juzgado determinó que acceder a esa petición equivaldría a sustituir la decisión de la administración y conceder de forma cautelar una autorización que nunca llegó a otorgarse. El Ayuntamiento fundamentó esa inadmisión en la ausencia de autorización de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) para ocupar el dominio público portuario durante el periodo solicitado.

Una petición sin amparo jurídico

La APBC ya había rechazado en mayo la prórroga de la concesión al considerar que la petición carecía de amparo jurídico, decisión ratificada por unanimidad en el Consejo de Administración, explica el citado diario. La autorización original, concedida en marzo de 2023 y válida por tres años, permitía explotar los espacios como bares-kiosco únicamente entre abril y septiembre, sin autorización para ofrecer música. Una vez vencido ese plazo, la concesionaria solicitó una prórroga para mantener la actividad mientras tramitaba un nuevo proyecto de negocio, petición que la APBC desestimó por falta de cobertura legal, con el respaldo de un informe de la Abogacía del Estado.

El recurso ante los tribunales era la última vía disponible para los empresarios tras el agotamiento de todas las instancias administrativas. La patronal Horeca advirtió que la medida ya ha generado cancelaciones de reservas en El Puerto de Santa María y que, según los propios empresarios, al menos 300 trabajadores perderán su empleo durante la temporada estival.

Quejas de los vecinos y de hoteles

Los establecimientos habían acumulado una larga historia de controversia, con quejas de vecinos, usuarios del puerto deportivo y clientes de hoteles cercanos por el ruido y la suciedad. Ecologistas en Acción presentó una denuncia por presuntas irregularidades en las licencias, que la Fiscalía admitió a trámite y trasladó al juzgado de El Puerto de Santa María al apreciar posibles indicios de un delito de prevaricación.

Detenciones por narcotráfico

Al cierre judicial se suma la detención del empresario Pascual Llopis, propietario del chiringuito Margarita, en el marco de una operación de la Guardia Civil contra una presunta red de blanqueo de capitales vinculada al narcotráfico, según publicó El País. La operación, desarrollada el pasado miércoles, culminó con 11 detenidos, entre ellos el hijo y la esposa de Llopis, y con el registro de varios de sus negocios en El Puerto, incluida la discoteca Banana y el propio chiringuito Margarita. Los agentes intervinieron 1,2 millones de euros en efectivo solo en los establecimientos y oficinas del empresario, de un total de 1,8 millones recuperados en distintos registros entre Cádiz y Sevilla.

La investigación, iniciada en 2023 y declarada bajo secreto de sumario, también alcanzó a la Diputación Provincial de Cádiz y a la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, a las que se solicitaron expedientes de contratos de patrocinio vinculados al festival Puro Latino, promovido por Llopis. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aclaró que el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, del Partido Popular (PP), no figura como investigado.