Orden de búsqueda y captura contra Vito Quiles: la Policía acude a la sede de la televisión en la que trabaja para detenerle, pero no logra localizarle

La Policía se ha personado este miércoles en la sede de EDA TV, el canal de televisión online en el que trabaja Vito Quiles para ejecutar una orden de búsqueda y captura dictada por un juez. Sin embargo, los agentes no pudieron practicar la detención porque el comunicador no se encontraba en las instalaciones del medio, ubicadas en la calle Lagasca de Madrid.

Fuentes conocedoras de la situación explican a El País que Quiles desarrolla la mayor parte de su actividad fuera de la redacción, cubriendo actos y realizando intervenciones en la calle, por lo que no estaba presente cuando los policías acudieron a la sede de la empresa. De momento, se desconoce cuál de las distintas causas judiciales abiertas contra él ha motivado la orden de detención.

Ha sido el propio Quiles quien ha hecho pública la actuación policial a través de su perfil en la red social X, aunque sin identificar el procedimiento del que deriva la medida. “Un juez ha ordenado detenerme tras una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez tras mi encuentro con Begoña Gómez. El Gobierno utiliza la justicia para perseguir a sus rivales sin motivo, pero luego se victimizan cuando juzgan su corrupción. Ni un paso atrás”, ha escrito.

Su abogado, Juan Gonzalo Ospina, ha confirmado los hechos y ha calificado la actuación de “desproporcionada”. En declaraciones a El País, el letrado ha asegurado desconocer cuál de las “cinco causas” que afectan a su cliente ha dado lugar a la orden de búsqueda y captura. A su juicio, la comunicación podría haberse realizado directamente al investigado, a su procurador o incluso en su domicilio, en lugar de acudir a la sede de la empresa para la que trabaja.

Varias investigaciones abiertas

La incógnita sobre el origen de la orden de detención se produce en un momento en el que Quiles está inmerso en varios procedimientos judiciales. Uno de ellos corresponde a un presunto delito de odio por unos hechos ocurridos en 2024 durante una protesta contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La causa se refiere a un enfrentamiento con una persona con discapacidad que participaba en esa concentración y la Fiscalía solicita para Quiles dos años de prisión, además de cinco años de inhabilitación para ejercer el periodismo.

También está procesado por un presunto delito de revelación de secretos y acoso contra la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. La investigación se abrió después de que difundiera en redes sociales la dirección de su domicilio y fotografías del inmueble pocos días después del apagón del 28 de abril de 2025. El procedimiento se sigue en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid —antiguo Juzgado de Instrucción número 23—, donde Quiles declaró el pasado 7 de abril.

Otra de las causas se tramita en el Tribunal de Instancia de Sevilla por un presunto delito de injurias y calumnias contra el secretario general de Facua, Rubén Sánchez. La acusación particular sostiene que el comunicador difundió mensajes constitutivos de tres delitos continuados de calumnias, con el agravante de odio ideológico, en concurso con dos delitos de injurias con publicidad. En ese procedimiento se reclaman nueve años de prisión, una indemnización de 60.000 euros y la inhabilitación para desarrollar cualquier actividad vinculada al periodismo durante ese mismo periodo. Además, se solicita que, en caso de condena, publique un vídeo tanto en sus redes sociales como en EDA TV dando lectura al fallo judicial.

Tras conocerse la actuación policial de este miércoles, Rubén Sánchez ha asegurado también en X que la orden de búsqueda y captura no guarda relación con la causa que mantiene contra Quiles.

Dos archivos recientes y la sanción del Congreso

En paralelo a esas investigaciones, en las últimas semanas los tribunales también han archivado dos procedimientos abiertos contra el creador de contenido. El pasado 21 de mayo, un juzgado de Majadahonda acordó el archivo de la denuncia presentada por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por un supuesto episodio de acoso ocurrido en un restaurante. La resolución concluyó, tras examinar las imágenes aportadas, que no quedaba acreditado que Quiles hubiera zarandeado a la denunciante ni que la hubiera rodeado con el brazo.

Pocos días antes, el 8 de mayo, el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid archivó igualmente la denuncia presentada por la analista política Sarah Santaolalla por presuntos delitos de acoso y lesiones a las puertas del Senado. La magistrada fundamentó su decisión en el visionado íntegro de las cámaras de seguridad del Senado, en las que, según la resolución, no se apreciaba ninguna agresión por parte del investigado.

Al margen de los procedimientos penales, Quiles también fue sancionado por el Congreso de los Diputados el pasado mes de mayo. La Mesa de la Cámara acordó retirarle durante tres meses la acreditación de prensa después de que grabara y difundiera imágenes del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una zona donde no estaba permitido registrar imágenes.

Por ahora, ni la Policía ni la autoridad judicial han precisado cuál de todos esos procedimientos ha dado lugar a la orden de búsqueda y captura que este miércoles llevó a los agentes hasta la sede de EDA TV para tratar de localizar a Vito Quiles.